Por Álvaro Delgado
“¡Repudio total al fraude electoral!” no es sólo la consigna de ciudadanos burlados, sino una definición política y sobre todo ética, que nunca ha perdido su vigencia en México, pero que hoy es más actual que nunca.
Una tras otra, haciendo una lista interminable, se acumulan las evidencias de las trampas urdidas y materializadas por Enrique Peña Nieto y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México y Coahuila. Tan grave es el fraude electoral en una y en otra entidad, que deben anularse las dos.
¿Por qué? Porque los recuentos distritales en curso, de los que el Partido Acción Nacional (PAN) ya se retiró en Coahuila, sólo muestran una parte de los operativos de adulteración de la voluntad popular planificados aun antes del inicio del proceso electoral y las campañas que, en el caso del Estado de México, tuvo a Rosario Robles como la mapache mayor, sólo detrás de Peña.
El fraude electoral se comete no sólo en las urnas –como claramente se está acreditando con el recuento en la quinta parte de las casillas electorales del Estado de México, que hace caer a Alfredo del Mazo–, sino antes y durante el proceso, cuando desde el despacho presidencial se usan los recursos humanos, tecnológicos, materiales y económicos para torcer la voluntad popular.
Y no hay que soslayarlo: Lo visto en Coahuila y el Estado de México es el ensayo de lo que traman hacer Peña y el PRI en las elecciones federales del próximo año, en las que tratarán de volver a imponerse si no hay, desde ahora, una respuesta contundente de la ciudadanía, y naturalmente los partidos, para neutralizar ese proyecto.
“¡Repudio total al fraude electoral!” fue la consigna y acción que, desde los ochenta, se instaló en la sociedad ante las cotidianas maniobras para torcer los resultados electorales en el país y que, ahora, la dirigencia y la militancia del PAN deben retomar, aunque la exigencia de limpieza electoral es una causa a la que todos los mexicanos deben sumarse, salvo que sean cómplices.
El repudio al fraude electoral es, naturalmente, contra quienes lo ejercen en cualquier partido y gobierno. Y si, como el PRI denunció, el PAN también orquestó una masiva compra de votos en Coahuila, entonces que se proceda.
Difícilmente se anulará la elección en Coahuila y en el Estado de México, aunque la cercanía de Ricardo Anaya con Peña, de la que mucho se sabe en el PAN, hace más posible la primera entidad que la segunda. Ya se verá si a la demanda legítima se le cruzan las ambiciones personales.
Hay que subrayarlo: El principio básico de la democracia electoral, un ciudadano igual a un voto emitido en condiciones de libertad, jamás se ha arraigado en México, ni siquiera en el viejo Instituto Federal Electoral (IFE) encabezado por José Woldenberg que, como en la alternancia en el 2000, el resultado cubrió las porquerías.
Y el Instituto Nacional Electoral (INE), invención por cierto del PAN, es ya un fiasco: Ni arrebató el poder de los gobernadores en los órganos electorales locales, que en Coahuila y el Estado de México actúan como funcionarios del gobierno, ni logró controlar y fiscalizar los vastos recursos legales e ilegales que dominan la política.
El repudio total al fraude electoral implica, de ahora, impedir más maniobras del PRI que se sustenta en el hambre, la ignorancia y el crimen.
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Fuente: Proceso
