Por Luis Javier Valero Flores
Quisimos desentendernos de la designación de los 13 magistrados faltantes en el Supremo Tribunal de Justicia (STJ). Imposible, este proceso es ya el emblemático de la actual legislatura. Ratificó, en dimensiones poco vistas, la plena subordinación al titular del Poder Ejecutivo en una nueva modalidad: Ahora vino signada por todos los partidos políticos acreditados en el Congreso del Estado.
Confirmó, además, lo que era un creciente rumor en los tendederos políticos: El Gobernador Duarte no tiene oposición político-partidaria. Lo ha logrado con el peor de los métodos: El reparto de las cuotas en los espacios del ¿poder? ¿O simplemente en la función pública?
Esa designación vino como resultado de la reforma judicial -ya lo comentamos en colaboración previa- aprobada por el Congreso del Estado, pero cuyos resultados superaron los peores pronósticos, pues si bien en los procesos anteriores también estaban cargados de una inmensa subordinación al gobernante en turno, por lo menos existían algunos mecanismos plasmados en la ley que permitían albergar esperanzas de contar, algún día, con un Poder Judicial independiente -no enfrentado necesariamente al gobernante- y, por tanto, en una mejor administración de la justicia.
Lo realizado por el Congreso del Estado es de una extrema gravedad. Le permitieron a un muy elevado número de personajes cercanos al titular del Poder Ejecutivo arribar al Poder Judicial.
Podrán argüir lo que deseen, el hecho es que en esa tesitura se encuentran los ahora magistrados César Ramírez, ex titular del Registro Civil; Jorge Ramírez, encargado de la implementación (sic) del nuevo sistema de justicia penal y otrora perdedor candidato a la alcaldía de Cuauhtémoc; Gabriel Sepúlveda, ex aspirante a la alcaldía de Parral, ex diputado local; el ex delegado de Profeco, Filiberto Terrazas y Alfredo Fierro Beltrán, de la Barra de Abogados, “con estrechos círculos en Palacio y la UACh” (De los reporteros, El Diario de Juárez, 15/XI/14), por aquello de ser el esposo de la Directora de la Facultad de Contaduría, Liliana Alvarez, ex Secretaria de la Contraloría del Gobierno de Chihuahua y a quien propios y extraños señalan como la favorita de Palacio para acceder a la rectoría de la Uach.
Por su parte, y seguramente por la previsible molestia que generaría al interior del Poder Judicial una conducta distinta, 6 de los elegidos provienen del “interior”, con mayor o menor aprobación de la comunidad jurídica.
Pero lo que vino a explicarnos la “inexplicable” presencia del Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, César Jáuregui, en aquella reunión celebrada en los patios de Palacio de Gobierno en el que el Gobernador Duarte anunció la transformación de su gobierno, por uno abierto a la ciudadanía en el que la transparencia sería su sello característico, fue la designación de dos militantes de este partido, Rafael Quintana y Luis Villegas, quienes, al igual que sus ahora colegas emanados directamente de las filas del PRI, no tienen antecedentes de los establecidos por la Constitución General de la República para acceder a esos cargos, en lo que es a todas luces la cuota cobrada por el PAN para la aprobación de semejante lista.
¿Y los otros partidos qué recibieron?
Jáuregui afirmó en el curso de aquel evento -Reformándonos para el futuro- que era el “más importante de la actual administración” desde el ámbito político porque, dijo, “está por concretarse la Reforma Política de la cual tanto se ha hablado, modificación que representa una de las más grandes oportunidades históricas de transformar el destino de Chihuahua”, y casi condicionó su presencia en el evento al agradecerle al Gobernador Duarte la convocatoria porque “lleva implícita la necesidad de transformar las instituciones públicas…”.
Lo que ahora presenciamos viene a explicarnos, también, el muy sospechoso silencio del dirigente estatal del PAN, Mario Vázquez, al momento de pedirle los motivos por los cuales su dirigencia y la coordinación parlamentaria le daban a la actual administración estatal, en aquel momento, una especie de salvoconducto, justamente cuando crecían las manifestaciones de críticas hacia la administración estatal.
Y muy probablemente nos explique el tibio discurso de la diputada blanquiazul, María Eugenia Campos, en el acto de la presentación del IV Informe del Gobernador Duarte.
De ahí la virulencia de lo publicado, en su página de Facebook, por el ex candidato a la dirigencia estatal, Héctor Ortiz, perdedor frente a Vázquez.
Al deplorar la designación del asesor parlamentario Luis Villegas, como titular de la sala Séptima de lo Civil, recordó de qué modo fue vilipendiado por éste en la campaña electoral de la dirigencia estatal, en la que ocuparon lugar central las acusaciones de Villegas por la supuesta o real cercanía política de Ortiz con el gobierno estatal, cuando ocupó la coordinación parlamentaria panista en la anterior legislatura.
Para ubicar mejor los hechos, sólo recordemos que el nombramiento del coordinador parlamentario, en el PAN, es facultad exclusiva del presidente estatal, en este caso, Mario Vázquez.
Entre otras cosas, esto le dijo Ortiz a Villegas: “… es preciso señalar que uno de los críticos más acérrimos a mi persona lo fue el Lic. Luis Villegas Montes, hoy Magistrado del Poder Judicial, de la mano del PRI y sin lugar a dudas con la aprobación del Gobernador del Estado. Dentro de sus múltiples descalificaciones, verdades a medias y distorsionando mi labor legislativa respecto de la deuda, hizo una serie de señalamientos dentro de los cuales solo transcribo uno y cito textual: -¿Sí o no le tiene que estar agradecido el Gobernador del Estado, César Duarte Jáquez, a este “panista”? ¿Sí o no querrá que llegue a la Presidencia del PAN estatal? ¿Cuánto cree que “costó” este “apoyo”?”.
… Apenas seis meses después en complicidad con Jáuregui Moreno y Vázquez Robles, se prestan al entreguismo y nulificación del Poder Judicial en el Estado de Chihuahua, hoy el panista “puro” quien apenas hace un año estaba fuera del PAN, el que sintiéndose Dios calificaba y descalificaba sin el más mínimo respeto a la dignidad humana, es Magistrado del Poder Judicial, sin carrera en ese Poder,… hoy el poder legislativo ha dejado como precedente uno de los episodios políticos más vergonzosos en la historia del Poder Legislativo en nuestro Estado.
¿Dónde está la gran oposición que se ofreció al panismo de chihuahuense?, ¿Cómo se puede justificar la complicidad y maridaje del PAN con el poder?
Frente a este actuar obsequioso e incongruente de la dirigencia estatal y su Grupo Parlamentario los panistas debemos alzar la voz y exigir enderezar el rumbo que nunca debimos perder y evitar prestarnos a esto que hoy nos muestra el chambismo que existe en Acción Nacional…”.
La inconformidad tiene bases legales ¿Habrá alguno -ya sabemos que los magistrados jubilados al vapor no lo hicieron- de los marginados en este proceso que pueda presentar una controversia y clarificar si lo realizado por el Congreso del Estado es legal?
Porque lo establecido en la Constitución Política de México es clarísimo (Art. 116): “Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.
Más aún, establece que los magistrados de los estados deberán “Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello”. ¡Ah, po’s la reforma de Chihuahua sólo les exige 5 años de antigüedad! ¡Qué importa!
La elección de los magistrados concluyó una cuestionable etapa previa, la de la designación de Gabriel Sepúlveda como Secretario General (luego de no verse beneficiado con la candidatura a la alcaldía de Parral) a pesar de no contar con un año, al menos, de haber terminado su encargo como diputado local.
Así lo plantea el texto constitucional: “… No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación”, pues, dice la Ley Orgánica del Poder Judicial de Chihuahua (Art. 72) que el “El Secretario General deberá satisfacer, para su designación, los mismos requisitos que exigen las leyes para ser magistrado, con excepción de la edad mínima, que será de veinticinco años”.
Lo que es una contradicción pues a esa edad ¿Cómo es posible que su título tenga una antigüedad de 10 años.
Casi al mismo tiempo, lo que evidenció una total sincronización en la toma de decisiones, el secretario del ayuntamiento de la capital, Fernando Mendoza, fue sustituido por Santiago de la Peña, pero instantes después -por unanimidad- fue designado por el Pleno del STJ como su Secretario General.
¿Cómo podríamos encuadrar las actividades profesionales de Mendoza -más allá de sus capacidades y experiencia en el sector público- dentro de lo señalado por los textos constitucionales? De “antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”, si se ha desempeñado como diputado local, secretario del ayuntamiento y antes de estos dos cargos, como dirigente municipal de su partido; en el gobierno de Patricio Martínez como secretario del Secretario Particular del Gobernador, y luego en distintos cargos en el de Reyes Baeza, lo que denota una intensa carrera política, de ninguna manera ligada a la tarea que hoy le asignaron, reservada para un profundo conocedor de todas las materias del Derecho.
¿Cuál es el mensaje que se envía a una sociedad ahíta de justicia y harta de las componendas de los hombres del poder y de la abierta impunidad prevaleciente en la entidad?
Uno muy negativo.
