La jueza Katherine Polk, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ha dado a la Fiscalía de Estados Unidos un plazo de dos meses para que procese las pruebas que ha recabado contra el general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya. Las partes comparecerán de nuevo el 4 de agosto, ha ordenado la jueza, que ha afirmado que la evidencia en contra de Mérida y otros coacusados es “mucha”, de acuerdo con corresponsales que estuvieron presentes en la audiencia inicial que ha atendido el general este lunes. La defensa de Mérida Sánchez, encabezada por la exfiscal Sarah Krissoff, podrá revisar las pruebas para preparar sus alegatos.
La Fiscalía de Estados Unidos ha acusado al gobernador Rocha, hoy con licencia, y a miembros de su gabinete de haberse coludido con el Cartel de Sinaloa para proteger sus negocios a cambio de sobornos. La acusación provocó un terremoto político en México y ha dado armas a la menguada oposición contra el oficialismo (Rocha es un militante del partido oficialista, Morena). La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha sostenido que Washington no presentó pruebas suficientes como para que Rocha y los coacusados sean detenidos y extraditados, como ha solicitado ese país.
Sin embargo, mientras el oficialismo abogaba por Rocha desde México y resistía las presiones de Estados Unidos, el general Mérida, que fue secretario de Seguridad de Sinaloa entre 2023 y 2024, se entregó voluntariamente con las autoridades del país del norte a mediados de mayo. En su primera comparecencia, el 15 de mayo, Mérida se declaró no culpable de las acusaciones de conspiración para traficar drogas y posesión de armas ilícitas, según se desprende de documentos judiciales.
Las crónicas de la audiencia de este lunes recogen que la jueza Polk ha señalado que espera la llegada de “oleadas” de acusados como parte de la causa contra Rocha, de acuerdo con los periodistas Ariel Moutsatsos y Arturo Ángel. Al margen de Mérida, se espera próximamente la comparecencia de Enrique Díaz Vega, que fue secretario de Finanzas en el Gobierno de Rocha y que también está en negociaciones con la justicia estadounidense.
Los reportes indican que Mérida llegó a la corte vestido con el característico traje caqui de los presos en EE UU y encadenado de pies y manos. La audiencia de este lunes duró alrededor de 20 minutos. La acusación de la Fiscalía afirma que Mérida filtraba información a Los Chapitos, facción liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, sobre operativos de las fuerzas de seguridad dirigidos contra narcolaboratorios, a fin de que los capos pudieran mover equipos y drogas con anticipación. A cambio, según el expediente, el exfuncionario recibió sobornos de más de 100.000 dólares mensuales en efectivo (sumando unos 1,7 millones de pesos).
Los cargos contra Mérida son los mismos que para Rocha y un puñado de colaboradores y excolaboradores, entre los que se cuenta al senador Enrique Inzunza y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Mendívil. El caso Rocha se ha convertido en un campo de batalla político donde el oficialismo resiste hacia dentro —contra la oposición— y hacia fuera, frente al mandatario de EE UU, Donald Trump. Este domingo, en un baño de masas, la presidenta Sheinbaum ha lanzado un duro alegato contra Washington, al que acusa de utilizar políticamente el asunto de Rocha para influir en los resultados de la elección intermedia de 2027.
