“No hay nada legal que nos obligue a que tengamos una vigilancia particular” sobre las ocho personas de Sinaloa –entre ellas el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya– que aún son requeridas por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Al señalar que Rocha Moya se encuentra en su residencia de Sinaloa bajo el resguardo de la Guardia Nacional, la mandataria explicó que, ante la orden de aprehensión de Estados Unidos, la Interpol emitió fichas rojas, por lo que si los implicados salieran de México podrían ser detenidos en otros países.
Subrayó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación, “pero no hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular sobre alguna de las otras personas” de las que se ha solicitado su extradición. De 10, dos se entregaron.
En su conferencia de prensa, afirmó no tener información respecto a si el senador Enrique Inzunza, también requerido por las autoridades estadunidenses, solicitó la protección de la Guardia Nacional.
Ratificó que los dos ex funcionarios que se entregaron en Estados Unidos lo hicieron por decisión propia. “Allá sabrán ellos por qué”, comentó, tras precisar que ninguno ha solicitado asistencia consular.
La mandataria insistió en que el sistema penal mexicano garantiza que “todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”. De manera que, “para poder detener a una persona, debe existir la orden de un juez, y para integrar una carpeta de investigación se requieren evidencias”.
Finalmente, Sheinbaum aseguró: “no se encubre a nadie. Cuando hay elementos, se procesa. Si Estados Unidos dice: ‘a esta persona la estamos investigando’, pues se investiga como parte de los procesos penales existentes en México”.
