Trata: el negocio multimillonario que México se rehúsa a ver

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No es casualidad que Tlaxcala sea considerada la capital del mundo en tráfico de personas para explotación sexual: en México la trata es un negocio altamente rentable para el crimen organizado y tolerado por gobiernos.

Por Daisy Paniagua y Georgina Baltazar

Tras la muerte de su madre, Mixi se quedó sola. A diferen­cia de sus hermanos, su padre no reclamó su patria potes­tad. A sus 13 años pernoctó varios días en la calle hasta que decidió buscar a su padrastro. Al llegar al domicilio él no estaba, pero fue recibida por una mujer joven, atractiva y amable que le prometió un hogar y el apoyo para continuar sus estudios.

Parecía que una ventana de oportunidades se abría para una adolescente con ganas de cumplir sus sueños, sentimiento que en dos meses dio paso a una sobrecarga de trabajo, al ser obligada a realizar las tareas domésticas y cuidar a los cinco hijos de Elizeth, la hija de su padrastro.

La trata con fines de explotación en sus múltiples formas se encuen­tra más cerca de lo que se cree, en el trabajo doméstico, los campos agrí­colas, las minas, las maquiladoras y los centros nocturnos de cualquier pueblo o ciudad.

Para Yuridia Álvarez Madrid, directora del Programa contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de los Derechos Huma­nos (CNDH), “la trata tiene que ver con un asunto histórico y cultural en una sociedad donde existen personas de primera, de segunda y de tercera”. Aunado a la tolerancia social, falta un sistema de informa­ción confiable que permita estimar el número de víctimas.

“La política pública requiere de un diagnóstico, estadística que no sea concentrada, sino diferenciada; entender que no es lo mismo un tipo de trata que otro o que ocurra en una ciudad fronteriza o en entidades como Tlaxcala, Chiapas o Oaxaca, en donde influye el compo­nente cultural vinculado con el rol de la mujer”, considera Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).

Múltiples causas

La situación geográfica, aunada a las condiciones sociales, la violen­cia de género, la desigualdad y las deficiencias en el entramado legal forman parte de las estructuras que soportan el delito.

Para Julieta Fernández, presi­denta de la Comisión Especial de Trata de Personas en la Cámara de Diputados, hay una aceptación generalizada de la trata: padres que venden a sus hijas como esclavas sexuales y domésticas, aparentes usos y costumbres que van en con­tra de la dignidad de las niñas.

“La explotación y la trata se han tolerado bajo la protección de algunas autoridades, sobre todo porque un número considerable de políticos, ex regidores o presidentes municipales se han asociado con los tratantes”, opina Rosi Orozco, pre­sidenta de Comisión Unidos contra la Trata de Personas.

Incluso, el dinero de la trata es muchas veces bancarizado a través de los servicios de envíos de dinero y remesas en varias tiendas o bancos que ofrecen el servicio, pues existe una regula­ción muy ligera.

Ni tu mente es libre

A los pocos meses de haber sido enganchada, las respon­sabilidades de Mixi se extendieron a responder cinco líneas telefónicas y agendar citas, a través de las cua­les Elizeth, la hija de su padrastro, operaba un servicio de prostitución vip que se anunciaba en periódicos.

Luego de dos años de explota­ción laboral y violencia, Elizeth le dijo a Mixi que su padrastro estaba muy enfermo y necesitaba reunir dinero para una operación, de lo contrario moriría y su hermanastra quedaría huérfana.

Mixi debía acompañarla a una cita y ver cómo lo hacía para apren­der. Ante la negativa, la presión fue aumentando con chantajes emo­cionales: “si tu hermana se queda sin padre tendré que traerla a vivir con nosotros”, “¿en verdad eres tan egoísta?” y frases manipuladoras como “quizás al principio no te gus­te, pero después se te hará normal; es como cualquier oficio”.

Como la mayoría de víctimas de trata, Mixi estaba incomunicada. Al cabo de algunas semanas, accedió. “Vendió mi virginidad, yo estaba aterrada. A partir de ahí empezó a traerme de hotel en hotel en la Ciu­dad de México y la zona metropoli­tana. Varias veces pensé en escapar, pero cuando iba a la tienda me ha­cía llevarme al bebé (el hijo menor de Elizeth). Cuando íbamos a los hoteles, su esposo (ex secuestrador y asaltante) fungía como guarura, no me dejaban ir sola ni al baño”. Mixi era obligada a por­tar un radio para que su tratante mantuviera contacto con ella.

La orquestadora y principal proveedora del servicio era Elizeth, quien no dudaba en explotar a niñas o jóve­nes, a las que prometía dinero o apoyarlas con sus estudios. “El precio normal era de 1,500 pesos, que iban aumen­tado. Conmigo ganaban alrededor de 300,000 a la semana. Había días que ni siquiera comía y no podía quejarme porque ella me pegaba”.

Luego de recibir una llamada de su hermanastra y así saber que su padrastro no estaba enfermo ni había sido operado, Mixi comenzó a rebelarse. “Decidí quedarme calla­da porque le tenía miedo, pero me negué a tener sexo sin protección con un cliente que le ofreció 20,000 pesos por mí. Su reacción fue golpear mi cara contra el lavabo. Ella tuvo que dar el servicio y al final el cliente pidió hablar a solas conmigo para decirme que si iba a dedicar­me a eso tenía que hacerlo bien… como si fuera mi voluntad estar ahí. Yo iba llorando mientras salía de la habitación y me encontré a un camarero. Por primera vez alguien me preguntó si estaba bien, todos los clientes se portaban indiferentes, sin importarles que yo tenía 16 años”.

Mixi no dudó en confiarle a Iván, el camarero, que afuera la espera­ba una mujer que la trasladaba a hoteles a la fuerza, que le quitaba el dinero y que no quería regresar con ella. Él entendió de inmediato y la escondió en una habitación. Los tratantes actuaron de manera violenta, llamaron a la policía para reclamar “lo que les pertenecía” y amenazaron al personal del hotel, ubicado cerca de Circuito Interior.

Incipiente marco legal

El caso de Karla de la Cuesta es quizá uno de los primeros que la opinión pública mexicana conoció hace 16 años, cuando poco se hablaba del tema. Durante seis años, la joven fue víctima de cinco modalidades de explotación: escla­vitud, explotación laboral, mendi­cidad forzosa, trabajo o servicios forzados y explotación sexual, y trasladada a cuatro países: Brasil, España, Argentina y México.

En el año 2000, De la Cuesta fue rescatada tras la detección de su captor, el productor y represen­tante artístico Sergio Andrade Sánchez, acusado de corrupción de menores, rapto y violación. En el caso también estuvo involucra­da la cantante Gloria Trevi.

En ese momento, la inexisten­cia de una legislación hizo que la sentencia fuera errónea y que ella, como muchas víctimas, no tuviera atención especializada. Su daño no fue reparado y la recuperación ha corrido por su cuenta.

Con Mixi ocurrió algo similar en 2008. A Juan Carlos, esposo de Elizeth y quien también abusaba se­xualmente de Mixi, lo sentenciaron a cuatro años de prisión por lenoci­nio y a ella por corrupción de me­nores (cuatro y cinco años de pena, respectivamente).

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Pero hoy la ley establece una pena de cinco a 15 años de prisión y de 1,000 a 20,000 días de multa a quien capte, enganche, transporte, transfiera, retenga, entregue, reciba o aloje a una o varias personas con fines de explotación; y establece penas dependiendo de la modalidad de explotación, que van del rango de los tres a los 40 años de cárcel y de los 500 a los 60,000 días de multa.

Aunque en 2000 México firmó el Protocolo de Palermo, hasta 2007 fue promulgada la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y en 2012 la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asis­tencia a las Víctimas de estos delitos, vigente en la actualidad.

El Protocolo de Palermo es un instrumento internacional que establece diversos compromisos en materia de cooperación interna­cional, procesamiento de los casos, prevención de la trata de personas, así como la protección y prestación de servicios para las víctimas.

El informe Trafficking in Persons 2015 señala que si bien el gobier­no de México ha hecho esfuerzos significativos, no ha cumplido plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata.

De igual manera, el Comité de la Convención sobre la Elimi­nación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, expresó en 2012 su preocupa­ción por la conexión entre el aumento de desapariciones de mujeres, en particular jóvenes, y el fenómeno de la trata de personas.

Si bien la ley general ha signifi­cado un avance, podría requerir ser revisada y perfeccionada. Yuridia Álvarez opina que “la ley equipara a la trata con la explotación, lo cual puede confundir al operador de la norma”. El delito de trata se refiere a las actividades relacionadas con la captación, enganche y traslado de las personas con el objetivo de que sean explotadas; en tanto la explotación es la acción que pone en práctica el objetivo para el que las personas fueron captadas.

Para Soraya Vázquez Pesqueira, quien participó en 2014 como ase­sora en la elaboración de la opinión a la última minuta con proyecto de decreto que busca reformar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, “es necesario retomar la minuta que hoy se encuentra congelada en el Sena­do de la República, pues atiende los vacíos y fortalece la atención y la protección a las víctimas”.

Si bien las opiniones sobre la ley son encontradas, lo cierto es que no existe un protocolo de atención único para la detección y persecución de este delito. La legislación actual podría estar permitiendo que cada quien haga su propia interpretación de lo que significa la trata.

Por si fuera poco, en el ámbito de las entidades federativas, el proceso de adecuación de las legislaciones locales es lento. Los resultados del análisis realizado por la Cátedra Ex­traordinaria Trata de Personas de la UNAM señalan que 13 entidades del país no han armonizado su legisla­ción local.

Con respecto a la atención a víctimas, fue hasta 2008 que en la Constitución apareció el término de reparación del daño por violacio­nes de derechos humanos. La Ley General de Víctimas surgió como respuesta ciudadana en 2011 y la Comisión de Atención a Víctimas (Ceav) fue creada hasta 2013.

En cuanto a la reparación del daño, “el Fondo de Atención tiene candados para acceder a los recur­sos que dificultan su aplicación”, expone Beatriz Atecpanecatl, titular del Comité de Trata y Tráfico de Personas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

(Da clic en la imagen para ampliar.)

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Un mapa en rojo

Es probable que no quede un solo lugar sin haber sido tocado por la trata. De acuerdo con el Diagnóstico sobre la Situación sobre la Trata de Personas en México, de la CNDH (2014), las entidades con mayor incidencia son Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Chihuahua, Gua­najuato, Querétaro, Baja California, Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Quintana Roo.

El documento Global Slavery Index 2016 señala a Tlaxcala como la capital del mundo en materia de tráfico con fines de explotación sexual; agrega que sus víctimas son frecuentemente pobres, sin educa­ción formal, engañadas por hombres que las enamoran y las obligan a prostituirse.

Pero los puntos alarmantes abar­can lugares como el Cañón de Lobos y la zona de Cuautla, en Morelos; los giros negros de Zapopan, en Jalisco; La Merced y Sullivan, en la Ciudad de México, entre otros.

Las zonas turísticas pintan de rojo el mapa. Acapulco, Playa del Carmen, Cabo San Lucas y Puer­to Vallarta, son lugares donde las víctimas son sobre todo niñas y niños, y del que se dice es el destino por excelencia de la mayoría de los pedófilos del mundo.

El estudio “La explotación sexual infantil en los viajes y el turismo. Una aproximación para profesio­nales del Sector Turístico”, de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil y la red ECPAT Internacional (2012), expone que en México 20,000 niñas y adolescentes son víctimas de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en el Turismo y en los Viajes.

Las zonas fronterizas ter­minan de oscurecer al país. De acuerdo con Soraya Vázquez, especialista en derechos hu­manos y atención a víctimas en la frontera norte, en Tijuana existe un amplio y conocido mercado de comercio sexual, “con una demanda provenien­te principalmente de Estados Unidos, pero no exclusiva, los clientes son de cualquier naciona­lidad; existe un table dance cuya clientela es coreana proveniente del sector maquila”.

Por ser frontera, la ciudad es receptora de mujeres jóvenes migrantes, solas, con un alto grado de vulnerabilidad que llegan con intención de cruzar a Estados Uni­dos y que viven un riesgo latente de convertirse en víctimas de trata.

En la frontera sur el fenómeno se caracteriza por la migración de per­sonas provenientes del triángulo del norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), que están huyendo de la violencia, lo que las pone en una situación más vulnera­ble debido a que las mujeres están más dispuestas a arriesgarlo todo con tal de no regresar a su país de origen.

En cuanto a la explotación sexual, “es importante distinguir entre mujeres que son reclutadas en su país de origen –por ejem­plo, para trabajar en México en alguna actividad y luego forman parte de una red de trata–, de otra mujer que sale de su país con la finalidad de llegar a EU huyendo de la violencia y en el tránsito se le acaba el dinero, se enferma y empieza a buscar otras opciones, por lo que acaba en una situación de trata. Llegan al mismo lugar, pero de distinta manera”, explica Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).

México es el segundo país que más víctimas de trata provee a Estados Unidos, superado por Tailandia, indica el Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México, de la CNDH y el Centro de Estudios e Investigación en Desarro­llo y Asistencia Social (2009).

De acuerdo con Rosi Orozco, existen hallazgos muy claros de una conexión Tenancingo-Nueva York, donde se calcula que existen actual­mente 5,000 víctimas, la mayoría de ellas mexicanas; y una conexión más en Acxotla del Monte-Houston, donde familias enteras se dedican a comerciar mujeres.

Al respecto, el diagnóstico de la CNDH señala que se han detectado víctimas mexicanas en 12 países, siendo Estados Unidos el principal destino con 97% de los casos, en tres principales ciudades: Los Ángeles, Houston y San Francisco.

Testimonios de tratantes en prisión relatan cómo todo está per­fectamente organizado para surtir el negocio a Estados Unidos: organi­zaciones de polleros cruzan a las mujeres, luego intervienen los lla­mados “raiteros” (de ride, aventón), personas que esperan a las víctimas para trasladarlas en camionetas a los lugares donde se encuentran otros personajes de la cadena, llamados “delivreros” (de deliver, entrega).

Los clientes llaman y los delivre­ros trasladan a las mujeres; los com­pradores favoritos son los migrantes, pues ocho o 20 en una sola casa contratan los servicios sexuales.

Ni las drogas

La American Bar Association ha estimado en 47 el número de bandas delictivas que se dedican a la trata en toda la República Mexicana, aunque de acuerdo con algunas organizaciones esta cifra bien podría quedarse corta.

Esto adquiere tintes más comple­jos cuando se mezclan otros delitos.

El documento Global Slavery Index 2016, de The Walk Free Foundation, señala la presunción de que 70% de los casos de trata está relacionado con el crimen organizado.

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Los cárteles emplean el secuestro con fines de prostitución y trabajo forzado, a menudo con la compli­cidad de las autoridades locales, estatales y federales.

Rosi Orozco asegura que los Ze­tas y el Cártel del Golfo están invo­lucrados en la trata y explotación de personas. “Los narcotraficantes han abierto una puerta hacia el comercio de seres humanos, porque un gramo o un kilo de droga lo comercializan una sola vez, pero desgraciadamente a un ser humano lo comercializan 20, 30, 40 veces al día”.

Soraya Vásquez dice que en Tijuana, Baja California, uno de los lugares más grandes y con mayor oferta de comercio sexual es propie­dad de un capo de la droga, quien reparte dinero en maletines a los políticos en turno y paga campañas electorales.

Los avances locales

Durante tres años, Chiapas ha recibido cierto reconoci­miento por sus avances en prevención, combate y aten­ción a víctimas. Cuenta con un programa intersectorial y fue una de las primeras enti­dades en legislar.

De 2009 a la fecha ha iniciado 230 procesos pena­les, detenido a 325 personas como probables respon­sables de trata, dictami­nado 209 autos de formal prisión y dictado 62 sentencias con­denatorias, con un total de 85 perso­nas sentenciadas que van de los seis a los 39 años de prisión.

En materia de protección se han rescatado a 661 víctimas del delito de trata en el mismo lapso (609 mu­jeres y 52 hombres), de las cuales 411 son de nacionalidad mexicana, 125 guatemalteca, 100 hondureña, 10 ni­caragüense y 15 salvadoreña.

El Estado de México, por su parte, comenzó el cierre de giros negros (bares, discotecas, centros nocturnos y cantinas que permiten y ofrecen drogas y prostitución de manera ilegal) y rojos (aquellos en donde se venden alcohol y dro­gas, incluso a menores de edad) en 2013 y hasta el momento lleva 2,000 locales; además suma 308 víctimas rescatadas por este delito y 19 sen­tencias condenatorias, la mayoría por explota­ción sexual.

“Los giros negros son el cal­do de cultivo de la trata, hay que crear candados para que no existan espacios en donde se practique de manera normalizada”, recomien­da Dilcya García, subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género en el Estado de México.

Las denuncias han aumentado de 11 en 2012, a 31 en 2013, 67 en 2014, 96 en 2015 y 75 a agosto de 2016. “No es que el delito esté creciendo, sino que la conciencia social está despertando. La vía para erradicar este delito no es el recrudecimiento de las penas, radica en que para la sociedad, así como el secuestro y el homicidio, sea condenable que una niña se esté vendiendo en una esquina”, enfatizó García.

Por su parte, Jacqueline García, presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, explica que el trabajo coordinado entre la insti­tución que dirige y la Procuraduría de Justicia estatal, la Comisión Estatal de Seguridad y la Unión de Industriales ha tenido avances en la prevención de este delito.

Por ejemplo, en ins­tituciones de educación superior imparten pláti­cas en torno a la trata de personas, algunas medi­das preventivas en redes sociales e incentivan el uso de la app ProcuE­doMex para denunciar delitos desde cualquier smartphone.

Otra de las experien­cias locales conocidas es el caso de Coahuila. En 2012 el Congreso local aprobó una reforma constitucional que prohibió el uso de suelo para los lla­mados “giros negros”, sin embargo es pronto para conocer el impacto de esta medida en la disminución del delito de trata.

Atención insuficiente

Mixi escapó enrollada en una sábana y tirada al suelo de una camioneta que la llevó a la Procuraduría Gene­ral de Justicia del Distrito Federal, en donde la canalizaron a la Funda­ción Camino a Casa.

Al final su historia tuvo un des­enlace positivo, pero falta mucho por hacer para ayudar a quienes logran salir de la trata. Simple­mente, el reporte Trafficking in Persons 2015 indica que en México la financiación gubernamental para servicios y refugios especializados para atender a las víctimas sigue siendo insuficiente.

Al año 2014 sólo Baja California, Estado de México, Puebla, Distrito Federal y Chiapas contaban con re­fugio. También son insuficientes los apoyos especializados; si bien existe una Red Nacional de Atención a Víc­timas, conformada por 773 instan­cias, el Programa Nacional reconocía que sólo tres de ellas se dedicaban a la atención a víctimas de trata.

Fuente: Forbes

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