La hora de un mandato popular y republicano

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Gibrán Ramírez Reyes

Junto a Andrés Manuel López Obrador, en una mesa, aparecen un libro, una bandera, un retrato y dos bustos visibles. El libro se llama ¿Quién manda aquí? Lo coordinó, entre otros, Felipe González, y más que respuestas tiene preguntas sobre cómo equilibrar las normas y la democracia, la libertad económica y otros derechos. Es un libro casi carente de interés, repetidor de lugares comunes. Importa solamente, en la escenografía que el presidente electo escogió para hablar de la consulta, porque coloca la pregunta que él está contestando: ¿Quién manda aquí?

La bandera es mexicana, obvio, republicana también –con el águila liberal mirando hacia el lado izquierdo–, el retrato es de Lázaro Cárdenas y los bustos son de Benito Juárez y José María Morelos. Es un mensaje muy sencillo. Fue Juárez el encargado de separar la Iglesia del Estado y eso trajo conflictos, como lo trae siempre cambiar algo sustancial en el orden. Es sabido que acomodar y reordenar cosas las desordena por un momento. Las mudanzas siempre son así, pero la única alternativa para no generar ruidos nuevos ni desórdenes residuales es seguir igual y en el mismo lugar. En el reloj de los días, la Reforma fue herejía, dividió a la sociedad, desestabilizó el orden, generó guerra y violencia. En el reloj de los siglos, significó una transformación fundamental de la vida pública mexicana, la condición de su ampliación y de la primacía de lo público sobre lo privado.

Morelos y Cárdenas, en el discurso lopezobradorista, significan 1) la moderación de la opulencia y la indigencia, y 2) la movilización popular y la política social. Ese es todo el mensaje del cuadro. Aquí manda lo público, y eso sólo puede lograrse con participación efectiva, movilización democrática, organización. Con populismo, diríamos algunos.

Los representantes del viejo régimen han montado en una extraña mezcla de cólera eufórica caracterizada por la cada vez más clara afirmación que quiere venderse como aristocrática –meritocrática, diríamos en los términos de hoy–: que opinen los que saben, que reinen los expertos, los preparados. Sin embargo, a la menor provocación se revela una afirmación más llanamente oligárquica: que manden los mercados. Que “los mercados” confíen. Que “los mercados” se mantengan estables. “Los mercados”, como si fueran una abstracción y no una serie de personas con nombre y apellido acostumbrados a hacer su sacrosanta voluntad y a pagar cientos de miles por análisis políticos de muy baja calidad, pero que satisfacen sus prejuicios.

Los analistas de riesgo político de algunas empresas deberían ser despedidos sin muchas consideraciones. El más lego, alarmista e irresponsable además, fue Esteban Polidura, el de UBS, que tuvo a bien asentar en un documento que López Obrador podría utilizar la consulta como mecanismo constitucionalmente válido para reelegirse. Lo avienta nada más así, al aire –y todavía hay altos funcionarios y embajadores que se asustan. Es equivalente a que alguien hubiera dicho que Enrique Peña Nieto se aprestaba, con el Pacto por México, a instaurar la reelección indefinida, o lo que le diera la gana. Ahí cada quien coloca sus propias fantasías apocalípticas: quien no ve el riesgo de reelección habla de que el uso de las reservas del Banco de México puede ser sometido a consulta popular. Todo sea por asustar a inversionistas y castigar al presidente electo. Participa en una consulta un millón de personas y esos analistas corren como gallinas sin cabeza.

En el fondo, el cambio responde a que la confianza de “los mercados” en el viejo régimen se cifró en la certeza de la corrupción, pero no en la del derecho. Cuando hablan de que se ataca la confianza se refieren en realidad a la imbricación social de empresarios y políticos que garantizaba arreglos inconfesables por debajo de la mesa donde los sobrecostos eran pactados de antemano –y se respetaban, a cargo de los impuestos de todos. La prueba, irrefutable, está en la reacción del sistema ante la cancelación del tren a Querétaro. Se trataba de una obra de principal importancia que se canceló por corrupción. Y ahí no pasó nada, porque estaba en el entendido de nuestro régimen. El viejo régimen reaccionó mejor, en plena salud, ante un acto de macro corrupción que, moribundo, ante una consulta popular, por defectuosa que fuera. Y sus capitanes lo saben bien. De ahí, no de otro sitio, se explica que Peña no haya defendido su principal proyecto de infraestructura. Saben que huele mal, y que encontrando irregularidades en los contratos ni siquiera podrán hacer valer las condiciones de rescisión pactadas. Ni siquiera Peña tuvo el descaro de defender un proyecto que, como dijo Jorge Castañeda, se hizo para robar (20 de agosto de 2018).

Sin embargo, el NAIM sí tuvo defensores entre empresarios y opinadores.

Lo que separó el combate a la corrupción política lo ha unido la defensa de la corrupción empresarial. Claudio X. González –patrocinador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que trabajó tanto tiempo queriéndose distanciar simbólicamente de los oligarcas convencionales, intentando escenificar a uno comprometido con el país– también se fue de boca en ésta. Se trata de “el error de octubre”, sentenció, implicando en su declaración que lo único correcto era la continuidad. La clase empresarial se mostró como un monolito y desconoció en su ambición conjunta un factor de corrupción.

El Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex y el Consejo Mexicano de Negocios ensayan de opositores. Los sindicatos empresariales se radicalizan –se permiten llamar mentiroso al presidente, se permiten también decir que con esto el presidente electo está robando al pueblo… al pueblo de Las Lomas, quizá. Salen al paso porque sus representantes en la política no pueden ni siquiera articular argumentos coherentes. Están a nada de improvisar una guerrilla a la luz de la inutilidad de los suyos –ya hasta Fernanda Familiar los llamó a “poner orden” porque “la democracia no puede ser trastocada”, o algo así.

No se olvide que todo esto ha sido por la cancelación de una obra, nada más. Si se planteara una reforma fiscal, para ser un país normal, nuestros empresarios harían la revolución en nombre de su privilegio, de sus pactos, de su corrupción.

En el reloj de los días hay un impacto económico negativo innegable –momentáneamente el dinero será más caro y el dólar también, aun si no alcanza los 21 pesos que ya tocó en el sexenio de Peña. En el reloj de los años, aun los pensionistas que hubieran perdido mil pesos de todo su ahorro –podría ser el caso de 9 millones, en un mal escenario– recordarán bien cuando la política volvió a decidir por sí misma y le indicó al dinero cuál era su lugar, al revés de lo que solía ocurrir. En el reloj de los años, 2018 marcará la hora de un mandato republicano y popular.

Fuente: SurAcapulco

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