Violencia legislativa

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Por Víctor M. Quintana S.*

No puede llamársele de otro modo: el hecho de que quienes son pagados, extraordinariamente pagados, por representarlo a uno, decidan por todos, sin consulta previa alguna, y en contra de los intereses de quienes representan, es un acto de violencia. No física, pero si institucional en cuanto institucionaliza el despojo de millones de personas, para comenzar con los más de veinte millones de habitantes de nuestras fronteras.

Con inefable candor o descaro, las y los legisladores del PRI que aprobaron la Reforma Hacendaria y la miscelánea fiscal se han quejado del repudio masivo a su voto obsecuente a la iniciativa peñanietista. La Senadora Lilia Merodio, luego de los apedreos y ataques a su oficina de gestoría en Juárez denuncia la “campaña de odio “orquestada supuestamente por Acción Nacional. (Aunque sus odiadores de ahora serán sus aliados al ratito en la aprobación de la Reforma Energética). Pide además protección para su oficina, pagada también con recursos del pueblo. Y se desvía dicha protección de las calles de la ciudad para concentrarla en la oficina donde “hace gestoría” y reparte despensas, pero, como en todas las de los legisladores del tricolor, no se escuchan demandas ni críticas de la ciudadanía sobre el sentido de los votos.

Si a campañas de odio vamos ¿no será más odio emprenderla así contra una población como la fronteriza, asediada desde hace varios años por las crisis económica y de seguridad y ahora atropellada con este incremento de impuestos? ¿no será más odio cebarse así contra las clases medias cada vez más agobiadas en su ingreso y dejarles ir ahora la guadaña de más impuestos y nuevos “gasolinazos”? ¿no es más violento el hecho de que los senadores, por ejemplo perciban cada mes el equivalente de ciento cincuenta salarios mínimos y se sigan incrementando el presupuesto cuando a las mesas de las familias llegan cada vez menos alimentos? Es muy fácil tildar de “campaña de odio” y atribuirla a sus adversarios políticos (temporales) del PAN, pero, ¿cómo podría calificarse la andanada legislativa priísta y de sus aliados que mermó los derechos de los trabajadores, atropelló las conquistas de los maestros y ahora acosa empresas, ciudadanos y profesionistas? ¿podríamos decir que todas estas reformas de Peña Nieto y de sus secuaces y beneficiarios no son sino una incomprendida “campaña de amor”?

Lo que sucede es que las y los legisladores del tricolor y de sus partidos aliados quieren disfrutar mucho más que del fuero: demandan el goce de una cabal impunidad legislativa. Es decir, que nadie ose, que nadie se atreva a cuestionar el cómo y el por qué de sus votos. Ellas y ellos siguen creyendo en la doctrina de la “carta blanca”, pues piensan que al ser electos la población les da todas las facultades para votar en nombre de ella cualquier cosa sin necesidad de consultarla, de saber cuál es su opinión al respecto.

En 1972 los obispos y sacerdotes de las diócesis de Ciudad Juárez y de Chihuahua con motivo de la sangrienta e ilegal represión a un grupo de jóvenes guerrilleros, emitieron sendos y espléndidos documentos demostrando cómo la violencia armada de ellos, aunque reprobable, no era sino una respuesta a la violencia institucionalizada del Estado y de los grandes poderes económicos, que empobrece, excluye, discrimina, oprime a las mayorías. La violencia de las estructuras injustas, es una violencia institucionalizada que suscita una violencia de respuesta de las y los ciudadanos, hartos, indignados por tanta humillación, inequidad y despojo.
Lástima que las y los legisladores de Peña Nieto no sepan entender estos planteamientos. La airada y todavía muy moderada condena a su voto de traición a las y los ciudadanos no es sino una primera respuesta a la arrogante violencia que ejercen con la forma y el fondo de sus labores legislativas. No entienden que la gente explota cuando a través de las oficinas de gestoría le regalan los centavos pero en el pleno de las cámaras les quitan los cientos y miles de pesos con los despojos que aprueban.

Que se hagan cargo de las consecuencias de sus acciones, que sepan bien que los días de la impunidad legislativa ya están contados.
P.S. La misma enjundia, la misma fuerza que las y los legisladores de Acción Nacional están empleando ahora para denunciar la imposición y la no consulta del PRI y sus aliados al aprobar la Reforma Hacendaria, ¿las emplearán para tomar en cuenta la opinión de las mayorías, someter a consulta e impedir que haya imposición también en la Reforma Energética?
* Víctor M. Quintana S. Doctor en ciencias políticas y dirigente estatal de Morena en Chihuahua

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