Por Jenaro Villamil
El 30 de septiembre un convoy militar fue atacado de manera brutal en el acceso a Culiacán, cuando trasladaba a un presunto narcotraficante herido. Cinco soldados fueron asesinados y 10 resultaron heridos, incluido un joven militar que había socorrido al delincuente, en una de las emboscadas más divulgadas en medios y redes sociales contra elementos del Ejército mexicano.
El episodio podía haber sido uno más de los que se han repetido en los últimos días en Sinaloa y especialmente en Culiacán, una de las ciudades con más alto índice de homicidios dolosos en el país: 47 por cada 100 mil habitantes, tres veces mayor a la tasa nacional.
Sin embargo, este hecho condenable, delicado y reflejo de la ola de corrupción que domina en las corporaciones policiacas locales, se transformó en un punto de inflexión para que la Secretaría de la Defensa Nacional, con el aval del presidente Enrique Peña Nieto, tuviera permiso para desplegar la fuerza militar y no necesariamente para lograr la justicia.
Proceso publica esta semana la versión del semanario estatal Ríodoce sobre el encuentro que sostuvo Peña Nieto con el alto mando militar del país en Mazatlán, el pasado miércoles 5, a raíz de estos hechos.
De acuerdo con las fuentes consultadas por la publicación sinaloense, “la orden del presidente Peña Nieto fue atacar todas las estructuras del cártel de Sinaloa sin distingo, lo mismo a los Chapos que a la gente del Mayo Zambada y a los Dámasos”.
Al día siguiente de la visita presidencial llegaron más de 100 policías federales y se desplegaron en los municipios disputados por las bandas del crimen organizado. Una reproducción muy similar a lo que ocurrió en Medellín, cuando Pablo Escobar decidió desafiar directamente al Estado al inicio del gobierno de César Gaviria.
De manera sorpresiva, desde la noche del lunes 10 se desplegaron elementos del Ejército en las instalaciones de la Policía Ministerial de Culiacán para revisar armamento, tomar declaraciones y realizar sus propias investigaciones relacionadas con la emboscada del 30 de septiembre.
El despliegue de la fuerza militar probablemente cumpla su misión, pero dejará a los ciudadanos de Sinaloa y especialmente de Culiacán en las mismas condiciones que antes. El problema de la inseguridad no es de venganza o de justicia selectiva, sino de una ausencia grave de estrategia y para incorporar a la propia ciudadanía en las políticas públicas de seguridad.
Investigación y propuesta
Desde principios de este año, y sobre todo en el marco de las elecciones estatales, un grupo de asociaciones civiles, estudiosos y ciudadanos de Culiacán lanzaron una propuesta llamada #MotivosPorLaPaz, para revertir esta situación que ha convertido a la capital de Sinaloa y al estado mismo en un emblema de la inseguridad y el narcopoder en México.
Este domingo 16, en medio del despliegue militar, están convocando a una movilización a través de las redes sociales y medios de comunicación locales con objetivos puntuales.
Juan Pablo Emet, joven sinaloense y activista ciudadano, junto con otros cientos que han impulsado en las plataformas digitales el movimiento #VePorSinaloa y una detallada investigación sobre el fenómeno de la violencia en Culiacán, explicó que “si solucionamos los ciudadanos y el gobierno el problema en donde empezó la historia del narcopoder, podemos no sólo cambiar la percepción, sino también realizar una mayor presión política a las autoridades”.
La investigación realizada por Cohesión Comunitaria e Innovación Social AC, así como por More Starch, contiene datos y elementos de análisis fundamentales que es importante retomar justo en este rebrote de interés nacional por la situación en Culiacán.
Aquí podemos señalar algunos de los puntos más importantes de esta investigación:
1. “Si las autoridades no garantizan los derechos humanos de las personas y no fomentan la confianza en instituciones como corporaciones policiales y los ministerios públicos, en la práctica están contribuyendo a empeorar la percepción ciudadana”. Además, “no se sabe la magnitud que tienen los distintos tipos de cobertura mediática de los hechos violentos y delincuenciales sobre la percepción de seguridad, salvo que la cobertura se da de manera descontextualizada, trivializada o normalizada para generar pánico o parálisis entre la ciudadanía”.
Algo que está ocurriendo a raíz de la emboscada del 30 de septiembre.
2. Según las cifras oficiales, el número de homicidios dolosos en Culiacán han disminuido de una tasa de 78.9 en 2010 a 33.3 en 2015, pero la percepción de inseguridad sigue muy alto (72%) en los habitantes de Sinaloa, por arriba del 60% estatal y del promedio nacional de 64%, según los datos del año pasado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El pasado jueves 6, el Inegi presentó nuevos datos que revelan que a nivel nacional la percepción de inseguridad se elevó a 72%.
El estudio #VePorSinaloa advierte que “si un descenso en la incidencia delictiva no va acompañado por un descenso en la percepción de seguridad, es posible inferir que la disminución de los registros de hechos violentos o delictivos se debe a variables como una reducción en el inicio de carpetas de investigación (averiguaciones previas) o en deficiencias en la captura de los datos sobre los casos”.
Lo peor que puede suceder para disminuir la percepción de inseguridad, a nivel Sinaloa y nacional, es maquillar el registro de los hechos delictivos.
3. “La forma de morir no puede convertirse en una razón para asumir una forma de vida. Las personas que son víctimas de homicidio no mueren por andar ‘metidas en algo’. Mueren porque las autoridades han sido incapaces de proteger su vida, su propiedad, su integridad y su patrimonio y/o porque las autoridades han sido incapaces de investigar, probar y sancionar sus conductas delictivas”, sentencia el estudio.
Esto es clave para Culiacán y para todo el país. No hay “muertos buenos” y “muertos malos”. La criminalización de unas víctimas, como la glorificación de otras es tan negativa como el mismo homicidio.
4. Entre 1999 y 2014, el 86% de las víctimas de homicidio doloso en Culiacán fue por armas de fuego, mayor que en el resto del país (60%). Las armas de fuego “son la principal herramienta para cometer homicidios, por lo que su obtención y utilización se debe contener y reducir”, aún más en contextos de delincuencia organizada como el que se vive en Sinaloa.
5. Más de la mitad de los homicidios en Culiacán (57%) ocurrieron en las calles, carreteras y en la vía pública, a la vista de la ciudadanía. Esto significa que “la autoridad debe analizar la distribución geográfica”, y el hecho de que sean en la vía pública “permitirá implementar con mayor facilidad mecanismos de vigilancia, prevención y disuasión”.
6. Una de las ideas más arraigadas es que el desempleo y la escasa escolaridad son factores inequívocos que alimentan la violencia. El estudio revela que en Culiacán apenas 12.8% de las víctimas de homicidio no tenían trabajo y sólo el 14% de las personas procesadas y 12% de las sentenciadas por homicidio estaban desempleadas.
El estudio revela que el 28% de las personas procesadas y 27% de las sentenciadas contaban con educación preparatoria o profesional al momento de cometer el homicidio. Es decir, “una de cada cuatro personas procesadas y sentenciadas contaban con más de 15 años de estudio”.
7. Un factor muy importante es el del acceso a los servicios de salud pública. El 35% de las víctimas no tenían derechohabiencia, frente al 17% que es el promedio de la población en Culiacán sin acceso a Seguro Social o ISSSTE. Esto significa que “quizá muchas de las víctimas de homicidio no mueren instantáneamente y logran ser atendidas por algún servicio de salud”.
Con esta información, los mismos promotores del estudio están convocando este domingo 16 a transformar el miedo y la percepción generalizada de violencia en Culiacán con una marcha. La llaman #MotivosPorLaPaz.
Quizá este es el momento de crisis más importante para que en Sinaloa la sociedad civil y no sólo las armas tomen la palabra y actúen.
Fuente: www.homozapping.com.mx
