La libertad de Patishtán no es todo, advierten activistas. Y demandan una disculpa pública y la reparación de daños
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), organismo que participó en el proceso por la libertad de Alberto Patishtán, exigió una disculpa pública al profesor tzotzil por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Ayer por la tarde, Alberto Patishtán Gómez fue liberado por indulto de Peña Nieto, después de pasar los últimos 13 años de su vida en prisión acusado injustamente de matar a siete policías en el municipio de El Bosque, Chiapas, en el año 2000.
En sus primeras palabras públicas el maestro chiapaneco dijo: “¿Qué significa la libertad? Yo sentí que desde el primer día que llegué a la cárcel estoy libre… estoy libre en conciencia, y ante los ojos de Dios. Si dejo de reír, es un día perdido para mí”.
Tras ser liberado Patishtán y ofrecer una rurda de prensa, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas solicitó al gobierno federal la reparación de los daños a Patishtán, “ya que 13 años de prisión truncaron su proyecto de vida y la de su familia, además de que el encierro prolongado, sumado a la negligencia médica, casi lo dejó ciego y puso en riesgo su vida”.
De igual forma exhortó al Estado mexicano a aplicar medidas efectivas para garantizar el acceso a la justicia a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad por motivos políticos y de exclusión social.
El organismo, que sigue un proceso de búsqueda de justicia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), pidió además un esclarecimiento de los hechos ocurridos en la emboscada del 12 de junio del 2000, de los cuales fue acusado Patishtán, “ya que se dan en el contexto de la militarización y de los operativos contra los municipios autónomos”.
En particular de los actos violentos en Chavajeval y San Pedro Nixtalucum, del municipio El Bosque y cercanos al municipio autónomo de San Andrés Sakamch´en de los Pobres.
“Resulta imprescindible una investigación imparcial y exhaustiva, dado que las familias de los policías asesinados tienen derecho a la verdad, saber qué pasó el día de la emboscada, sus móviles y quiénes cometieron el crimen; para deslindar así responsabilidades identificando y sancionando plenamente a los autores materiales e intelectuales de los hechos”, dijo este día el Centro de Derechos Humanos por medio de un comunicado de prensa.
Informó que seguirá impulsando las medidas cautelares necesarias ante la CIDH para que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la atención eficaz y de calidad a la salud del profesor.
Además, dijo, mantendrá la petición por violaciones a derechos humanos, que interpuso desde agosto de 2010, ante este organismo internacional en contra del Estado mexicano, la cual, en estos momentos, integrantes del Frayba están impulsando ante dicha instancia interamericana.
Recordó que en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas se evidenció que el gobierno mexicano está reprobado en el tema de los derechos humanos.
“El aparato burocrático de instituciones creadas para tal fin, sólo es utilizado en el ámbito internacional para simular las obligaciones de respeto,garantía y protección a los derechos humanos”, acusó.
Y agregó: “El poder judicial niega sistemáticamente el acceso a la justicia contra la población excluida, en su mayoría indígena. A
sí lo evidencia el caso del profesor Patishtán y otros procesos pendientes en Chiapas como los presos: Antonio Estrada Estrada y Miguel Demeza Jiménez, indígenas tseltales adherentes a La Sexta Declaración de la Selva Lacandona en San Sebastián Bachajón; Alejandro Díaz Sántiz, solidario de La Voz del Amate; y el profesor Noé Hernández Caballero, de la Organización Nacional del Poder Popular; los siete presos Loxichas en Oaxaca; el de Nestora Salgado en Guerrero; las guardias comunitarias de Aquila Michoacán recluidos en Veracruz; por mencionar algunos”.
El caso Patishtán
Patishtán fue sentenciado en 2002 a 60 años de cárcel por homicidio calificado, lesiones y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
“El hecho de que Alberto Patishtán sea indígena y cuente con pocos recursos económicos jugó un papel fundamental en limitar su derecho a un proceso justo, en particular el derecho a la defensa efectiva y al trato igualitario ante la ley por parte del ministerio público y el poder judicial”, consideró Amnistía Internacional en uno de sus pronunciamientos sobre el caso.
Desde su detención el profesor de educación básica, que se convirtió en un activista y defensor de indígenas con los que compartió prisión, denunció que fue víctima de tortura física y sicológica.
En mayo de 2011 realizó su primera huelga de hambre, que resonó en todo el país y dio inició a una campaña para denunciar la deficiente atención médica que recibió para tratarse un tumor cerebral por el que fue operado. Desde entonces, decenas de voces se alzaron en el país para exigir su liberación.
Una esperanza de quedar en libertad con un recurso de apelación que presentó su defensa se apagó el 12 de septiembre pasado, cuando el primer tribunal colegiado del vigésimo circuito de Chiapas le negó la petición y dejó en firme la condena en su contra.
Cuando todo parecía perdido para el maestro el Senado mexicano abrió las puertas a su libertad el 23 de octubre, al aprobar una reforma al Código Penal Federal que permite otorgar indulto a personas condenadas bajo procesos judiciales irregulares.
La reforma recibió el aval de la Cámara de Diputados el martes y ese mismo día el Presidente mexicano anunció que otorgaría el indulto al indígena.
El caso Patishtán puso a prueba al sistema judicial del México, al que abogados del maestro consideran “el gran perdedor del proceso”. A juicio de políticos como el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, “Patishtán Gómez nunca debió estar preso”.
Fuente: Sin Embargo
