Navegar de la revocación de mandato a la reforma electoral

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Por Violeta Vázquez-Rojas

“Del mismo modo que Colón vivía en una época de grandes descubrimientos geográficos, en la que cada expedición modificaba el cuadro del mundo, hoy nosotros atravesamos una época de grandes descubrimientos políticos, en la que revelaciones siempre nuevas cambian incesantemente el cuadro de lo contemporáneo, a saber, lo que significa estar vivos hoy en día”.

John Berger,

El relato en un diente de ajo

Hace cuatro semanas estábamos concentrados en la discusión sobre la revocación de mandato. Entrados apenas unos días en el mes de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación descartó que la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada en abril de 2021, fuera inconstitucional —es decir, reconoció que la ley no contraviene la Constitución—.

El segundo domingo del mes se llevó a cabo la consulta sobre si el Presidente debía permanecer o no en funciones, y el análisis de lo que significaron 16.5 millones de votos nos tomó parte de la semana siguiente, que para muchos fue semana de asueto y, para los más creyentes, de guardar.

No nos ocupó mucho más el tema porque ese mismo martes teníamos en puerta la discusión de la reforma a la Constitución en materia eléctrica, que terminó agendándose para el domingo 17, en una sesión maratónica en la que no se alcanzó la mayoría calificada para aprobarla.

Mientras discutíamos si lo que había pasado en la Cámara de Diputados era un triunfo de la oposición y el inicio de la debacle del partido en el gobierno o si, por el contrario, se trataba de un resultado anunciado para el que el Presidente y su movimiento estaban preparados y del que sólo saldrían fortalecidos, la mayoría legislativa aprobó en las siguientes horas la reforma a la Ley Minera, por la cual la exploración, explotación y aprovechamiento del litio se declaran facultad exclusiva del Estado.

A las discusiones parlamentarias siguió una confrontación pública entre dos bandos: uno, que exhibía los nombres de los legisladores que se opusieron a las reformas, motejándolos de “traidores a la patria”, otro, que tachaba a los primeros de blandir un supuesto “discurso de odio” en contra de quienes votaron en sentido opuesto a la coalición gobernante.

Despertamos a la penúltima mañanera del mes con una exposición detallada de la iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador: menor presupuesto para los partidos, eliminación de diputaciones y senadurías plurinominales y elección directa de los consejeros electorales, sólo por mencionar algunos de sus puntos más llamativos.

¿Cómo transitamos de un tema a otro, cómo pasamos del análisis de un suceso a la explicación del siguiente? Nuestro entendimiento de lo político es una labor de tejido: la narración del hecho más reciente se articula con la manera como habíamos relatado —y con ello, comprendido— el evento anterior. La manera como los eventos de este mes se fueron configurando en la opinión pública trazó el camino para la forma como discutiremos los nuevos acontecimientos, empezando por esta iniciativa de reforma política con la que terminamos abril y empezamos mayo.

Durante los meses previos a la revocación de mandato el INE quedó delineado como un antagonista que renegó de su obligación constitucional —primero, exigiendo un incremento millonario a su presupuesto, después rechazando las sugerencias de reorganización financiera emitidas por la Secretaría de Hacienda, más adelante amagando con no llevar a cabo el ejercicio y finalmente haciendo campaña, a través del consejero Murayama, para desalentar la participación en la consulta—. Ha sido notorio el afán de dos de sus consejeros por figurar mucho más allá de lo que es sensato para un árbitro electoral, por pelear protagonismo en las contiendas políticas y por rechazar el principio de austeridad en el que se fundamenta el proyecto gobernante. En un ambiente así, no será extraño que la propuesta de crear un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, cuyos consejeros sean electos mediante voto directo, goce de una aceptación popular inevitable.

El comportamiento de los diputados opositores en el marco de la reforma eléctrica también explicará en gran medida el apoyo del que goce esta iniciativa de reforma electoral. Una de las imágenes más emblemáticas del domingo 17 de abril fue la de Paloma Sánchez, diputada del PRI, gritándole socarronamente a la multitud que se congregó ese día afuera de San Lázaro para apoyar la reforma eléctrica: “¡No va a pasar!”, les advertía entre risas. Más adelante, un video la muestra respondiendo a algún reclamo: “No me importa, no voy a buscar el voto. Por eso soy pluri, y a gusto”.

Estas escenas, que parecerían incidentes sin importancia, resultan ser la muestra de varios síntomas que marcan la etapa agónica del actual sistema de partidos: el desprecio a los electores, el exceso de autoconfianza de un partido en un momento en que las encuestas pronostican que perderá dos de las cuatro gubernaturas que aún mantiene, y la certidumbre con la que los legisladores plurinominales creen que pueden actuar a sus anchas por estar afianzados en las cúpulas partidistas sin depender del voto popular. Por eso no extraña que la propuesta de eliminar diputaciones plurinominales sea tan bien recibida por la opinión general.

Estamos viviendo el momento político más interesante que probablemente nos tocará vivir. Vale la pena examinarlo y entenderlo a través de la discusión pública, que es, como nunca, viva y, como nunca, colectiva. El fin de mes será el pretexto que tengamos en este espacio para ver hacia atrás y, sin el apremio de la inmediatez, atestiguar cómo vamos tejiendo nuestra comprensión de un presente que pronto será historia, no por pasada, sino por recordada. Porque «lo contrario del relato», dice John Berger en ese mismo texto que cito en el epígrafe, «no es el silencio, sino el olvido».

@violetavr

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