Las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no fueron suficientes para reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el país y frenar la caída de México en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016, reporta Transparencia Mexicana.
México obtiene una calificación de 30 puntos, lo que lo ubica en la posición 123 de 176 países. Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país es el peor evaluado.
La falta de contrapesos reales entre poderes, el número y la gravedad de los casos de corrupción expuestos a la opinión pública y los niveles de impunidad, fueron determinantes en esta nueva evaluación del país.
México cae 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, publicado el día de hoy por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional. El país obtuvo una puntuación de 30 en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia. La calificación actual es cinco puntos menor que la de la medición anterior.
Las reformas anticorrupción que anunció Enrique Peña Nieto aún no surten efecto en la opinión pública: en 2016, México se colocó en el lugar 123 de 176 países en materia de percepción de corrupción, sitio que comparte con Azerbaiyán, Yibuti, Honduras, Laos, Moldavia, Paraguay y Sierra Leona, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC 2016) que publicó este martes la organización Transparencia Internacional.
De un año para otro, México cayó 28 lugares en la lista elaborada por la organización: en el IPC del 2015, ocupaba el lugar 95, con una calificación similar a la de Filipinas, Mali o Armenia.
Las medidas anunciadas para combatir la corrupción “no fueron suficientes para reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el país y frenar la caída de México en el IPC”, observó la organización.
México se encuentra ahora en el último lugar de los 35 países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en el penúltimo lugar del G20, donde obtuvo una calificación apenas superior a la de Rusia.
La percepción de que México es un país corrupto supera la de El Salvador, Kosovo, Brasil, China o Colombia.
En América, sólo Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela se colocaron debajo de México, cuando el año pasado éste se encontraba en el lugar 21 de los 32 países de la región.
La organización urgió al gobierno mexicano a garantizar la autonomía de la futura Fiscalía General de la República –pidió “apertura en el proceso de designación de su titular”–, y exigió la “independencia real” de los futuros sistemas locales anticorrupción para “investigar y sancionar la corrupción a nivel subnacional”.
También llamó a crear “contrapesos reales y no sólo formales entre los poderes de los estados” y recordó que los congresos deben cumplir con su función de vigilancia en materia de gasto público.
“No basta con asegurar la transformación institucional. Los cambios en el marco legal e institucional deben acompañarse de acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción que afectan a un número importante de las instituciones públicas del país. Los casos conocidos por la comunidad nacional e internacional no deben quedar impunes”, sostuvo.
El sistema de calificación de la organización establece un baremo de cero a 100 puntos, donde cero es la peor calificación en materia de percepción de la corrupción. Y, entre 2015 y 2016, el índice de México cayó de cinco puntos, de 35 a 30.
Transparencia Internacional basó sus indicadores en los datos de ocho de las 11 instituciones que utilizó como referencia para elaborar el IPC, entre ellas el Proyecto de Justicia Mundial, el Foro Económico Mundial o la Unidad de Inteligencia, una filial del Grupo The Economist, que edita la revista del mismo nombre.
Recomendaciones para México
- Corrupción e impunidad deben ser excepción y no regla. Las redes de corrupción formadas por empresas y funcionarios públicos deben ser investigadas, perseguidas y desmanteladas.
- Es necesaria una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política interna ni de la política externa. Su diseño deberá permitirle emprender acciones decididas, sistemáticas y permanentes para desmantelar redes de corrupción. México debe comenzar la transición de la Procuraduría General de la República hacia una Fiscalía General, asegurando una discusión técnica y abierta, así como apertura en el proceso de designación de su titular.
- El Congreso, y en particular los Congresos Locales, deben cumplir su función constitucional de ser un contrapeso a los poderes ejecutivos y cumplir cabalmente con su función de vigilancia de las decisiones y el ejercicio de los recursos a nivel local.
- Además de asegurar la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en el ámbito federal, es necesario iniciar el proceso de creación de los Sistemas Locales Anticorrupción: 19 de las 32 entidades federativas del país aún no lo han hecho. En el ámbito federal las reformas en materia de adquisiciones y obra pública deben ser una prioridad.
- En muchos estados del país, las instituciones que formarán parte de los Sistemas Locales Anticorrupción cuentan sólo con una autonomía jurídica, sin independencia real para investigar y sancionar la corrupción a nivel subnacional. Debe revisarse que existan contrapesos reales y no sólo formales entre los poderes de los estados, especialmente en los órganos de fiscalización estatales.
- En el contexto económico del país, además de las medidas de austeridad anunciadas, deben incorporarse instrumentos adicionales que fortalezcan la apertura gubernamental, la integridad y la apropiada fiscalización del gasto público.
Fuente: Proceso/ Transparencia Mexicana
