Llega a su fin el “peor” gobierno en la historia de Morelos

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Por Jaime Luis Brito/ Proceso

El “cambio” que prometió al llegar al gobierno se convirtió en más de lo mismo. Graco ofreció tres cosas: que en 18 meses acabaría con la inseguridad y Morelos sería “el paraíso” con el Mando Único y la transformación de la Procuraduría General de Justicia en una “fiscalía “moderna”; que cada dos años se sometería a la revocación de mandato, y que con recursos apoyaría a mujeres y jóvenes para que impulsaran proyectos productivos. No cumplió.

La inseguridad nunca cesó, y cuando se cumplieron 18 meses sostuvo que su compromiso había sido muy otros: “que en 18 meses se sentarían las bases para mejorar la seguridad”.

Pero Gerardo Becerra Chávez de Ita, próximo comisionado anticorrupción del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, recurda claramente que Graco dijo en sus redes sociales “que acabaría con la inseguridad, no que sentaría las bases. Mintió. Mintió como lo hace siempre”.

No sólo no detuvo los homicidios y las desapariciones, Morelos también se convirtió en la segunda entidad con declaración de Alerta de Violencia de Género. El 10 de agosto de 2015, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) la declaró en 11 municipios de la entidad. Y la respuesta del comisionado de Seguridad, Alberto Capella Ibarra, fue la revictimización de las mujeres asesinadas.

Pero sin duda el episodio más macabro y dramático del sexenio de Graco Ramírez en materia de violencia fueron las fosas clandestinas que su “moderna” fiscalía cavó en Tetelcingo y Jojutla para colocar ahí a centenares de cuerpos sin identificar.

“El gobierno de Graco Ramírez dejó en claro que el Estado puede ser criminal. El Estado desapareciendo cuerpos. ¿Por qué? Porque al final existe una complicidad comprobada entre miembros del Estado y de los grupos de la delincuencia organizada. Las fosas de Tetelcingo y Jojutla son una representación clara del infierno. Con Graco, Morelos se convirtió en el infierno del que nosotros habíamos prevenido a la nación en 2011, con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad”, dice el poeta Javier Sicilia.

Las fosas clandestinas fueron descubiertas por ciudadanas afectadas por la desaparición de familiares. María y Amalia Hernández, madre y tía de Oliver Wenceslao, se convirtieron en forenses e investigadoras ciudadanas. Junto con otras buscadoras como Angélica Rodríguez, Tranquilina Hernández y otras más, obligaron –de la mano del Movimiento por la Paz y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)– a abrir esos “hoyos del horror, hoyos del olvido”.

Graco Ramírez siempre dijo que todo estaba bien en las fosas. Que todos los cuerpos habían sido inhumados respetando todos los protocolos que marca “la forensia”, como él la llama. Porque, además, “todas las procuradurías y fiscalías de los estados hacen eso. Cuando ya no pueden tener los cuerpos en las Semefos (Servicios Médicos Forenses) los entierran en fosas”, aseguró. “Es normal”.

Y si hoy Jalisco cuenta con “tráileres de la muerte”, Morelos tiene sus “fosas del infierno”. Total, que los cuerpos se acumulan, las investigaciones no avanzan, la justicia no llega, la gente sigue desapareciendo. Y cuando no son fosas son tráileres, y el Estado no sabe qué hacer con las consecuencias de sus propias decisiones, en este caso haber declarado una “guerra demencial que sólo ha traído muerte y destrucción al país”, advierte Sicilia.

Las fosas de Tetelcingo y Jojutla no han sido completamente abiertas, por tanto, los cuerpos ahí colocados no se han exhumado o identificado.

“El problema es que ya hemos comprobado que esos cuerpos no fueron identificados. De las fosas de Tetelcingo hemos entregado ya 10 cuerpos a sus respectivas familias. Algunos de ellos eran buscados desde hace cinco-seis años. Tenemos la certeza que los demás también están siendo buscados. El Estado desapareció a personas y aquí están las pruebas”, añade el poeta.

Y sólo dos funcionarios menores han sido sometidos a proceso por esos hechos.

¿Revocación de mandato?

Graco tampoco cumplió su promesa de someterse a la revocación de mandato cada dos años. Durante su campaña electoral, en junio de 2012, dijo que se realizaría una consulta ciudadana para decidir si permanecía en el cargo.

Cuando cumplió dos años al frente del gobierno –el 1 de octubre de 2014– no sólo no realizó la consulta, sino que se justificó diciendo que no había ley reglamentaria del artículo 19 bis de la Constitución local, que entonces contenía la figura de participación ciudadana.

Claro que existía la Ley de Participación Ciudadana, pero con suficientes. De hecho, antes de esa fecha se promovió una reforma para crear un “Consejo Ciudadano de Participación Ciudadana”, pero jamás se consolidó. El Congreso local nunca aprobó tal iniciativa, de manera que no hubo forma de llevar a cabo ni consultas, ni revocaciones de mandato, ni nada.

El 10 de agosto de 2014, las organizaciones que conforman la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC) realizaron una marcha, y en el mitin realizado en la Plaza de Armas de esta ciudad propusieron que el 5 de octubre de ese año, pasados los dos primeros años de gobierno, se realizara una consulta popular sobre la continuación del tabasqueño en el cargo. Más de cien mil morelenses votaron para que se fuera.

Para 2016 Graco ya tenía todo el control del Congreso. Después de las elecciones intermedias, en las que el PRD sólo ganó ocho de 30 diputaciones posibles, el gobernador “salió de compras” y logró mayoría con diputados de Morena, PRI, Verde Ecologista, PAN, Nueva Alianza y Partido del Trabajo. A todos se los llevó al sol azteca y dejó sin representación a Morena y al PT, con solo un diputado por cada partido. Pero además contó con la participación de otros cuatro diputados de Movimiento Ciudadano, PRI, Verde Ecologista y PAN, y se construyó la mayoría.

Así que justo antes de cumplirse los siguientes dos años, en octubre de 2016, Graco Ramírez decidió con esa mayoría parlamentaria (19 votos) abrogar la Ley de Participación Ciudadana y de plano derogar el artículo 19 Bis de la Constitución Política, con lo que desapareció la revocación de mandato.

En agosto de ese mismo año, el Movimiento por la Paz, UAEM, Federación Auténtica del Transporte y CMMC crearon el Frente Amplio Morelense (FAM), y logró que 100 mil personas salieran a las calles al grito de “fuera Graco”. Al mismo tiempo preparaban la solicitud de consulta popular para echar de una vez por todas al tabasqueño. Así que el perredista tomó medidas radicales y determinó que “su Congreso” de plano dejara sin efecto legal la medida de revocación de mandato.

La medida enardeció a todos los sectores morelenses, porque no sólo no cumplió su promesa de ponerse a disposición de la ciudadanía, sino que además cerraba todos los canales de participación.

Corrupción del gobierno

El gobierno de Graco Ramírez no cumplió en materia de seguridad pública, no impulsó la democracia en la entidad y tampoco hizo nada en materia de transparencia. La corrupción, estuvo presente en todas sus acciones de gobierno, y fue su hijastro, Rodrigo Gayosso, quien se hizo cargo de los negocios de la familia.

Estos se extendieron a todas las áreas, particularmente obras públicas, salud, turismo y cultura. Lo que hizo Gayosso Cepeda fue traspasar la red de corrupción que saqueó Cuernavaca entre 2009-2012, durante la administración de Manuel Martínez Garrigós. El hijastro de Graco Ramírez apareció en 2009 como “asesor” del gobierno municipal de esta capital y luego ocupó la Secretaría General, desde donde operó, primero, la aprobación de un crédito para la ciudad por 600 millones de pesos, y luego creó una red para transferir esos fondos públicos a empresas privadas que lo beneficiaron.

Este esquema de transferencia de saqueo de las finanzas públicas en beneficio personal fue luego incrustado en el gobierno de su padrastro Graco Ramírez en Morelos. La red de cómplices y operadores tuvo como hilo conductor el grupo de amigos que Gayosso Cepeda tejió en la escuela secundaria privada conocida como Marymounth en los años 90.

En esta red están incluidos sus amigos más cercanos, como Andryk Ruiz de Chávez y César Mendoza Tajonar, así como Elsa Iragorri Dávila y su esposo Jerónimo Bernal Soliveras; Jorge Meade González, Alejandro Alonso Arriola, Sergio Soto, Jorge Sánchez Rodríguez, Sergio Beltrán Toto, los hermanos Óscar y Sergio Prado, entre otros. La mayoría de ellos fueron colocados en las principales áreas de asignación de contratos o manejo de las finanzas de las secretarías de despacho de la administración morelense.

De acuerdo con testimonios recabados entre excolaboradores, exfuncionarios municipales, empresarios y activistas, este mecanismo de saqueo fue ensayado en Cuernavaca entre 2009 y 2012 y luego perfeccionado en los últimos cuatro años en el gobierno de Graco Ramírez con la contratación de créditos para obra pública, la creación de empresas fantasmas o controladas y la asignación directa de los contratos, además de obras inútiles, inacabadas o inexistentes.

Al inicio de su gobierno, el perredista colocó en las secretarías de despacho a personajes que le permitieron el pago de compromisos y cubrió la cuota de género. Sin embargo, en las áreas de control administrativo y de asignación de contratos nombró a los amigos más cercanos, cómplices de Gayosso en el ayuntamiento de Cuernavaca.

Por ejemplo, en la Secretaría de Obras Públicas nombró a la líder perredista Patricia Izquierdo, sin embargo, como subsecretario de Evaluación y Seguimiento designó a Sergio Beltrán Toto, quien trabajó muy de cerca con Gayosso Cepeda en Cuernavaca y actualmente “palomea” los contratos, aprueba las licitaciones y decide, siempre “recibiendo órdenes”, a quién se otorgan las obras públicas, según cuentan empresarios constructores que pidieron el anonimato.

En la Secretaría de Salud Graco nombró primero a la hermana del exgobernador de Texas, Bill Richardson, Vesta Richardson López Collado, quien renunció el 22 de enero de 2016, supuestamente por un desencuentro con el brazo derecho del “hijastro” en esa dependencia, Andrik Ruiz de Chávez Arista, quien ocupó la subsecretaría de Turismo de Cuernavaca en la administración de Martínez Garrigós.

Ruiz de Chávez es amigo de Rodrigo Gayosso desde la secundaria en el Marymounth. De hecho, existe una fotografía, en poder de Proceso, donde se observa a ambos personajes, muy jóvenes, en una de las movilizaciones contra Jorge Carrillo Olea en 1997, en plena Plaza de Armas de Cuernavaca.

Tras la salida de Richardson, la entonces titular de los Servicios de Salud, Ana Patricia Mora Chávez, fue nombrada en su lugar, y en el puesto de esta última quedó otra de las amigas de Gayosso Cepeda, Giorgia Rubio Bravo, quien ahora hace mancuerna con el propio Ruiz de Chávez Arista.

En la Secretaría de Gobierno, Graco nombró al inicio de la administración a su principal seguidor y amigo, Jorge Messeguer Guillén, quien dejó el cargo a finales de 2014 para contender por la alcaldía de esta capital. El perredista quedó el cuarto lugar, a pesar del dispendio en espectaculares, bardas, entrevistas en medios de comunicación y anuncios en transporte. Fue superado por Cuauhtémoc Blanco, la priista Maricela Velázquez Sánchez y el panista Luis Miguel Ramírez.

En el lugar de aquel fue nombrado el también perredista Matías Quiroz Medina, entonces alcalde de Tlaltizapán, y la subsecretaría de Gobierno la asumió en ese momento otro amigo de Gayosso, el priista Jorge Meade González, hijo del delegado de la Sedesol en Morelos, Jorge Meade Ocaranza, eterno aspirante a presidente municipal de Cuernavaca.

Meade González fue regidor por el PRI en la administración de Martínez Garrigós. Este personaje, junto con los hermanos Óscar y Sergio Prado Alemán, se convirtieron en los operadores políticos de Gayosso Cepeda, quien en noviembre de 2014 peleaba por convertirse en candidato a diputado local plurinominal por el PRD, pero no logró su cometido. Los grupos perredistas locales se opusieron, pero en los acuerdos de mesa el gobernador lo impuso como dirigente estatal del partido. Luego dijo que la designación fue “por unanimidad”.

Con el hijastro al frente del PRD, Sergio Prado fue nombrado secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal, y en octubre pasado se convirtió en presidente del partido en esta ciudad. Tanto Sergio como su hermano Óscar Prado Alemán y Jorge Meade González, fueron denunciados en la elección de 2015 por hostigar a militantes de otros partidos políticos para imponer a su candidato, Jorge Messeguer Guillén.

Además, Meade González fue el encargado de llevar el mensaje de amenazas de Gayosso Cepeda al comunicador Juan José Arrese, a quien advirtió: “Se lo va a cargar la chingada por seguir con sus mamadas en el ayuntamiento” de Cuernavaca. De ello dio cuenta Apro el pasado 13 de diciembre.

El infierno

Cuauhtémoc Blanco “va a tener que administrar el infierno”, no sólo por los problemas económicos de una deuda de casi 7 mil millones de pesos con bancos e instituciones,y otros 5 mil más con proveedores, sino sobre todo por la inseguridad, que incluye desapariciones, homicidios y feminicidios.

Dice Sicilia: “El gobierno de Morelos será la administración del infierno, literal”, con una deuda millonaria, en medio de una guerra por la plaza de los cárteles, con grupos organizados de autodefensas, con una economía que no crece y una universidad en huelga porque necesita un rescate de casi mil 800 millones de pesos.

No sólo eso: hay cientos de familias afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, quienes hasta ahora no han recibido los apoyos prometidos para la recuperación de su patrimonio familiar

Se destinaron mil 700 millones de pesos, pero existe un porcentaje importante de ciudadanos que no han sido apoyados, lo que en los últimos días derivó en protestas, y ahora será el exfutbolista quien gestione nuevos recursos para concluir la reconstrucción.

Esa es la herencia de Graco Ramírez a un improvisado equipo que se conocerá en las próximas horas, porque Cuauhtémoc Blanco Bravo decidió esperar hasta el último minuto para dar a conocer a los integrantes de su gabinete.

Sin embargo, en medio de la incertidumbre se respira un aire de alivio entre la población, porque “ya se va el peor gobierno que hemos tenido”, dice una mujer afectada por el sismo.

Fuente: Proceso

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