Por Lydia Cacho
Entre el conteo de asesinatos y la polémica por las nuevas reformas, casi nadie ha reparado en cómo el PRI de Peña Nieto ha logrado desarticular los avances que las asociaciones de derechos humanos llevaron a cabo junto con los dos gobiernos anteriores para el fortalecimiento de las acciones de las organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Vicente Fox cometió grandes errores, pero uno de sus aciertos fue el fortalecimiento de el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) a través de la integración de expertas y expertos que, surgidos de la academia y del activismo profesional, establecieron nuevos parámetros para crear el registro de las asociaciones civiles que concursan por obtener recursos públicos para, por ejemplo, atender a víctimas de violencia, educar a poblaciones indígenas, aplicar programas de salud sexual y reproductiva, todas tareas que corresponden al Estado y a las que la sociedad se une para agilizarlas, mejorar las prácticas de atención a víctimas y fomentar la transparencia.
Cuando la reconocida feminista Cecilia Loría fue nombrada por Josefina Vázquez Mota para dirigir Indesol, se logró lo que antes con el PRI era impensable: transparentar los vínculos entre el gobierno y la sociedad civil organizada, abrir mesas de diálogo efectivas y no debates infructuosos; crear programas para profesionalizar a las organizaciones de tal forma que fueran más efectivas, transparentes y modernas en el aspecto administrativo y financiero; crear un registro nacional de OSCs y fortalecer las redes de apoyo multidisciplinario. También se logró que los comités de aprobación de recursos fueras académicos y las organizaciones concursantes aprobaran no por influencias sino por efectividad comprobada.
En los dos últimos sexenios se lograron erradicar las prácticas corruptas de una Sedesol priista antes acostumbrada a “apoyar” a organizaciones políticamente afines al partido gobernante. Se logró, gracias al ex secretario de salud Julio Frenk, desarrollar un modelo de Norma Oficial moderna que reconoce la violencia de género como un problema de salud pública y no policíaco. Luego de mucho trabajo entre las organizaciones y representantes del gobierno federal, así como con legisladoras/es, se aprobaron leyes integrales y reglas para que los recursos de nuestros impuestos sean utilizados en beneficio directo de la sociedad a través de servicios que sólo la sociedad civil puede prestar y que los gobiernos locales comúnmente se niegan a otorgar a sus gobernadas. Pero todo eso ha sido desarticulado por el gobierno Enrique Peña Nieto en menos de dos años.
Tanto Indesol como Inmujeres han querido transformar a las organizaciones profesionales de la sociedad civil en empresas sociales al servicio del Estado; mediante convocatorias y procesos de dictaminación poco transparentes, lanzados por esas dependencias federales, se imponen temas, se excluyen a organizaciones y se eliminan acciones fundamentales para el desarrollo.Cimac noticias reveló ayer que feministas, académicas y organizaciones civiles, coordinadas en la agrupación Ágora Feminista, con Católicas por el Derecho a Decidir y la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC) denunciaron que en los últimos tres años se ha creado una “política de exterminio” contra las organizaciones civiles, pues al mismo que se aumentan requisitos absurdos para acceder al presupuesto público, se reducen los fondos para las actividades ciudadanas.
Algunas de las más prestigiadas activistas de México, que defienden a niñas, jóvenes, mujeres y niños, han dicho que el gobierno federal busca que ajusten y cambien su trabajo, sus metodologías e incluso los objetivos sociales como si se tratara de negocios que ya no son redituables. Por ejemplo Indesol limita la posibilidad de recursos a más de un proyecto, e Inmujeres obliga a las organizaciones que buscan fondos públicos a que firmen cartas para recibir los recursos siempre y cuando renuncien a la posibilidad de acceder a otros fondos; cuando en todo el mundo lo deseable es la co-inversión entre diversas donatarias, para evitar poner toda la carga en manos del Estado. Además el Inmujeres establece una serie de requisitos fiscales y administrativos en plazos imposibles de cumplir, incluyendo criterios de “anti lavado” de recursos que imposibilitan a las organizaciones recibir donativos de empresas y de personas físicas; exigencias que no se ponen a las grandes empresas.
Después de que México logró modernizar los instrumentos de cooperación entre el Estado y la sociedad civil, ha regresado el dinosaurio con sus viejas prácticas de aniquilación de la sociedad civil organizada. No solamente los estados han dejado de invertir en la atención a víctimas de violencia, están además recortando fondos a los Institutos de la mujer y han olvidado a las clínicas rurales y a los DIFs y a miles de niños y niñas en situaciones vulnerables que no necesitan caridad sino protección, educación y salud. Está claro que no quieren que las organizaciones documenten la cantidad de personas que necesitan ayuda, porque esto muestra la ineficacia del gobierno.
Las organizaciones unidas han exigido una reunión multisectorial para que todas las dependencias consideren que los recursos públicos “no son una dádiva”, sino el derecho de las activistas para financiar proyectos de interés social que el gobierno no emprende. El PRI sabe bien que las organizaciones que defienden, promueven y protegen los Derechos Humanos de las Mujeres han tenido un papel fundamental en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Las activistas que han revelado estas acciones de PRI, en muchos casos han tenido que enfrentar desde campañas de desprestigio hasta persecución y criminalización por parte de los gobiernos locales. Pero una cosa está clara, han dicho que no se darán por vencidas, ni aun cuando haya que comenzar de nuevo lo que se hizo hace dos sexenios. Me pregunto qué pensarán las cooperaciones internacionales sobre este retroceso, cómo se miden los avances de un gobierno que pretende aniquilar las acciones ciudadanas para ayudar a la sociedad a salir adelante.
@lydiacachosi
Fuente: Sin Embargo
