La CEDH desecha queja del exgobernador César Duarte contra Javier Corral

0

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua desechó la queja del exgobernador César Duarte Jáquez -prófugo de la justicia-, en la que pidió que se le considerara perseguido político por el actual gobernador, Javier Corral Jurado.

El presidente de la CEDH, José Luis Armandáriz González, dio a conocer que el pasado 14 de septiembre, le informaron a ambas partes que acordaron la no responsabilidad del Poder Ejecutivo en los hechos de los que se le acusaron.

Duarte se consideraba perseguido político y denunció que no se respetó la presunción de inocencia porque en notas de prensa y en declaraciones de Corral Jurado como senador y posteriormente, como gobernador, lo señalaba por el desvío de recursos públicos.

En las notas, agregó Armandáriz, señalaba que había expedientes en contra de César Duarte y órdenes de aprehensión porque estaba acusado de diversos delitos. También interpuso la queja por los cateos que la Fiscalía General del Estado realizó en sus propiedades.

El ombudsman explicó que la CEDH resolvió que las órdenes de aprehensión y los cateos realizados, no corresponden al Poder Ejecutivo sino al Judicial, por lo tanto no hay materia que resolver en ese sentido.

Respecto de los señalamientos, notas periodísticas y declaraciones de Corral, el organismo resolvió que es obligación el Poder Ejecutivo atender el principio democrático de informar a la ciudadanía las causas relacionadas con recursos públicos.

Armendáriz agregó en entrevista con el portal Al Contacto, que por haber sido servidor público, el quejoso debe estar sujeto a menos protección y a mayor escrutinio de la opinión pública, porque el caso tiene que ver con recursos públicos.

Como exfuncionario, Duarte debe tener mayor nivel de tolerancia y mayor crítica, por lo que se determinó que no existen elementos suficientes para considerar que es perseguido político.

La forma en la que ha actuado el Ejecutivo, añadió, encuadra dentro del deber de informar las acciones legales que se instauren en las causas que involucren recursos públicos.

Fuente: Apro

Comentarios