Una Corte federal en la ciudad de San Francisco, California congeló la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump con la que busca negarle fondos federales a las ciudades o poblaciones que funjan como refugio de inmigrantes indocumentados y no los entreguen a las autoridades para su eventual deportación a sus países de origen.
El juez federal William H. Orrik impuso una medida legal contra la orden ejecutiva que Trump firmó el pasado 25 de enero, bajo la cual pide a las autoridades locales y estatales de poblaciones y ciudades de los 50 estados de la Unión ordenar a sus policías actuar como agentes migratorios para ubicar y detener, con fines de deportación del país, a los inmigrantes indocumentados.
La negativa al pedido de Trump implica la suspensión de entrega de fondos federales a las entidades que no persiguieran a los indocumentados. Como seguimiento de la orden ejecutiva de Trump, el procurador general de Justicia Jeff Sessions, y el general John Kelly, secretario de Seguridad Interior, se comprometieron a divulgar mensualmente una lista con el nombre de las entidades que no cooperaran con el gobierno federal en la detección, aprehensión y eventual deportación de los inmigrantes indocumentados.
La medida de Trump para castigar a las llamadas “ciudades santuario” de indocumentados fue determinada por el juez Orrik como impositiva e incoherente en su legalidad constitucional.
El fallo del juez federal fue el resultado de la demanda contra la orden ejecutiva presentada en la Corte californiana por las autoridades de las ciudades de Santa Clara y San Francisco.
La decisión del juez federal, plasmada en 49 páginas, sostiene que el mismo gobierno de Trump comete muchas irregularidades y desatinos al interpretar la orden ejecutiva y querer imponerla.
El magistrado de la Corte de San Francisco consideró inconstitucional al hecho de que el procurador Sessions amenace con sancionar a las ciudades y poblaciones que no cooperen con las medidas migratorias firmadas por el presidente Trump.
“Como resultado de este mecanismo esquizofrénico de la orden a los condados (municipios), se da la dispersión de un temor por el incumplimiento de la orden, la cual no es clara; por lo cual el presidente y el procurador general causan mucha confusión entre los estados y las jurisdicciones estatales de lo que les puede causar la pérdida de fondos federales”, argumentó el juez en su fallo.
Con la orden de ejecutiva de Trump las policías locales y estatales deberían reportar al Departamento de Seguridad Interior la detención de inmigrantes indocumentados que hayan cometido algún delito.
Entre las faltas que bajo la orden ejecutiva de Trump se consideran como delito graves se enlistan las violaciones de tránsito.
Una persona detenida por la policía, y que de acuerdo con la prerrogativa del agente o los agentes que la interroguen por haber cometido la menor falta a las leyes les parezca que tiene un aspecto físico que encaja en el perfil de un extranjero, deben por obligación preguntarle su estatus migratorio en Estados Unidos.
De tratarse de un inmigrante indocumentado, los policías estarían obligados a retener a la persona hasta que los agentes migratorios asuman su custodia para su eventual deportación. Si no lo hacen, el gobierno de Trump suspendería la entrega de fondos federales a la entidad a las cual pertenezcan los agentes de la ley.
Fuente: Apro
