El fin de un sexenio mediático

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Por Jesús Cantú

Tras ocho semanas de ausencia casi absoluta –interrumpida únicamente por los tres encuentros en Palacio Nacional con el presidente electo– Enrique Peña Nieto aprovechó al máximo los 13 días anuales de presencia en medios de comunicación para intentar convencer a los mexicanos de que “hoy somos un país mejor del que éramos hace seis años” y de que durante su sexenio se construyó “una nueva plataforma de desarrollo, no sólo para estos seis años, sino para las siguientes décadas”.

El presidente dedicó las dos últimas semanas a ocupar espacios en los medios de comunicación con entrevistas; la saturación de los espacios comerciales con promocionales de los presuntos logros de su sexenio; y, el pasado lunes 3, con la emisión de su sexto y último mensaje de gobierno.

Los resultados más presumibles se encuentran en el ámbito económico, ya que es el primero de los últimos seis sexenios en los que no se experimenta una recesión y también el que mayor número de empleos formales ha creado, con casi 4 millones.

Sin embargo, estos resultados hay que matizarlos porque el crecimiento promedio se mantuvo en un promedio de 2.5% anual y, aunque sí fue mejor que el promedio de los dos sexenios panistas, es el peor de los priistas, salvo el de Miguel de la Madrid, y el año con mayor crecimiento fue 2015, con apenas 3.3%; según Jonathan Heath, “el peor mejor año para cualquier administración gubernamental desde que existen los sexenios”. Además, de acuerdo con el mismo analista, es “el primer sexenio en que el gasto público no contribuye en el crecimiento económico”.

En una colaboración publicada el 30 de mayo en el periódico Reforma, Heath señala que, según estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la inversión pública como proporción del PIB se encuentra en su nivel más bajo desde 1939. Mientras tanto, la inversión privada ha crecido en promedio anual 2.1%, muy por debajo de sexenios anteriores, y tuvo disminuciones de 3.8 y 0.6% en 2013 y 2017, lo cual muestra que, contrario a la expectativa de que las llamadas reformas estructurales acelerarán la inversión, esto no ha sucedido así.

En el terreno del empleo hay dos observaciones importantes: una, según Heath, “se estima que la mitad del aumento fue de personas que ya estaban ocupadas pero que no estaban inscritas en el IMSS”, es decir, en realidad fue la disminución de la tasa de la informalidad, que de cualquier forma se mantiene en 57% a finales del sexenio; y dos, que la mayor parte de los empleos creados son de muy bajo ingreso, ya que en los primeros cinco años de gobierno el número de trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos se incrementó en 3 millones.

Análisis aparte merecen los tres aspectos distintivos de su sexenio: la violación de los derechos humanos, la inseguridad y la corrupción. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, y el escándalo de la Casa Blanca de Las Lomas, denunciado el 9 de noviembre del mismo año por Carmen Aristegui y este semanario, marcaron el inicio del ocaso del presente gobierno y lo retratan.

En el último mensaje presidencial no merecieron ni una mención las violaciones a los derechos humanos. Las únicas dos ocasiones en las que hace referencia a éstos es para destacar que la Red Consular mexicana combate las violaciones que nuestros connacionales sufren en el vecino país del norte, así como la participación “de forma constructiva en la defensa de los derechos humanos y la democracia en nuestra región”. Nada sobre las reiteradas observaciones que el gobierno de Peña Nieto recibió de las instancias de derechos humanos de la ONU y la OEA.

Respecto a la inseguridad y violencia agudizada en los últimos dos años, que alcanzan cifras récord especialmente en materia de homicidios dolosos, Peña Nieto afirma: “Estoy consciente de que no alcanzamos el objetivo de recuperar la paz y la seguridad para los mexicanos en todos los rincones del país”, pero elude su responsabilidad, pues destaca que su gobierno tuvo éxito al disminuir significativamente las capacidades y dimensiones de las organizaciones criminales; pero que “ese mismo debilitamiento provocó el surgimiento de bandas criminales de menor tamaño, sin que existieran, en el ámbito local, las capacidades policiales necesarias para enfrentarlas con eficacia”.

Así el gobierno federal fue exitoso y los que fallaron fueron los gobiernos estatales y municipales; incluso recalca que, desde noviembre de 2014, él promovió una reforma constitucional para establecer las 32 policías estatales únicas.

En el terreno del combate a la corrupción, el tono es incluso triunfalista: “A través del fortalecimiento y la construcción de instituciones, también respondimos a una de las mayores exigencias de la población: desterrar la corrupción de nuestra vida pública”. Y destaca el impulso al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y el Sistema Nacional de Transparencia, para rematar: “Quienes quebrantan la ley y traicionan la mística del servicio público, merecen todo el rigor de la propia ley. Así ha actuado el Estado mexicano sin distinción”.

Ninguna mención merece la incapacidad de su gobierno para integrar adecuadamente las instituciones que conforman el SNA y, en consecuencia, el que el comité coordinador del mismo esté incompleto y no haya podido funcionar adecuadamente. Tampoco hay referencia alguna a la liberación de Elba Esther Gordillo, la reclasificación de las imputaciones al exgobernador veracruzano Javier Duarte o la liberación de Alejandro Gutiérrez (operador financiero del exdirigente nacional priista Manlio Fabio Beltrones), tres casos emblemáticos de la corrupción imperante en el sistema político mexicano.

La presencia mediática del presidente contrasta con la inacción de su gobierno frente a los linchamientos en Puebla e Hidalgo, la violencia en la UNAM y la ola de inseguridad que azota a varios estados y regiones. El presidente saliente dedica sus últimos días en el gobierno a saturar los espacios en los medios de comunicación masiva y reclamar un lugar en la historia, mientras deja a la deriva la conducción del gobierno.

Fuente: Proceso

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