Vestidos únicamente con taparrabos estampados con fotografías del ex gobernador Patricio Chirinos Calero, integrantes de la organización los 400 Pueblos caminaron de Perote hasta el centro de Xalapa, capital del estado para demandar “justicia” al Procurador General del Estado, Amadeo Flores Espinosa.
La caminata como llamaron a la movilización es en “demanda de justicia por actos de corrupción y represión durante la administración de los ex gobernadores Patricio Chirinos Calero y Miguel Alemán para apropiarse del predio Chichicoaxtla y venderlo a la Secretaría de la Reforma Agraria en cientos de millones de pesos”.
Acusan que el entonces subsecretario de gobierno, Jorge Uscanga Escobar fue operador y beneficiario de ese intento de fraude a la Federación.
A principios de 1995 el gobierno de Carlos Salinas anunció y aprobó la construcción de la autopista México-Tuxpan y la carretera costera Tuxpan-Veracruz que atravesaban por el citado predio ubicado en Tihuatlán, al norte del estado, mismo que se encontraba y sigue aún en posesión del Movimiento de los 400 Pueblos, liderada por César del Ángel Fuentes.
Este hecho motivó que “Chirinos y Miguel Ángel Yunes Linares conspiraran para adueñarse de la fracción del predio donde pasaría la autopista y ofrecieron a los 400 Pueblos una negociación que significara la libertad de todos los campesinos que aún están presos”.
Los campesinos se negaron a la negociación y permanecieron en la cárcel violando sus derechos humanos hasta el término del gobierno de Chirinos.
“Miguel Alemán hereda el negocio y su subsecretario de gobierno, Jorge Uscanga ordena a sus colaboradores sean testigos de un convenio fraudulento en donde los campesinos posesionarios del predio cedían las tierras para que se devolvieran a sus supuestos propietarios”.
Precisa que este “acto de corrupción alemanista” fue pretexto para que la fuerza policial entrara el 28 de mayo de 2002 al predio y desalojaran a los campesinos, muriendo allí uno de ellos, Manuel Viveros Rodríguez.
El 26 de junio de ese mismo año 2 mil policías con sus patrullas y helicópteros ingresaron de nuevo al predio y detuvieron a más de 60 campesinos a quienes torturaron y declararon culpables del homicidio de su compañero.
El gobierno federal panista con Santiago Creel en Gobernación, intervino y liberaron a los campesinos, logrando evitar el fraude y despojo, pero hasta la fecha los entonces funcionarios estatales no han sido castigados por la agresión y el fraude que pretendían cometer al gobierno de la república.
Los manifestantes amenazan con permanecer en la capital del estado por tiempo indefinido, hasta que los escuchen y “se haga justicia”.
