Por Jaime García Chávez
Empecemos por el derecho. Lo primero que observamos es el gran déficit legislativo para combatir la corrupción política. Hay muchas leyes, pero el entramado de las mismas –sobre todo las áreas de auditoria, fiscalización, diseño institucional y derecho penal– deja pocos espacios para sanear la vida pública y tornarla en un ejercicio responsable, ético y, en su caso, punible con efectividad.
Construir una denuncia de la naturaleza de la que se planteó es, por decir lo mínimo, sumamente difícil. Empezando porque la información siempre está encriptada y es de imposible acceso. A su tiempo narraré cómo fue que encontré el fideicomiso que César Duarte y su esposa instituyeron para apoderarse de un paquete accionario controlador del Banco Unión Progreso de Chihuahua, pieza clave de una argumentación mayor que, sustentada en un enriquecimiento ilícito, dio alcances muy superiores en la defraudación del patrimonio público. Hagámonos cargo de que hoy, si no hubiéramos emprendido la batalla, tendríamos un gobierno priista y un hombre fuerte que a sus relaciones de poder habría agregado la fortaleza de tener en sus manos el dominio de una institución de banca múltiple que le habría dado un peso específico para continuar en el poder de facto y en la rapiña. Para quienes creen que no hemos ganado batallas, aquí se sugiere esta.
Para el derecho y sus principios es una obviedad agregar el conflicto de intereses de Jaime Ramón Herrera Corral, el actor polifacético que era apoderado del banco en creación y a la vez secretario de Hacienda. Demostramos documentalmente que Moody’s –la poderosa corporación financiera mundial— le cerró el paso a la constitución del banco con dos argumentos que no dejan lugar a dudas: el primero fue que subrayó que los accionistas eran los funcionarios del propio Gobierno; el segundo, que no tenía el tamaño financiero para crear la institución. Pero como en un país de impunidad todo es posible, procedieron a simular lo primero y a convertir a Jaime Herrera Corral en secretario de Hacienda para fondear el banco con recursos públicos de los chihuahuenses, todo lo cual está demostrado y cae en el ámbito del ancestral abuso del poder.
Demostrar esto conforme al derecho, insisto, es un trabajo arduo que, si hubiese funcionarios leales a la República, se podría complementar con el funcionamiento de las instituciones, precisamente el segundo componente y, en este caso en concreto, el Ministerio Público, ubicado en procuradurías y fiscalías, Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda.
Todo transitó por el embudo de la PGR que se ocupó solo de encontrar los argumentos para defender a César Duarte y sus cómplices, como lo demuestra la pretensión de no ejercitar acción penal en su contra y con argumentos falaces. En este marco, hay que partir de la idea de que las instituciones no están ahí para el beneficio de la sociedad, sino para el patrocinio de quienes hacen del ejercicio del poder público la mejor oportunidad para la expoliación.
Hay una clara confusión entre los intereses públicos y los intereses privados y una contradicción con un principio que da cuerpo jurídico a las instituciones en un Estado democrático: quienes están en la función pública deben estar ajenos a quienes solo buscan satisfacer sus intereses, de sus socios, familiares, amigos y compadres. En el Estado se han de encontrar los servidores y en los negocios quienes quieran prosperar económicamente.
Aquí lo que vimos es que las instituciones a las que hemos retado para que apliquen el derecho no cumplen con su deber, principiando por la Procuraduría General de la República; carecen de delimitaciones precisas, las que son obligadas para los que ejercen el poder público, pero también las que están en el mercado y en el ámbito de los negocios.
En el escándalo Unión Progreso, el Estado quedó convertido en una simple fachada, tras de la cual se protegieron durante seis años los saqueadores, los delincuentes que golpearon brutalmente a Chihuahua en todos los órdenes de su vida y frente a los cuales la bondadosa titular que encabeza la indagatoria en la Procuraduría de Peña Nieto se detiene para consultar el no ejercicio de acción penal alguna.
Esto significa validar 65 millones de pesos en un gobernador sin historia económica, atrapar una unión de crédito para convertirla en banco a través de mecanismos mafiosos y apoyos de una casta empresarial prohijada al amparo del poder y los negocios gubernamentales, ver convertirse simultáneamente y sin rubor alguno, en banqueros a los funcionarios y así fortalecer financieramente el propio proyecto bancario, autodepositarse muchos millones de pesos del erario en el propio engendro que autorizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, según se lee en el Diario Oficial de la Federación que dirige, ni más ni menos, que el secretario de Gobernación de este país. Este es el retrato de las instituciones que tenemos, a las que retamos con nuestra acción para que acaten la ley.
Aquí paso al tercer componente: en noviembre de 2014, fundamos el brazo cívico para depositar la fortaleza de la lucha en la Unión Ciudadana. Fuimos al rescate de la legalidad y las instituciones desde abajo, porque previamente no vimos que funcionaran los pesos y contrapesos que dispone la Constitución para el control del poder. El Congreso y todas sus fracciones eran un cuerpo inerte al servicio de los privilegios que les prodigaba la tiranía, todos los partidos sin excepción estaban enajenados al poder y en el desprestigio, los empresarios le aplaudían hasta que se les hinchaban las manos, la Iglesia Católica en pleno celebraba la consagración del gobernador, el presidente de la República satisfecho galardonaba a tres gobernadores de la nueva generación priista: el Duarte norteño, Duarte tropical y al Borge del Caribe mexicano. En los medios, la vida era rosa y muchos pensaban, como lo dijo Marx en un tiempo de canallas, que lo único que podíamos hacer eran estercoleros en miniatura.
Pero Unión Ciudadana demostró que había otra ruta y lanzó la iniciativa de resistir, apoyándose en el derecho, fomentando un funcionamiento institucional con patriotismo constitucional y liberando fuerzas para impedirle al PRI cinco años más en el poder.
Las varias pistas por las que ha corrido esta lucha, condujeron a resultados desiguales. Si viviéramos en un régimen democrático y parlamentario, por ejemplo, la lectura electoral de 2016 habría dejado muy claro dónde está la legitimidad y gran rango de operación para resolver la encrucijada chihuahuense. Pero no ha sido así, el autoritarismo corrupto, el régimen soportado en el pacto de impunidad no quieren ceder. Quieren que todo lo que tenga que ver con la corrupción se maneje entre los integrantes de la clase política. La corrupción es muy importante como para que de ella se ocupen los ciudadanos. En este marco, descreer del derecho puede abrir las compuertas a las vías tradicionales de sacudir la vida nacional.
Sigo pensando que el derecho debe normar a la política. Veo en el régimen de Peña Nieto que el derecho no vale ni el papel en el que está inscrito. Las instituciones están encabezadas por malvados que solo proveen a la reproducción de su poder y sus privilegios y los ciudadanos, unidos o dispersos, aún no encuentran los cauces para hacer valer lo que les corresponde, lo que les es propio. Creyeron que en Chihuahua el nuevo gobierno les abriría grandes alamedas y hoy están en el desengaño.
Por eso pienso, parafraseando a don José María Luis Mora: “Si el gobierno no cumple la ley, que los ciudadanos lo desobedezcan”.
