Ayotzinapa sí fue un crimen de Estado, sostiene Álvarez Icaza

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Concluida su gestión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza define su postura sobre asuntos que confrontaron al organismo internacional con el gobierno mexicano. Ahora dice con todas sus letras: el de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, la negación de la crisis de derechos humanos ha llevado a una mayor descomposición del país, y la administración de Peña Nieto ha establecido un sistema de complicidades con el Ejército, así como otras autoridades lo hacen con el crimen organizado.  

batallón-de-infantería-IgualaPor José Gil Olmos/Proceso

Más que una crisis de derechos humanos, el gobierno de Enrique Peña Nieto sufre una descomposición peligrosa en esa materia porque nada detiene el cáncer de la violencia, la corrupción, la injusticia y la connivencia entre el crimen y agentes del  Estado, afirma el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza.

En la primera entrevista a su regreso de Washington, donde está la sede de la CIDH, Álvarez Icaza advierte que el gobierno peñanietista tiene una enorme responsabilidad porque no atendió a fondo la crisis de derechos humanos que ya se registraba hace dos años y porque ha sido evidente la incapacidad de las autoridades y su colusión con el crimen organizado, como en el caso de Ayotzinapa.

Además sostiene que esta administración ha sido más opaca que las panistas en su relación con el Ejército porque con Vicente Fox y Felipe Calderón el vínculo era más institucional. Con Peña Nieto, señala, “el entendimiento del PRI y la Secretaría de la Defensa Nacional es más próximo y de cuasi complicidad. El Ejército ha ganado muchísimo espacio en esta administración y más peso en algunos casos de ejecuciones y desapariciones como la de los jóvenes de Ayotzinapa.

“Esta negativa de investigar qué pasó con el batallón en Iguala es insostenible. En una regla democrática, el Ejército es una institución de la democracia y no se puede seguir pensando y entendiendo bajo códigos de excepción. La normalidad democrática presupone que, con respeto al principio de la Ley de Seguridad Nacional, los militares también están sometidos al escrutinio y la revisión de cuentas. Sin embargo, el Ejército sigue reproduciendo su estado de excepción que está por encima de la Constitución. En esta administración se protege, solapa y cubre al Ejército”.

Para Álvarez Icaza es claro que el gobierno mexicano ha tratado de minimizar a nivel internacional la dimensión del problema, como si pudiera resolverse con una buena imagen oficial:

“La cancillería ha actuado en pleno retroceso. No sólo no ha querido reconocer el problema, sino que se ha dedicado a atacar todo cuestionamiento. El subsecretario de Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, es un hooligan con corbata que se ha dedicado a atacar y amenazar como en los peores tiempos del PRI; es un golpeador que intriga y miente pretendiendo construir una narrativa oficial similar a lo que ahora vimos en el informe de gobierno de que las buenas noticias no se cuentan.”

Sin embargo, el exfuncionario de la CIDH señala que esta política internacional del gobierno peñanietista ha fracasado, pues representantes diplomáticos en derechos humanos de varios países tienen la información de sus inversionistas, quienes denuncian las dificultades que tienen en México por la extorsión, el pago de derecho de piso, las amenazas, el moche y los secuestros del crimen organizado.

También expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Álvarez Icaza observa que esta descomposición en materia de derechos humanos coincide con que la administración de Peña Nieto se percibe anticipadamente en su etapa final:

“Este es el gobierno con los peores niveles de aceptación y de popularidad; un gobierno que, faltándole un tercio, deja la sensación de que está de caída, de bajada y de salida, y que en derechos humanos no resuelve la enorme crisis porque ya no le alcanza el cosmético para cubrirse.”

Recuerda que al inicio del sexenio Peña Nieto mandó una serie de mensajes que fueron bienvenidos, como la publicación de la Ley General de Víctimas, la puesta en marcha de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Fondo de Atención a Familiares de Víctimas y el Programa Nacional de Derechos Humanos.

No obstante, indica, fueron señales de carácter “cosmético” porque la CEAV se convirtió en una de las grandes falsedades del Estado mexicano y resultó un absoluto fracaso.

“Tanto se luchó por la creación de esa instancia como parte de una política de Estado, y no llega ni a ser una aspirina para atender a las víctimas. Mientras que el Fondo de Atención a Familiares de Víctimas, con un presupuesto de mil 400 millones de pesos, es una burocracia que se pelea entre sí para saber quién es víctima.”

Según Álvarez Icaza, el gobierno de Peña Nieto tiene la idea de que garantizar los derechos humanos no es una obligación, sino una concesión gratuita que cuesta mucho dinero: “No se acaba de entender que los derechos humanos no son una bandera política para ganar o quitar votos ni una estrategia de control de daños, sino el centro de la gobernabilidad democrática”.

Simbiosis crimen-autoridades

A dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, el exsecretario ejecutivo de la CIDH sostiene que el caso ya es un ejemplo emblemático, no sólo de la crisis de derechos humanos en México, sino de la descomposición política.

“Ayotzinapa evidencia y concretiza la incapacidad del aparato de justicia de Peña Nieto, refleja esa intención del gobierno de querer minimizar el problema a un tema municipal, encapsularlo y reducirlo, no sólo atentando en contra del derecho a la verdad, sino contando mentiras.”

Señala que, a dos años de lo ocurrido y tras el enorme gasto del Estado mexicano, el resultado es vergonzoso y lamentable, pues lo único que se ha demostrado es que prevalecen la impunidad y la complicidad institucionalizada.

Ejemplo de ello, dice, es el caso de Tomás Zerón, quien renunció a la dirección de la Agencia de Investigación Criminal tras ser acusado de sembrar restos de un estudiante en el río de Cocula:

“En la PGR intentaron sacar tres veces a Zerón, y una de las razones por las que no salió era que hasta que tuviera trabajo. Así fue: salió de la PGR y de inmediato anunciaron que entraba al Consejo Nacional de Seguridad. Hubo quien se sintió obligado a darle cobijo.”

Recuerda que el primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) mostró elementos para investigar a Zerón porque, bajo su responsabilidad, varios detenidos fueron torturados, lo cual es constitutivo de delito.

“Los entramados inconfesables los tienen amarrados. Hay elementos por lo menos para pensar que este señor pudo haber sembrado evidencias y lo premian. De ese tamaño es la complicidad”, reitera.

Indica que todo esto crea una atmósfera de violencia social porque muchas cosas se están resolviendo fuera del cauce institucional:

“En algunos lugares de la República pareciera que se construyen estados paralelos. Hay gente que cobra derecho de piso, que vende seguridad, y empresarios que tienen que pagar sin que se haga justicia. En algunas ocasiones ha quedado en evidencia la connivencia de autoridades locales con los delincuentes. Es la simbiosis del crimen.”

Desde ese punto de vista, indica: “Ayot­zinapa es tan importante porque es clara esta simbiosis entre el crimen y autoridades. Es, como lo expuso el GIEI, la clara existencia de la multicriminalidad en los distintos niveles de gobierno que supieron lo que pasaba.

“En distintos momentos lo supieron la policía municipal, la estatal, la federal, el Ejército, y todos participaron. El GIEI mostró que la noche del 26 de septiembre (de 2014) hubo un operativo concertado para detener a los muchachos. Balearon al equipo de futbol Los Avispones porque estaba en el lugar y el momento equivocados. Ese día hubo nueve incidentes de fuego armado.”

–¿Es un crimen de Estado?

–El caso de Ayotzinapa, yo creo que sí. Los componentes de participación estatal así lo comprueban; la dilación de justicia hace pensar cada vez más en esa posibilidad. El broche de oro es lo de Zerón. Dos años después, con los recursos que el gobierno ha gastado, es increíble que no tenga la capacidad de explicar lo que pasó. Su “verdad histórica” no solo voló por los aires, sino que es insostenible científica, lógica y jurídicamente.

Añade que hay indicios para pensar que Tomás Zerón sembró los restos en el río de Cocula. “Si eso es así –comenta–, quiere decir que alguien proporcionó esos restos óseos y supo dónde estaban los restos de uno de los muchachos. De ese tamaño es el drama”.

Además, para Álvarez Icaza los mensajes de las autoridades federales no sólo son de indolencia ante la tragedia, sino también comunican que están dispuestas a asumir los costos. Y se pregunta: “¿Qué habrá detrás que están dispuestos a asumir esos costos?”

–¿Esta descomposición lleva hacia la ingobernabilidad?­

–Hay algunos lugares donde el Estado está presente de distinta manera porque el crimen controla territorio y las personas no pueden ejercer sus derechos, o bien porque viven en condiciones de exclusión y pobreza tales que no hay manera de ejercer los derechos.

“Esas condiciones ya existían, pero se han agravado, en Michoacán, en Tamaulipas, en partes de Guerrero y del norte del país. Existen zonas en donde incuso para realizar procesos electorales o encuestas se tiene que pedir permiso al cacique o al jefe de la zona.”

–¿Vamos hacia la ingobernabilidad?

–Nadie quiere que esto empeore, porque es un pierde-pierde. El gobierno no quiere que esto pase porque afecta las inversiones y la confianza, se genera una espiral de desconfianza, zozobra y violencia. Además, la economía está descompuesta y eso generaría mayor inconformidad social y que la gente resuelva el problema de la inseguridad autoprotegiéndose como mejor lo considere.

A pesar de ello, aclara que no comparte la afirmación de que ya exista ingobernabilidad o un Estado fallido en el país, ya que siguen vigentes elementos de gobernabilidad por la fuerza y presión de la sociedad civil, además de que algunas instituciones continúan operando.

Pero advierte que sí existe el riesgo de que ocurra una pérdida de gobernabilidad por la grave descomposición de los poderes del Estado, en los que ha ido avanzando “la lógica de cuotas y cuates”:

“Todo lo que se había avanzado en el fenómeno de ciudadanización y democratización está en franco retroceso y pérdida. Los órganos autónomos están secuestrados por la partidocracia; los órganos de los gobiernos de los estados se han perdido y se han corrompido con los grupos delincuenciales, que imponen a los jefes de la policía, presidentes municipales, etcétera.”

En 2011 Álvarez Icaza recorrió el país junto con el activista Javier Sicilia en las caravanas que organizó el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad. Desde entonces ya señalaban las alarmantes cifras de delitos, de falta de seguridad pública, así como de complicidades entre el crimen organizado y los poderes estatales, que propiciaban las desapariciones forzadas. En cinco años, afirma, este deterioro se ha profundizado.

Recapitula que este proceso se debe a que la respuesta del Estado mexicano no ha estado a la altura del problema, parece indolente y, además, manda mensajes casi de complicidad, como en el nombramiento de Tomás Zerón en el Consejo Nacional de Seguridad: “Esa es la cereza del pastel del entramado de complicidades y de cómo se premia la ineficacia”, insiste Álvarez Icaza.

Fuente: Revista Proceso, ya en circulación.

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