¿Arde Chihuahua?

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Por Víctor M. Quintana S.
A mediados de los 60 causó gran revuelo la novela histórica-testimonial de Larry Collins y Dominique Lapierre ¿Arde París?, llevada luego al cine por el laureado director francés René Clèment. Narra cómo, tras la derrota nazi en la invasión de Normandía, Hitler ordenó una y otra vez al general Von Choltitz que, antes de desalojar la Ciudad Luz, la incendiara con todo y edificios históricos y obras de arte. Sólo la sublevación popular parisina, la sensibilidad del general alemán y la marcha acelerada de la división blindada del general Leclerq impidieron la catástrofe del patrimonio artístico e histórico de la humanidad.

Sesenta y dos años después, el drama parece repetirse en tragicomedia. Parece que el gobernador de Chihuahua, César Duarte, quisiera emular a Hitler. Que su consigna tras la estrepitosa derrota suya y de su partido el pasado 5 de junio, es una patética remembranza de la pregunta-consigna hitleriana: ¿Arde Chihuahua? No hay que dejarles nada a quienes nos ganaron. Hay que dejarles un estado en llamas.

La deuda estatal es, ciertamente, el asunto más publicitado. Anda rayando ya 52 mil millones de pesos, cuatro veces más que el monto que dejó a Duarte su antecesor, Reyes Baeza. Además, hay un agujero financiero de 5 mil millones de pesos, que el nuevo gobierno tendrá que enfrentar desde el primer día.

A múltiples proveedores del gobierno del estado se les deben cerca de 10 mil millones de pesos. Varios de ellos que participaron en la construcción de la Ciudad Judicial, se plantaron el miércoles en demanda de que se les pague un adeudo de 192 millones de una obra que costó casi más de mil millones de lo presupuestado y que literalmente hace agua por todos lados. Hay adeudos que no tienen otro nombre que robo en despoblado: un total de 170 millones de pesos recaudados como contribuciones específicas vía impuestos sobre nóminas o revalidación vehicular por el gobierno del estado, simplemente no han sido entregados a la Cruz Roja, a la Fundación del Empresariado Chihuahuense y al Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad.

En los hospitales públicos se han suspendido decenas de cirugías porque no hay material quirúrgico. Se han agotado muchos medicamentos, porque fueron adquiridos a precios muy inflados para favorecer a empresas ligadas al duartismo: no hay con qué tratar a los niños con leucemia, son raros los medicamentos para el cáncer cérvico-uterino. Hasta el ibuprofeno escasea en las farmacias del sector salud estatal.

Los ejecutantes de la orquesta filarmónica están en paro porque se les deben sus salarios. No hay combustible para las patrullas de las policías estatal y ministerial. Los vehículos para el traslado de personas con discapacidad ya no cuentan con seguro porque no hubo con qué pagarlo, ni para su combustible.

Hay maestros en la sierra que llevan meses sin percibir un centavo de sus salarios. La una vez excelente red carretera chihuahuense está plagada de baches y hay rúas, como la vía corta Parral-Chihuahua, cuya terminación es un cuento largo, muy largo. En materia de desarrollo rural, el gobierno ha dejado escapar cientos de millones de pesos de recursos federales porque no ha podido ni querido empatarlos con fondos estatales.

Pero si el deterioro de las finanzas y de la obra pública de la entidad son de por sí de espanto, más lo son los intentos del duartismo de blindar su impunidad y perpetuar su poder transexenalmente. Esto se viene a confirmar con el intento de madruguete legislativo que el PRI y sus cómplices trataron de imponer el jueves 22: a sólo dos semanas de terminar la legislatura, y con un espacio de únicamente ocho días para estudiarlas y discutirlas por parte de los legisladores, pretendían presentar una iniciativa de ley que implica reformar la Constitución de la entidad, crea el consejo de la judicatura estatal y modifica la forma de elegir a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. En ambos casos, se favorece al gobernador y al presidente del tribunal para que tengan más poder y puedan controlar a la mayoría de los magistrados y consejeros de la nueva judicatura.

Sin embargo, desde antes de que diera inicio la sesión extraordinaria del Congreso del estado, un contingente de activistas de la Alianza Ciudadana y de las Barras y Colegios de Abogados se hicieron presentes en la sala de plenos, tomaron la tribuna y con megáfonos y pancartas mostraron su rechazo al golpe legislativo del duartismo. Inundaron las redes sociales llamando a toda la ciudadanía a mostrar su repudio. La gallarda reacción ciudadana, organizada en unas cuantas horas, logró que la mayoría priísta bajara del orden del día la sesgada iniciativa para crear el consejo de la judicatura. Importante victoria de la ciudadanía acicateada por su triunfo electoral en junio.

Triunfo que no es definitivo, porque cada día la democratización sustantiva del país encuentra nuevos y más difíciles obstáculos. En Chihuahua se revelan con claridad dos tipos de ellos: el saqueo y devastación de las finanzas públicas para enriquecer a los que se van y provocar la ingobernabilidad a los que vienen, y las reformas institucionales para garantizar la impunidad de los que se van y la presencia en los poderes de quienes los protejan.

Ante estas diabólicas artimañas de corrupción y poder sin límites, el emplear sólo las medidas institucionales tiene un alcance corto e ineficaz, pues para eso infectan ellos las instituciones. Las armas son tres: el recurso constante a la movilización ciudadana, la amplia alianza de las fuerzas democráticas para construir mayorías sólidas, ineluctables, que puedan comenzar la desinstitucionalización de la corrupción y la impunidad, y la legitimidad de un gobierno ganada no sólo en las urnas, sino en su cotidiano actuar.

Seguir ese camino es la mejor respuesta a la consigna hitleriana de César Duarte: ¿Arde Chihuahua?

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