Gran negocio del futuro, que hoy crece a un mayor ritmo que el conjunto de la economía, la venta de agua es ahora el blanco de la ambición de grandes bancos y empresas, pero aún falta en un tercio de los hogares del país, en un momento en que prácticamente uno de cada cinco acuíferos del territorio nacional se agota rápidamente.
Los datos parecen un río de contradicciones. La información oficial más fresca, proveniente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) habla de que sólo 64 por ciento de mexicanos recibe diariamente agua entubada en sus hogares, pero al mismo tiempo el crecimiento del negocio del líquido embotellado se incrementó hasta 26 por ciento de 2016 a 2020, dato que no ha pasado inadvertido para los bancos, sí, las instituciones financieras que ya tienen concesiones para explotar el líquido.
De acuerdo con la consultora Grand View Research, en 2021 el tamaño del mercado global del agua fue de 283 mil millones de dólares y anticipa crecimientos anuales, de 2022 a 2030, en torno a 7 por ciento. México, el mayor consumidor de agua embotellada del mundo, rondará tasas similares.
Las autoridades de meteorología aseguran que este, como el anterior, es un año con pocas precipitaciones pluviales, es decir, la sequía se agudiza, hace más evidentes las desigualdades que han establecido en torno al agua, y así mientras en Nuevo León hay colonias que pasan semanas sin recibir el líquido en sus hogares, en la casa de algunos ex funcionarios de alto nivel se tienen pozos para abastecer sólo a las familias de esos hombres poderosos.
Tamaulipas tendrá que importar agua de Veracruz porque sus posibilidades de abastecer a la población son muy pocas, y las bajas californias viven problemas severos de escasez como en muchos puntos de la frontera con Estados Unidos.
Esta situación también pone al líquido como un factor de la geopolítica, ya que en Chihuahua el control del agua entre empresarios tanto de México como de Estados Unidos ha involucrado planes de desarrollo de los gobiernos de los dos países.
Y si para los bancos el agua es un negocio que no se les puede ir, comentan expertos, para los empresarios de la construcción, el líquido es vital y de su suficiencia dependen los proyectos que se han planteado en la frontera de uno y otro lado.
Bien se podría decir que aquella vieja amenaza de privatizar el agua en el país se convirtió, gota a gota, en una realidad que dentro de poco empezará a pesar en el futuro de los planes de gobierno en todo el país.
Una buena parte de la discusión sobre el futuro se centra en la importancia de los acuíferos del país, porque 70 por ciento de los habitantes de las zonas urbanas se abastecen de los acuíferos según advierte Ramón Aguirre, ex funcionario del gobierno de la Ciudad de México encargado del sistema de agua.
La advertencia de Aguirre se apoya en datos contundentes, porque asegura que de los 653 acuíferos que se tienen en el país, 115 se están agotando rápidamente por sobrexplotación y otros 90 no tienen disponibilidad para nuevas concesiones.
Y no es todo. La disputa por el negocio, y de muchas formas el descuido de las autoridades que no han establecido las reglas para lograr una mejor distribución del agua, han levantado un muro que divide económica y socialmente a la población del país.
Los datos dicen que en ciudades como la de México, en Guadalajara y Monterrey más de 90 por ciento de la población tiene una toma de agua en sus casas –estos datos no hablan de la disposición del líquido, o de su calidad–, mientras que en Guerrero, Chiapas y Oaxaca, la gente tiene que caminar, muchas veces hasta horas para conseguir el agua para llevar a sus casas.
Las diferencias se acentúan cuando se tiene en consideración que quienes no pueden tener agua en sus hogares, tienen que gastar en agua embotellada.
El gasto en agua embotellada llega, cuando menos, a 58 pesos mensuales por hogar, según fuentes oficiales, pero esa cifra sigue en aumento, y como ya se dijo quienes gastan más son los habitantes de zonas de mayor marginación.
Hay datos que no parecen ciertos: México exporta agua, indica la información obtenida. La cerveza, los aguacates y las bayas (fresas, arándanos o zarzamoras, entre otras) son las formas de enviar una gran cantidad de líquido más allá de nuestras fronteras.
Por otro lado, aunque no se tienen datos actualizados, se estableció en el Atlas del Agua, publicado en 2016, que seis de cada 10 ríos tienen diferentes grados graves de contaminación, la mayor parte por desechos de las empresas.
Los empresarios de Nuevo León, que enfrentan también la escasez, han dicho que están dispuestos a ceder 20 millones de metros cúbicos, lo que fue calificado como una infamia puesto que el líquido, en términos legales, no es precisamente de esos industriales.
Las determinaciones políticas han llevado a ciertos grados de desastre a algunas comunidades. En Tamaulipas, donde la sequía lleva ya una década, se trazó un proyecto para construir un acueducto por el cual se aseguraría el abasto para Ciudad Victoria, la Secretaría de Hacienda lo tenía previsto y presupuestado pero el gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca lo canceló y la crisis aumenta.
Por lo pronto desde la autoridad de Conagua se prepara un programa nacional de medición para conseguir los datos que apoyen las tarifas justas que deberán pagar quienes más consumen.
Se trata también de medir la sobrexplotación de los acuíferos y hacer que las tarifas de pago estén acordes a ese aprovechamiento, pero sobre todo medir y saber en qué se esta utilizando el líquido que requieren muchos lugares en diferentes entidades de la República.
Habrá también una serie de entrevistas y posibles acuerdos con los empresarios responsables de la contaminación de los ríos. Se aplicarán multas que sirvan para tratar de inhibir las acciones que hasta hoy tienen a muchos ríos, como dijimos antes, muy contaminados.
Las acciones del gobierno, señalan los especialistas, pueden ser remedios de momento, pero la exigencia es que desde las leyes se impida que el negocio del agua se tenga que mantener como otro elemento de marginación en contra de las entidades más pobres del país.
Fuente: La Jornada
