Un Tribunal Colegiado reabrió el juicio sobre la operación de la nueva megapresa de jales de Grupo México y ahora la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) deberá informar a la población las irregularidades que cometió la empresa Buenavista del Cobre en el desarrollo y operación de una presa de residuos tóxicos, así como las medidas que deberán adoptarse para no causar daños ambientales.
Los Comités de Cuenca del Río Sonora informaron que debido a que no se ha cumplido la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2018, que amparó a las comunidades afectadas por la contaminación del Río Sonora de 2014 ocasionada por un derrame de una mina de Grupo México, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en Sonora ordenó al Juzgado Noveno de Distrito en Sonora (encargado de velar por el cumplimiento de la sentencia) que dé seguimiento para que las autoridades ambientales hagan todo lo posible para evitar que una megapresa de residuos tóxicos cause daños significativos al medio ambiente.
En un comunicado recordaron que el Juzgado decidió cerrar el caso, sin tomar en cuenta que existían pendientes relevantes, entre ellos que la Profepa no ha informado a la comunidad sobre las irregularidades que detectó en el desarrollo de la presa.
“Debemos tener presente que si la nueva presa colapsara, los resultados serían aún más catastróficos que el desastre ocurrido en 2014, del que es responsable Grupo México, ya que podría arrasar con todo lo que encuentre a su paso. Por lo tanto, se necesita un cumplimiento cabal y sin trabas burocráticas”, señalaron los Comités de Cuenca.
Recordaron que la minera Buenavista del Cobre, causante del derrame de hace nueve años, catalogó de exageradas las medidas impuestas por la Secretaría de Medio Ambiente en el cumplimiento de esta sentencia, e incluso promovió un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con el fin de no implementarlas y evadir su responsabilidad.
Agregaron que “este nuevo fallo nos da la razón, pues pone de manifiesto que las medidas que solicitamos y obtuvimos no son exageradas, sino que de hecho son insuficientes, pues las autoridades ambientales tienen el deber de informar y tramitar diligentemente los procedimientos administrativos respecto a las irregularidades presentadas en el desarrollo del proyecto y ampliar dichas medidas, en caso necesario”.
Fuente: La Jornada
