Un tribunal federal confirmó la autorización judicial para entregar a la Fiscalía General de la República (FGR) la información bancaria o fiduciaria de Juan Collado Mocelo, preso por lavado de dinero y delincuencia organizada.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, declaró infundado un recurso de queja promovido por Juan Collado Mocelo, en contra de la autorización judicial para que diversas instituciones bancarias entreguen a la Fiscalía General de la República (FGR), información sobre sus movimientos financieros.
Esta solicitud de información fue autorizada el 10 de septiembre pasado por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur de la Ciudad de México.
Ante esta decisión, Collado Mocelo promovió un juicio ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien negó al abogado la protección de la justicia federal.
Fue entonces que interpuso el recurso de queja ante el tribunal colegiado, mismo que lo desechó, confirmando la autorización para que la FGR pueda obtener la información financiera de Juan Collado.
En su acuerdo, los magistrados señalaron:
“…aunque la naturaleza del acto permite la suspensión de la ejecución de la técnica de investigación, debe negarse la medida cautelar dado que como se vio, con los datos que se cuenta no es posible afirmar que el acto reclamado sea ostensiblemente inconstitucional (…)aunado a que de conceder la medida cautelar para los efectos que propone se privaría a la colectividad del beneficio que le otorgan las leyes antes señaladas para coadyuvar en las pesquisas de los ilícitos denunciados e incluso se les generaría ese daño que de otra manera no resentirían”.
Hace un par de semanas, un Tribunal Unitario otorgó una suspensión provisional al abogado Juan Collado que evita en estos momentos que su caso pase a etapa de juicio, hasta en tanto se resuelve la legalidad de la vinculación a proceso dictada en su contra.
No obstante, lo anterior no frena las investigaciones que tiene en curso la FGR para reunir elementos en contra del litigante. Collado busca revertir el auto de vinculación a proceso que un juez de control emitió en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La FGR integró la carpeta de investigación contra el abogado usando una averiguación previa que está en manos de las autoridades de Querétaro y con la denuncia del empresario inmobiliario, Sergio Hugo Bustamante Figueroa, quien dijo haber sido defraudado por una empresa cuyos propietarios supuestamente son los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, así como el gobernador Francisco Domínguez Servién, entre otros.
Fuente: La Jornada/ Milenio/ Reforma
