A pesar de que la trata de personas es una de las actividades ilícitas que más ganancias dejan al crimen organizado en el país, sólo 19 estados tienen una ley para prevenir y atacar el delito, y sólo en dos de ellos existe un reglamento para operar la ley. En 13 estados no existe una ley, entre ellos Chihuahua.
De acuerdo con las legislaciones locales de los 31 estados y del Distrito Federal, sólo en la ciudad de México y en Chiapas, las autoridades cuentan con una ley y un reglamento para combatir, prevenir y sancionar la trata de personas, publica El Universal.
En Baja California, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, existe una ley, pero sin reglamento.
Según El Universal, expertos en el tema y diversas Organizaciones No Gubernamentales han hecho distintos llamados a las entidades para homologar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en cada estado.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce que la trata de personas es una de las actividades ilícitas que más ganancias genera en el mundo, por encima del narcotráfico y tráfico de armas. En el caso de México, menciona que cerca de 70 mil niños y niñas son víctimas de trata.
Por su parte un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos del 2012 menciona que a pesar de que las autoridades mexicanas realizan esfuerzos para combatir y prevenir el delito, “no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas”, de acuerdo con El Universal.
Ante esta situación, Estados Unidos recomendó a México “seguir investigando y enjuiciando los delitos de trata de personas y condenando y sancionando a los delincuentes a nivel federal y estatal, incluidos los delitos de trabajos forzosos; aumentar los empeños por enjuiciar y condenar a los funcionarios públicos cómplices de la trata de personas; aumentar el financiamiento destinado a los servicios especializados de asistencia a las víctimas y los refugios, y comprobar que las víctimas de todas las formas de trata reciban protección suficiente”, menciona un informe de la Embajada de Estados Unidos en México.
Además, el informe de 2012, indica que las autoridades mexicanas deben de “mejorar los procedimientos formales para identificar a las víctimas de trata entre las poblaciones vulnerables, como las personas dedicadas a la prostitución y los migrantes indocumentados; mejorar los mecanismos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y locales; aumentar la capacidad de las coaliciones regionales y estatales y de las unidades especializadas para responder más eficazmente a los casos de trata de personas mediante el aumento de fondos y personal dedicados a las actividades a nivel estatal”.
