La Suprema Corte de Justicia invalidó hoy toda la nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, aprobada el 9 de julio en medio de una trifulca entre diputados locales.
Por unanimidad, el Pleno de la Corte anuló el decreto que diputados de la coalición del gobernador Gabino Cué, encabezada por PAN y PRD, aprobaron durante una sesión a puerta cerrada en la sala de juntas de la bancada del sol azteca, luego de que en el salón de plenos hubo gas lacrimógeno y enfrentamientos con la oposición priista.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena detalló que no hay pruebas de que los diputados fueron convocados a la sesión extraordinaria del Congreso, no se les repartió el dictamen de proyecto de ley, y a fin de cuentas no hubo participación alguna de la minoría.
“Sin solventar la inconformidad y sin entregar el dictamen, se dio inicio a la sesión con la presencia de sólo 23 de los 41 diputados que estaban en el Pleno”, narró Gutiérrez.
“La Mesa Directiva canceló todos los cauces que permiten a las mayorías y minorías expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, en condiciones de libertad e igualdad”.
Aunque votaron a favor, los ministros Eduardo Medina Mora y Margarita Luna Ramos rechazaron algunas expresiones de la sentencia de Gutiérrez, que en varios párrafos condena a la Mesa Directiva por su “premura”, “falta de diligencia” y “por haber tomado la decisión que menos satisfacía los principios de la democracia deliberativa”.
“Los calificativos en este caso sí son necesarios para dar a entender por qué no se considera válido un proceso legislativo que se siguió de esa forma”, replicó el presidente de la Corte, Luis María Aguilar.
La presidenta de la Mesa Directiva era la diputada panista Leslie Jiménez Valencia, mientras que la Junta de Coordinación Política estaba a cargo del perredista Félix Serrano Toledo.
Apenas el martes pasado, la Corte declaró inválida la Ley de Educación de Michoacán, precisamente porque la mayoría PRI-PAN la impuso en cuestión de horas, sin incluir siquiera el dictamen en la orden del día y sin permitir debate.
La invalidez de la ley michoacana, sin embargo, sólo tiene efectos para un municipio que la impugnó, mientras que la de Oaxaca quedó anulada con efectos generales para toda la entidad, que tendrá elecciones para gobernador, diputados locales y alcaldes en junio de 2016.
