La Sección Instructora de la Cámara de Diputados se declaró esta noche en sesión permanente para analizar, mañana lunes, un nuevo escrito que presentó el diputado Mauricio Toledo (PT) para tratar de impedir que el presidente de esa instancia, Pablo Gómez Álvarez (Morena), participe en el juicio de desafuero que se le inició por presunto enriquecimiento ilícito.
Previamente, el sábado, la Sección Instructora determinó que, en el caso de la solicitud de desafuero contra el senador Cruz Pérez Cuéllar (Morena) se abrirá el proceso probatorio y fiscal. A este legislador, la fiscalía de Chihuahua lo señala de haber recibido recursos por parte del ex gobernador del estado César Duarte Jáquez cuando fue candidato a la gubernatura de Chihuahua por Movimiento Ciudadano en 2016.
Poco antes de que venciera un plazo que se le dio para comprobar sus afirmaciones respecto de que Gómez Álvarez no sería imparcial, Toledo hizo llegar un escrito para tratar de probar sus dichos.
El sábado, Toledo solicitó una recusación contra el diputado de Morena, en un documento que se admitió a trámite y la Sección Instructora le dio un plazo de 24 horas para presentar pruebas sobre la parcialidad que alega de Gómez Álvarez.
No obstante, el ex delegado en Coyoacán entregó su documento esta noche poco antes del vencimiento del plazo, lo que obligó a los legisladores a decidir que se analizará el texto en una nueva reunión este lunes.
El 25 de enero, al informar de la presentación de la solicitud de desafuero contra Toledo, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, anticipó que en cada fase del proceso el Ministerio Público “probará la responsabilidad penal del diputado mencionado en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, acreditado con un incremento injustificado e inexplicable en su patrimonio, lo que resulta incongruente con sus ingresos reportados”.
Mientras que en el proceso de desafuero contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, se determinó abrir una mesa de trabajo para entrar al análisis de fondo, esto es que primero se definirá si el funcionario cuenta o no con fuero.
Fuente: La Jornada
