Para “subsanar” la propuesta anterior, el presidente Felipe Calderón presentó una iniciativa de Ley General de Atención y Protección a las Víctimas que toma como referente el proyecto elaborado por la UNAM y algunos acuerdos alcanzados entre el gobierno federal, legisladores y organizadores de la sociedad civil.
Desde el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, el Ejecutivo federal llamó al Congreso de la Unión a dictaminar y aprobar la reforma al artículo 73 constitucional para darle facultades constitucionales de expedir una ley general en esta materia, pues de lo contrario se corre el riesgo de ser nulificada judicialmente en prejuicio de las víctimas.
“Hago un llamado respetuoso al Congreso para que esta iniciativa se discuta con el sentido de importancia y también de urgencia que amerita, pues su aprobación es de la mayor relevancia para atender de manera efectiva a las víctimas de la violencia y del delito por ello será indispensable que el Congreso de la Unión también dictamine y apruebe la minuta de reforma al artículo 73 constitucional aún pendiente que responde a una iniciativa previa para darle facultades constitucionales al Congreso de expedir una ley general en esta materia de víctimas”, expresó.
Acompañado por el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, el Ejecutivo indicó que “sin tal facultad, ninguna iniciativa de Ley en materia de víctimas podría ser aprobada en el Congreso con apego a la Constitución y conllevaría siempre el riesgo de ser nulificada judicialmente particularmente por aquellos a quienes les resulte en prejuicio en derechos de las víctimas y que generalmente son los propios delincuentes”.
Recordó que en meses anteriores, “en uno de las atribuciones que me confiere la Constitución, realicé observaciones respecto del decreto mediante el cual el Congreso de la Unión expedía la Ley General de Víctimas, mismas que han sido y están siendo objeto de cuidadoso análisis por parte de los legisladores en particular por quienes ahora concluyen su encomienda”.
Explicó que después de una profunda revisión a dicho proyecto, “se encontraron inconsistencias de carácter constitucional que ponían en riesgo la efectividad de dicha ley, en especial porque hasta ahora, el Congreso de la Unión carece de facultades para legislar en la materia y también porque bajo ese proyecto se sometía a las víctimas a procedimientos engorrosos para que sus derechos fuesen finalmente reconocidos”.
Afirmó que México “ha vivido momentos de profundo dolor y consternación ante la brutalidad y la violencia empleadas por los criminales en contra de ciudadanos de bien”.
Indicó que “muchas familias han perdido a sus seres queridos, sus vidas han sido cegadas trágicamente a manos de delincuentes sin escrúpulos. Mi gobierno ha escuchado de viva voz a personas que entre lágrimas han narrado la indolencia y la incompetencia de autoridades que en muchos casos fueron más obstáculos que ayuda, lágrimas de tristeza y también de indignación y coraje, su justa demanda para un acceso efectivo a la justicia y un tratamiento digno a las víctimas o sus familiares es una demanda que el gobierno hace suya a través de esta iniciativa”.
Fuente: Milenio
