Por John M. Ackerman
El principal riesgo para la libertad de expresión en el mundo ya no son los gobiernos, sino las monstruosas empresas digitales trasnacionales. Los algoritmos de Google, Facebook, Instagram, Twitter y Youtube, entre otros, hoy determinan lo que vemos o no en nuestras pantallas. Y los ejecutivos de estas empresas deciden de manera unilateral lo que se considera como una comunicación válida o prohibida.
La censura de parte de Twitter de tres destacadas cuentas cercanas a la Cuarta Transformación (véase: https://bit.ly/3oX5c7n) y la utilización masiva de estrategias de manipulación contra la izquierda política ecuatoriana (https://bit.ly/2MYZdS9) son apenas dos ejemplos recientes de cómo las grandes empresas digitales no garantizan las condiciones de neutralidad necesarias para un diálogo auténticamente democrático y plural.
Estas redes son espacios privados, cuyo objetivo es acumular cada vez más ganancias para sus inversionistas y dueños. Son, además, empresas con sede en el extranjero que no respetan el marco jurídico nacional ni pagan impuestos en nuestro país. Sus altos ejecutivos incluso tienen valores muy diferentes a los nuestros. Su concepto de democracia es estrictamente (neo)liberal y los pequeños esfuerzos que hacen en favor de la rendición de cuentas de sus plataformas son terriblemente insuficientes e incluso contraproducentes en el contexto latinoamericano de aguerridas luchas políticas en pro de la transformación social.
Ayer La Jornada informó que las empresas Alphabet (Google y YouTube), Facebook (incluyendo WhatsApp e Instagram), Twitter, Snapchat y Linkedin, juntas son valoradas en 2.5 billones de dólares, el equivalente a 13 por ciento de la Bolsa de Valores de Nueva York y el doble del PIB de México (https://bit.ly/3rwXeUc). Este enorme poder económico, financiero e internacional debe ser cuestionado y criticado con la misma vehemencia y contundencia con la cual se critica al poder político.
Por ejemplo, hasta las encuestas totalmente opacas y sesgadas que utiliza Morena para elegir a sus candidatos tienen mayor transparencia y profesionalismo que los rankings de Twitter.
Esta empresa recientemente informó que los 10 periodistas y comunicadores más relevantes
en México son Carlos Loret, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Pascal Beltrán del Río, Javier Risco, Sergio Sarmiento, Carmen Aristegui, Azucena Urresti, Gabriela Warkentin y Denise Maerker (https://bit.ly/2Lwg8Ly). La empresa no proporcionó información respecto de la metodología que supuestamente utilizó para armar esta lista repleta de representantes de los grandes consorcios mediáticos monopólicos del país y, además, incluye a varios destacados fabricantes de mentiras.
No podemos confiar en que las empresas digitales trasnacionales se regulen a sí mismas. El Estado debe tomar acciones contundentes para obligar a estos monopolios a cumplir con la legislación nacional en las materias fiscal, electoral, laboral, transparencia y telecomunicaciones. De la misma manera en que los bancos españoles y las mineras canadienses tienen límites para su actuación en nuestro país, las empresas digitales estadunidenses también deben respetar nuestra soberanía.
De igual manera urge elaborar nuevas leyes para asentar claramente las reglas que deben respetar todas las empresas en la rama de la comunicación digital. Así como hay normas en materia de radio y televisión, también debemos contar con una legislación especial para las redes sociales.
La urgente regulación de las actividades de las empresas digitales no tiene nada que ver con la censura, sino todo lo contrario, favorecería la libertad de expresión y el libre flujo de ideas.
Un ejemplo: quienes tengan sus cuentas suspendidas deben poder defender sus derechos en los tribunales nacionales. Así como un centro comercial no puede negar el acceso a un consumidor por su apariencia física o su preferencia sexual, una red social tampoco debe poder discriminar a un cliente por sus convicciones ideológicas.
Los usuarios de las redes sociales también deben tener a la mano una herramienta sencilla para controlar los algoritmos que determinan los contenidos que reciben, así como contar con protecciones fuertes para sus datos personales. Las empresas de redes sociales también tienen que pagar impuestos sobre las ganancias que generan en México y respetar los derechos laborales de quienes trabajan a su nombre en nuestro país.
El sector privado no puede regirse por la ley de la selva, sino que debe ser regulado por el Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos universales de la ciudadanía.
Ahora bien, a largo plazo la única manera en que podamos garantizar una verdadera libertad de expresión en México será por medio de la construcción de nuestras propias redes sociales, así como de la infraestructura de comunicaciones y de cómputo que se requiere para sostenerlas. Pongamos mano a la obra antes de que sea demasiado tarde.
Fuente: La Jornada
