Por Pedro Miguel
Aun en la crisis políticaabierta, y entre el removedero de tierra para ubicar restos humanos que pudieran pertenecer a los 43 normalistas secuestrados en Iguala por efectivos policiales y presuntos delincuentes el 26-27 de septiembre, el aparato mediático del régimen no abandonó su larga tradición de describir a los estudiantes de Aytozinapa –y de las normales rurales en general– como maleantes, alborotadores o, en el menos peor de los casos, como corderos manipulados por intereses inconfesables para crearle problemas a un gobierno transformador, moderno y laureado.
Tras los asesinatos y las desapariciones, varios comentócratas se empeñaron en fabricar vínculos imaginarios entre el plantel y grupos de la delincuencia organizada y en resaltar las líneas de investigaciónpresentadas por el procurador Jesús Murillo Karam para desviar una responsabilidad que le corresponde al Estado. Es decir, se ha buscado desde siempre, pero en forma particularmente disparatada en este último mes, construir una argumentación justificatoria o cuando menos atenuante de la barbarie; una variación del rápido responso fúnebre (en algo habrán estado metidos o “los narcos se matan entre ellos”) que aplicaba Felipe Calderón a la generalidad de las víctimas inocentes de su estrategia criminal contra la delincuencia.
Desde antes, ya en las horas posteriores a los hechos, los integrantes de Nueva Izquierda (NI) habían estado buscando, por su parte, ocultar su responsabilidad en la postulación y encubrimiento del ex alcalde José Luis Abarca mediante una maniobra pueril: señalar a López Obrador como promotor indirecto de ese individuo. No deja de tener gracia que mientras algunos columnistas al servicio del poder oligárquico le atribuyen a AMLO la capacidad de manipular a los normalistas de Ayotzinapa y de azuzarlos en contra de las autoridades, los operadores peñistas de Nueva Izquierda presenten al dirigente de Morena como el impulsor de quienes asesinaron y secuestraron a los estudiantes. Y en tanto que con una mano señalaban a AMLO por haber anunciado la precandidatura de Lázaro Mazón a la gubernatura de Guerrero, los chuchosde NI empeñaban la otra para sostener en el cargo a Ángel Aguirre Rivero, sin mencionar que éste nombró a Mazón secretario de Salud del estado.
El peñato está en una situación igualmente desesperada porque al menos tres dependencias federales –Gobernación, el Cisen y la propia PGR– tuvieron conocimiento de posibles actividades delictivas de Abarca que debieron ser investigadas de oficio en forma inmediata y, sin embargo, durante más de un año no movieron un dedo; porque las agresiones contra los normalistas ocurrieron a unas cuadras de las instalaciones de la sede del 27 batallón de infantería y pasaron seis horas antes de que los militares dieran aviso al Ministerio Público, y porque durante la primera semana después de la atrocidad, el propio Peña afirmó una y otra vez que lo ocurrido no era problema suyo.
Tras el posicionamiento más contundente que ha tenido Morena sobre el caso –la concentración del Zócalo el pasado domingo 26–, algunos de los más connotados jerarcas priístas –Emilio Gamboa, Manlio Fabio Beltrones, César Camacho Quiroz– se lanzaron en cargada declarativa para descalificar al tabasqueño e incluso para pedir que éste fuera sometido a una pesquisa judicial por el posible encubrimiento del ex alcalde prófugo.
Es decir, la plena afluencia de Morena en el movimiento nacional de solidaridad con Ayotzinapa y en demanda de la presentación de los desaparecidos y de justicia para los asesinados fue respondida con una confluencia de señalamientos criminalizantes: contra los normalistas y contra López Obrador.
Qué bien: si se trata de investigar encubrimientos, Murillo Karam tendría que empezar por imputarse a sí mismo, al titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y también, por supuesto, a Jesús Zambrano, Carlos Navarrete y demás jerarcas chuchos que tuvieron conocimiento amplio y bastante de los malos pasos de Abarca. Las pruebas y testimonios que los señalan a todos ellos son infinitamente más sólidos que lo dicho a Reforma por un perredista guerrerense o que los trascendidos periodísticos fabricados para exhibir vínculos imaginarios de Ayotzinapa con la delincuencia.
Pero además el régimen se encuentra enmarañado entre la cansina calumnia de sus opinadores en contra de Ayotzinapa y la obligación mediática de expresar alguna empatía demagógica para con las víctimas; entre los sondeos de la PGR para desvanecer la culpa del Ejecutivo federal y la masiva repulsa mundial contra lo que mucha gente en el mundo considera un crimen de Estado; entre los descubrimientos en cascada de narcofosas por todo el territorio nacional y un discurso tranquilizador que ya no tranquiliza ni al personal de servicio de Los Pinos; entre la emergencia de un hartazgo nacional cada vez más articulado y movilizado y la pudrición propia.
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Fuente: La Jornada
