Por Pedro Miguel
En tanto llegan los días decisivos de poner a votación la entrega del petróleo nacional a intereses corporativos privados, nacionales y extranjeros, las bancadas legislativas de los principales partidos se entretienen en la rebatinga de una reforma electoral cuyas modalidades sólo tienen interés para la clase política y que no suscita el menor interés para el resto de la sociedad.
No es para menos: lo que está en juego es un reacomodo institucional que afecta sólo tangencialmente el modelo de democracia representativa formal tras el que se esconde la dominación oligárquica del país: el de la iniciativa y la consulta ciudadanas.
Una acción positiva, que acercara a las cámaras legislativas a la población y contribuyera a remontar el enorme desprestigio y la falta de credibilidad de diputados y senadores sería el poner sobre la mesa el tránsito hacia una democracia participativa que aportara funcionalidad y credibilidad al conjunto de las instituciones, empezando por las electorales.
El IFE es hoy en día –y así lleva una década– un elefante blanco que no sirve ni para hacer aparentar que en México se respeta la voluntad ciudadana. Del fraude cibernético operado por la cosa que encabezaba Luis Carlos Ugalde a la compra masiva de sufragios tolerada por la que presidió Leonardo Valdés Zurita, el IFE malgasta más de 333 millones de pesos al año. En el colmo de la ironía, para llegar a esa cifra la dependencia invirtió 16 millones más, a fin de que una consultoría la pusiera en negro sobre blanco.
Eso, sin contar con chanchullos inmobiliarios recientes ni con el dinero que se embolsaron los funcionarios desconocidos que hicieron llegar el listado del Registro Nacional de Electores a empresas de marketing de Estados Unidos y, de manera directa o indirecta, al mercado de Tepito.
Sería pertinente, por ejemplo, sacar al IFE del control de la clase política y seleccionar periódicamente, por sufragio universal, y mediante planillas o no, a su consejo general. Serían esas las mejorescandidaturas ciudadanas o independientes que podrían instituirse. Porque, claro, habría que estipular que los aspirantes no podrían ser postulados por los partidos.
Sería también deseable establecer un mecanismo de transparencia independiente del órgano electoral que, en lo sucesivo, disuadiera a sus funcionarios de manejar en forma tan alegre el presupuesto asignado. Esa misma receta habría que aplicar al Legislativo, al Judicial y a la miríada de organismos autónomos que hoy proliferan en la Constitución y en los organigramas y en los que el gasto se ejerce sin ninguna forma de control por parte de los electores ni de supervisión de la opinión pública.
Desde luego, sería también recomendable olvidarse por un rato de ese distractor de la relección de diputados y senadores federales y estatales y establecer un mecanismo realmente eficaz de control ciudadano sobre esos y otros representantes populares: la revocación del mandato, un sistema simple y directo que obligaría a los políticos electos a preocuparse por rendir cuentas.
Y sí, por supuesto que es urgente introducir las figuras del referendo, la consulta popular y la iniciativa ciudadana en la legislación electoral del país. Es de obvia necesidad que la clase política comparta potestades y funciones con la sociedad a la que dice representar, un aserto que es puesto en duda por un número creciente, y muy posiblemente mayoritario, de ciudadanos.
Mientras llega la hora de las definiciones en torno al intento de entregar la industria petrolera, los legisladores podrían empeñarse en convencernos, en suma, de que aspiran a la construcción de un país democrático, que están comprometidos en la remoción de obstáculos en esta dirección y que no ven el poder y los cargos de representación popular como un coto y como un botín.
Pero cabe sospechar que tienen muchos motivos para mantener secuestrada la institucionalidad política del país y que quieren seguir así. Ya lo verán.
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Fuente: navegaciones.blogspot.com
