Por Pedro MIguel
Ya Lorenzo Córdova Vianello, uno de los líderes fácticos de la oposición, dio una probadita de sus intenciones al ir a Washington a tomarse fotos con Luis Almagro, el propiciador del golpe de Estado en Bolivia en 2019.
El martes pasado José Blanco publicó en estas páginas un artículo titulado “Un nuevo giro a la izquierda”. Si la lectura de esa aguda visión del momento se emprendiera desde la lucidez que aún quede en la oposición política, los sempiternos detractores de la presidencia obradorista podrían empezar a comprender la derrota histórica en la que están sumidos. Más aún, el artículo resultaría de gran provecho para auténticos o sedicentes partidarios de la Cuarta Transformación. El punto central: “La continuidad del gobierno de la 4T sólo es posible mediante una vuelta de tuerca más hacia la izquierda, muy lejos de la idea de que AMLO ya hizo lo suficiente y ‘ya es tiempo de concordia con los demás’”.
En efecto, el proceso transformador que vive México no está en un momento de conciliación, sino en una coyuntura cuya dinámica lleva a un deslinde aún más nítido y contrastado, si cabe, que el que trazó López Obrador en su discurso de toma de posesión en 2018. Antes de pensar en las elecciones del año entrante, es necesario concentrarse en la plena materialización del mandato popular que se manifestó hace casi cuatro años, que ordenaba un cambio político, económico y social de gran envergadura y el desmantelamiento del régimen oligárquico y neoliberal vigente hasta entonces. Para decirlo en palabras del autor citado: “hasta que sea realidad una igualdad básica y suficiente sin exclusiones”.
Hay todavía muchos pendientes en materia de igualdad, empezando por la política. La vida institucional sigue plagada de cotos y privilegios; arrastra un régimen de partidos en el que el poder político y el económico están vergonzosamente vinculados por leyes e instituciones excluyentes y antidemocráticas y por logreros que han hecho de los partidos y de las elecciones un ámbito de oportunidades de negocio. La voluntad popular suele ser ignorada por instancias laberínticas tomadas por tecnocracias, partidocracias y mafias atrincheradas en tribunales y organismos autónomos. Es preciso democratizar al país a fondo, extender el principio de la soberanía popular a todas las instituciones y colocar en manos de la gente decisiones que afectan su vida y su entorno.
En materia de seguridad y justicia, en la que los índices delictivos se han reducido de manera perceptible –por más que la propaganda negra de la oposición afirme lo contrario– se requiere consumar el cambio de paradigma iniciado en 2018, un objetivo que está necesariamente condicionado al impacto progresivo y positivo de los programas sociales, los proyectos de desarrollo regional y la consolidación de la Guardia Nacional. Una vez que se hagan sentir con mayor contundencia los avances en estos terrenos será posible, por ejemplo, dejar de hablar de las drogas como un problema de seguridad pública para trasladarlo al ámbito de la salud pública, en tanto que la delincuencia en general no será tratada como un asunto prioritariamente policial sino social.
Si no se da continuidad y profundidad a la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal no habrá recursos suficientes para cubrir las necesidades apremiantes de salud, educación, vivienda y servicios de los sectores de la población que aún las experimentan. Si no se sigue frenando la ambición desmedida de las trasnacionales, será imposible detener el saqueo y la devastación del territorio. Si no se sigue plantando cara a las expresiones intervencionistas de Washington, no habrá forma de preservar lo que se ha conseguido en el ejercicio de la soberanía nacional.
Y, por supuesto, si el gobierno sigue actuando como hasta ahora, los derrotados de 2018 no van a disminuir la virulencia de su ofensiva mediática y judicial; por el contrario, ante la evidencia de que les espera una nueva derrota en 2024, la intensificarán. Ya Lorenzo Córdova Vianello, uno de los líderes fácticos de la oposición, dio una probadita de sus intenciones al ir a Washington a tomarse fotos con Luis Almagro, el propiciador del golpe de Estado en Bolivia en 2019. Por eso, como dice José Blanco, “la propuesta de ir a la conciliación con los políticos que siempre han representado a los de arriba, representa la peor pesadilla para las mayorías. Esa, es una propuesta de sectores de Morena que sólo pueden pensar en la política como acuerdos entre las élites. No puede ser más claro que no hay acuerdo posible entre élites y excluidos”.
En esta lógica, enorme desafío, tal vez la culminación del primer gobierno de la 4T y su continuación requieran de una reformulación del Acuerdo Político de Unidad lanzado a fines de 2017 para abarcar a sectores de la izquierda que en esa ocasión no se sintieron representados en el proyecto propuesto. Y una precisión importante: la radicalización del proceso transformador es programática, no de modales. No se trata de ir a los insultos o a los golpes, y menos aún de imitar la procacidad, la mendacidad y la incivilidad de la derecha.
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