El reciente asesinato de la alcaldesa de Temixco, Morelos, forma parte de una campaña del cártel de Los Rojos para controlar ayuntamientos y robar recursos de la ciudad, según reporta The New York Times
Por Ioan Grillo/ La mañana del 2 de enero, un equipo de sicarios se dirigió a la casa de Gisela Mota de 33 años de edad, quien unas horas antes había hecho su juramento como la primera alcalde mujer de Temixco, una tranquila población que está a una hora de retirado de la Ciudad de México.
Mota aún estaba en pijamas cuando los hombres llegaron a la casa de block de sus padres. Ella se encontraba en la recámara, aunque la mayoría de su familia estaba en la sala, arrullando a un recién nacido.
Cuando la familia preparaba una mamila con leche, los asesinos destrozaron la puerta para entrar. En medio de la conmoción, Mota salió de la recámara y les dijo con firmeza “Yo soy Gisela”. Frente a la aterrada familia, los hombres golpearon a Mota y le dispararon en varias ocasiones, provocándole la muerte.
Este tipo de violencia ha plagado varias áreas de México durante el baño de sangre que lleva una década y que conocemos como la guerra contra las drogas de México.
Sin embargo, el asesinato de Mota está arrojando luz sobre cuestiones preocupantes respecto a cómo ha ido cambiando este conflicto. Aunque los medios de comunicación global están fascinados con los capos billonarios como Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, quien fue recapturado el 8 de enero después de haberse escapado por segunda ocasión —y de haber tenido una entrevista secreta con el actor Sean Pen— la guerra ha estado evolucionando más allá del comercio de las drogas.
Ahora, los cárteles están peleando por el poder político.
Después de arrestar a dos de los hombres sospechosos de haber asesinado a Mota, la policía dio a conocer que el homicidio forma parte de una campaña regional que están llevando a cabo “Los Rojos” para controlar los cabildos municipales y robar los recursos de la población.
Cinco días después del asesinato, la madre de Mota, Juana Ocampo, se unió a una marcha que se realizó en Temixco junto con cientos de habitantes del lugar vestidos de blanco.
Ocampo, quien es una veterana activista de la comunidad, sabía que su hija había aceptado un puesto peligroso, ya que los asesinos contratados, conocidos como sicarios, han matado casi a 100 alcaldes en México en la última década. Sin embargo, Mota estaba decidida.
“Desde que Gisela era una niña, quería entrar a la política para cambiar las cosas”, me dijo Ocampo. Mota había hecho un llamado para dar por terminada la corrupción en Temixco y reformar la policía, lo cual la convirtió en un objetivo de agresión.
“Nunca me imaginé que algo como esto pudiera pasar”, dijo Ocampo con el rostro adusto y reprimiendo su dolor y las lágrimas. “Espero que se haga justicia. O tendremos que tomar algunas acciones para exigir que se haga justicia y el caso sea aclarado”.
Los manifestantes sostenían pancartas que decían “Yo soy Gisela”.
El asesinato de Mota ha sido el giro más reciente en la evolución de los negocios del narcotráfico mexicano, un proceso que oficiales estadounidenses y mexicanos al parecer no han logrado digerir.
Durante una década, las tropas mexicanas han colaborado con agentes estadounidenses para perseguir a los capos, que se conoce como la estrategia de decapitación de cárteles.
Gángsters extravagantes con apodos como “Tony Tormenta”, “El Ingeniero” y “El Viceroy” han sido abatidos o arrestados. El Chapo, ha sido detenido en dos ocasiones en menos de dos años. Aunque esos capos se encuentran en una prisión o en una tumba, sus asesinos han formado sus propias organizaciones, que pueden ser más violentas y depredadoras.
El Estado de Morelos, del que forma parte Temixco, es un ejemplo sangriento. Lleno de verdes valles y cálidos manantiales, fue utilizado durante algún tiempo por el capo de la droga llamado Arturo Beltrán Leyva, alias “El Barbas”, para almacenar cocaína que era traída en avión desde Colombia, antes de llevarla hacia el norte.
Beltrán Leyva fue un aliado que después se convirtió en enemigo de El Chapo y que rivalizó con él en su capacidad para mover los enervantes. Sin embargo, a principios de los años 2000, Beltrán Leyva construyó un imperio en Morelos, en donde los índices de homicidios eran relativamente bajos.
En el 2009, agentes estadounidenses de la Agencia Anti-Drogas, DEA por sus siglas en inglés, recibieron informes de inteligencia sobre el paradero de Beltrán Leyva.
La DEA le dio el domicilio a la Marina mexicana —una fuerza de élite entrenada por Estados Unidos— que irrumpió en el lugar en donde se encontraba, matando a Beltrán Leyva y a cuatro de sus cómplices.
Un oficial de alta jerarquía de la DEA me dijo que le pagaron a su informante 5 millones de dólares de recompensa a cambio de ese dato que fue dinero de los contribuyentes para tratar de ganar la guerra contra las drogas.
Sin su líder, los sicarios que habían trabajado para “El Barbas”, formaron sus propios cárteles, incluyendo a Los Rojos y Guerreros Unidos y siguieron asesinando.
Actualmente, los dos cárteles están peleando por un corredor en Morelos y el vecino Estado de Guerrero, dejando montones de cadáveres. El año pasado, Guerrero tuvo el número más alto de homicidios per cápita en México, Morelos ocupa el cuarto lugar.
Esos nuevos cárteles siguen traficando con droga, algunos han cambiado de la cocaína colombiana a la heroína mexicana para suministrarla en partes arrasadas por la epidemia de la adicción en Estados Unidos.
Aunque también han utilizado sus ejércitos de asesinos para cometer nuevos delitos: fraudes, extorsiones, robo de petróleo y la venta ilegal de hierro. Ahora están interviniendo en uno de los negocios más lucrativos en México: la política local.
Mota no es la primera política que ha tenido conflictos con los intereses del nuevo negocio de los cárteles. El 11 de enero, durante una conferencia de prensa, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, reveló que en los últimos meses, Los Rojos habían amenazado a más de 13 alcaldes de Morelos, y están usando el homicidio de Mota como una sombría advertencia.
“Fue una acción deliberada y premeditada que pretende promover un ambiente de terror, tanto entre las autoridades como entre los ciudadanos”, dijo.
El cártel le exige cosas a los alcaldes, dijo Ramírez —por ejemplo, contratos de valiosos proyectos de construcción o el derecho a nombrar a los jefes de la policía de la población. También están forzando a los alcaldes a darles el 10 por ciento de sus presupuestos anuales.
Debido a que el gobierno de México aporta la mayoría del financiamiento, esto significa que los cárteles se están alimentando del dinero federal— y a la vez de Estados, que le proporciona al gobierno mexicano unos 300 millones de dólares al año como ayuda para la guerra contra las drogas.
La corrupción en México es tan antigua como el mismo país, los traficantes han estado sobornando a los políticos durante el siglo que llevan contrabandeando drogas a los Estados Unidos.
Alcaldes, gobernadores y oficiales federales han cerrado los ojos ante los campos de opio y súper laboratorios de metanfetaminas. En 1997, el mismo zar anti drogas del gobierno federal, fue arrestado por recibir sobornos.
Aunque ahora, los gangsters están cambiando sus maneras de operar que datan de hace un siglo. En lugar de entregar sobornos, están haciendo que los alcaldes se los paguen.
La política no es sólo una manera de ayudarlos en sus negocios criminales, es un negocio en sí mismo. Y al tomar el control de los políticos, los cárteles se transforman en una ominosa sombra de poder, utilizando las herramientas del Estado para afectar a cualquier persona que viva o trabaje en su jurisdicción.
En México hay más de 2 mil alcaldes, la mayoría de los cuales cuentan con poca protección, los cárteles tienen un gran mercado a su disposición. En total, el botín vale billones de dólares al año.
Al parecer, la táctica de estafar a los alcaldes se está expandiendo más allá de Morelos. En el 2014, se dio a conocer que el Cártel de los Caballeros Templarios, que tenía su sede en el Estado de Michoacán, también estaba forzando a los alcaldes a entregarles un porcentaje de sus presupuestos.
Han surgido videos y fotografías en las que el líder de los Templarios, Servando Gómez, también conocido como “La Tuta”, aparece sentado hablando con varios alcaldes.
Algunos cárteles eliminan a los intermediarios y ponen directamente a uno de los suyos en el ayuntamiento. Al parecer, ése fue el caso de Iguala, una ciudad del Estado de Guerrero, cuyo alcalde, José Luis Abarca, actualmente está en prisión acusado de crimen organizado y de ser miembro de los Guerreros Unidos.
Docenas de oficiales de la policía están también en la cárcel, acusados de ser sicarios con uniforme.
En septiembre del 2014, la policía de Iguala y los sicarios que trabajaban para los Guerreros Unidos mataron o desaparecieron a más de 40 estudiantes en uno de los crímenes más atroces del México moderno.
Después que oficiales de la policía federal arrestaron al alcalde, los habitantes buscaron a sus familiares que habían desaparecido bajo su mandato. Desde entonces, unos 130 cuerpos han sido exhumados en Iguala.
Estas atrocidades provocaron que miles de personas marcharan en las calles de la Ciudad de México. Algunos manifestantes incendiaron las oficinas del ayuntamiento de Iguala.
Empresas internacionales siguen operando en esas áreas dominadas por los cárteles, especialmente en la minería y con mayor frecuencia en las industrias petroleras y gaseras.
Tienen que colaborar con los alcaldes para coordinar las operaciones y regulaciones, como resultado de esto, un ejecutivo estadounidense de una empresa minera en Guerrero me dijo que las empresas no tienen otra opción sino negociar con los oficiales sospechosos, aunque ellos tratan de identificarlos y evitar trabajar con los peores.
Los dirigentes de las empresas prefieren no hablar públicamente acerca del nivel de control que tienen los cárteles, ya que eso ofende a los políticos de México. Sin embargo, el año pasado, Rob McEwen, presidente y director ejecutivo de la empresa canadiense McEwen Mining, rompió el silencio después que los gangsters robaron oro con valor de más de 8 millones de dólares de una mina situada en el noroeste de México.
“Los cárteles están activos aquí. Generalmente, tenemos buenas relaciones con ellos”, le comentó McEwen a Business News Network. “Si uno desea explorar en algún lugar, les preguntamos y nos responden que “no”, pero luego, nos dicen “regresen en un par de semanas, hasta que terminemos lo que estamos haciendo”.
Después de las protestas de políticos mexicanos, McEwen se retractó de sus comentarios, argumentando que se refería a las buenas relaciones con algunos “miembros de la comunidad y dueños de propiedades de la localidad”, en lugar de con los gangsters.
Mientras los cárteles se atrincheran en la política local de México, encontrar una solución al desastre de la guerra contra las drogas ha sido cada vez más difícil. La reforma sobre la política de las drogas, significa una más amplia legalización de algunos enervantes, como la mariguana, y un mejor tratamiento a las adicciones para reducir el uso de otras, como la heroína, eso podría ayudar a sangrar las finanzas de los narcos.
Aunque ahora que los cárteles están diversificando sus fechorías a un portafolio de delitos y tomando el control de las instituciones políticas, eso no los detendrá.
La respuesta más obvia es construir un sistema de justicia efectivo para ser más severos con los sicarios. Reformar la policía, incluyendo el incorporar a oficiales de las distintas ciudades de México en fuerzas estatales unificadas, un paso que Mota había apoyado, eso podría ayudar a confrontar a los cárteles.
La policía municipal sola es demasiado débil para enfrentar el poderío del armamento de las milicias de narcos. Esa reforma podría disminuir el peligro para los alcaldes ya que si no están a cargo de sus propias fuerzas policíacas, serán de menor utilidad para los jefes del crimen organizado.
Aunque México también necesita luchar contra la corrupción del narco que infesta a la policía y los políticos a nivel estatal y federal. Trágicamente, muchos de los partidos importantes han tenido miembros con supuestos vínculos con los cárteles, incluyendo al Partido Revolucionario Institucional, PRI, que está en el poder y la oposición.
La lucha contra esta putrefacción necesita un esfuerzo nacional y podría durar una generación. Los líderes de los partidos necesitan apoyar las investigaciones de su propia gente. Grupos como Transparencia Mexicana podrían ayudar a cabildear para que los políticos den a conocer su patrimonio.
Estados Unidos debería utilizar su ayuda para la guerra contra las drogas para impulsar con más fuerza tales reformas.
México también necesita políticos locales que puedan resistir la plata de los sobornos y el plomo de las balas. Desafortunadamente, la simple brutalidad de los homicidios como el de Mota es un ejemplo aterrador para esos valientes jóvenes que pudieran tratar de seguir sus pasos.
Ioan Grillo es el autor del libro que aparecerá próximamente, titulado “Los Gangsters, señores de la guerra de las drogas; el dinero de la droga, los campos de batalla y la nueva política de Latinoamérica”.
La mañana del 2 de enero, un equipo de sicarios se dirigió a la casa de Gisela Mota de 33 años de edad, quien unas horas antes había hecho su juramento como la primera alcalde mujer de Temixco, una tranquila población que está a una hora de retirado de la Ciudad de México.
Mota aún estaba en pijamas cuando los hombres llegaron a la casa de block de sus padres. Ella se encontraba en la recámara, aunque la mayoría de su familia estaba en la sala, arrullando a un recién nacido.
Cuando la familia preparaba una mamila con leche, los asesinos destrozaron la puerta para entrar. En medio de la conmoción, Mota salió de la recámara y les dijo con firmeza “Yo soy Gisela”. Frente a la aterrada familia, los hombres golpearon a Mota y le dispararon en varias ocasiones, provocándole la muerte.
Este tipo de violencia ha plagado varias áreas de México durante el baño de sangre que lleva una década y que conocemos como la guerra contra las drogas de México.
Sin embargo, el asesinato de Mota está arrojando luz sobre cuestiones preocupantes respecto a cómo ha ido cambiando este conflicto. Aunque los medios de comunicación global están fascinados con los capos billonarios como Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, quien fue recapturado el 8 de enero después de haberse escapado por segunda ocasión —y de haber tenido una entrevista secreta con el actor Sean Pen— la guerra ha estado evolucionando más allá del comercio de las drogas.
Ahora, los cárteles están peleando por el poder político.
Después de arrestar a dos de los hombres sospechosos de haber asesinado a Mota, la policía dio a conocer que el homicidio forma parte de una campaña regional que están llevando a cabo “Los Rojos” para controlar los cabildos municipales y robar los recursos de la población.
Cinco días después del asesinato, la madre de Mota, Juana Ocampo, se unió a una marcha que se realizó en Temixco junto con cientos de habitantes del lugar vestidos de blanco.
Ocampo, quien es una veterana activista de la comunidad, sabía que su hija había aceptado un puesto peligroso, ya que los asesinos contratados, conocidos como sicarios, han matado casi a 100 alcaldes en México en la última década. Sin embargo, Mota estaba decidida.
“Desde que Gisela era una niña, quería entrar a la política para cambiar las cosas”, me dijo Ocampo. Mota había hecho un llamado para dar por terminada la corrupción en Temixco y reformar la policía, lo cual la convirtió en un objetivo de agresión.
“Nunca me imaginé que algo como esto pudiera pasar”, dijo Ocampo con el rostro adusto y reprimiendo su dolor y las lágrimas. “Espero que se haga justicia. O tendremos que tomar algunas acciones para exigir que se haga justicia y el caso sea aclarado”.
Los manifestantes sostenían pancartas que decían “Yo soy Gisela”.
El asesinato de Mota ha sido el giro más reciente en la evolución de los negocios del narcotráfico mexicano, un proceso que oficiales estadounidenses y mexicanos al parecer no han logrado digerir.
Durante una década, las tropas mexicanas han colaborado con agentes estadounidenses para perseguir a los capos, que se conoce como la estrategia de decapitación de cárteles.
Gángsters extravagantes con apodos como “Tony Tormenta”, “El Ingeniero” y “El Viceroy” han sido abatidos o arrestados. El Chapo, ha sido detenido en dos ocasiones en menos de dos años. Aunque esos capos se encuentran en una prisión o en una tumba, sus asesinos han formado sus propias organizaciones, que pueden ser más violentas y depredadoras.
El Estado de Morelos, del que forma parte Temixco, es un ejemplo sangriento. Lleno de verdes valles y cálidos manantiales, fue utilizado durante algún tiempo por el capo de la droga llamado Arturo Beltrán Leyva, alias “El Barbas”, para almacenar cocaína que era traída en avión desde Colombia, antes de llevarla hacia el norte.
Beltrán Leyva fue un aliado que después se convirtió en enemigo de El Chapo y que rivalizó con él en su capacidad para mover los enervantes. Sin embargo, a principios de los años 2000, Beltrán Leyva construyó un imperio en Morelos, en donde los índices de homicidios eran relativamente bajos.
En el 2009, agentes estadounidenses de la Agencia Anti-Drogas, DEA por sus siglas en inglés, recibieron informes de inteligencia sobre el paradero de Beltrán Leyva.
La DEA le dio el domicilio a la Marina mexicana —una fuerza de élite entrenada por Estados Unidos— que irrumpió en el lugar en donde se encontraba, matando a Beltrán Leyva y a cuatro de sus cómplices.
Un oficial de alta jerarquía de la DEA me dijo que le pagaron a su informante 5 millones de dólares de recompensa a cambio de ese dato que fue dinero de los contribuyentes para tratar de ganar la guerra contra las drogas.
Sin su líder, los sicarios que habían trabajado para “El Barbas”, formaron sus propios cárteles, incluyendo a Los Rojos y Guerreros Unidos y siguieron asesinando.
Actualmente, los dos cárteles están peleando por un corredor en Morelos y el vecino Estado de Guerrero, dejando montones de cadáveres. El año pasado, Guerrero tuvo el número más alto de homicidios per cápita en México, Morelos ocupa el cuarto lugar.
Esos nuevos cárteles siguen traficando con droga, algunos han cambiado de la cocaína colombiana a la heroína mexicana para suministrarla en partes arrasadas por la epidemia de la adicción en Estados Unidos.
Aunque también han utilizado sus ejércitos de asesinos para cometer nuevos delitos: fraudes, extorsiones, robo de petróleo y la venta ilegal de hierro. Ahora están interviniendo en uno de los negocios más lucrativos en México: la política local.
Mota no es la primera política que ha tenido conflictos con los intereses del nuevo negocio de los cárteles. El 11 de enero, durante una conferencia de prensa, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, reveló que en los últimos meses, Los Rojos habían amenazado a más de 13 alcaldes de Morelos, y están usando el homicidio de Mota como una sombría advertencia.
“Fue una acción deliberada y premeditada que pretende promover un ambiente de terror, tanto entre las autoridades como entre los ciudadanos”, dijo.
El cártel le exige cosas a los alcaldes, dijo Ramírez —por ejemplo, contratos de valiosos proyectos de construcción o el derecho a nombrar a los jefes de la policía de la población. También están forzando a los alcaldes a darles el 10 por ciento de sus presupuestos anuales.
Debido a que el gobierno de México aporta la mayoría del financiamiento, esto significa que los cárteles se están alimentando del dinero federal— y a la vez de Estados, que le proporciona al gobierno mexicano unos 300 millones de dólares al año como ayuda para la guerra contra las drogas.
La corrupción en México es tan antigua como el mismo país, los traficantes han estado sobornando a los políticos durante el siglo que llevan contrabandeando drogas a los Estados Unidos.
Alcaldes, gobernadores y oficiales federales han cerrado los ojos ante los campos de opio y súper laboratorios de metanfetaminas. En 1997, el mismo zar anti drogas del gobierno federal, fue arrestado por recibir sobornos.
Aunque ahora, los gangsters están cambiando sus maneras de operar que datan de hace un siglo. En lugar de entregar sobornos, están haciendo que los alcaldes se los paguen.
La política no es sólo una manera de ayudarlos en sus negocios criminales, es un negocio en sí mismo. Y al tomar el control de los políticos, los cárteles se transforman en una ominosa sombra de poder, utilizando las herramientas del Estado para afectar a cualquier persona que viva o trabaje en su jurisdicción.
En México hay más de 2 mil alcaldes, la mayoría de los cuales cuentan con poca protección, los cárteles tienen un gran mercado a su disposición. En total, el botín vale billones de dólares al año.
Al parecer, la táctica de estafar a los alcaldes se está expandiendo más allá de Morelos. En el 2014, se dio a conocer que el Cártel de los Caballeros Templarios, que tenía su sede en el Estado de Michoacán, también estaba forzando a los alcaldes a entregarles un porcentaje de sus presupuestos.
Han surgido videos y fotografías en las que el líder de los Templarios, Servando Gómez, también conocido como “La Tuta”, aparece sentado hablando con varios alcaldes.
Algunos cárteles eliminan a los intermediarios y ponen directamente a uno de los suyos en el ayuntamiento. Al parecer, ése fue el caso de Iguala, una ciudad del Estado de Guerrero, cuyo alcalde, José Luis Abarca, actualmente está en prisión acusado de crimen organizado y de ser miembro de los Guerreros Unidos.
Docenas de oficiales de la policía están también en la cárcel, acusados de ser sicarios con uniforme.
En septiembre del 2014, la policía de Iguala y los sicarios que trabajaban para los Guerreros Unidos mataron o desaparecieron a más de 40 estudiantes en uno de los crímenes más atroces del México moderno.
Después que oficiales de la policía federal arrestaron al alcalde, los habitantes buscaron a sus familiares que habían desaparecido bajo su mandato. Desde entonces, unos 130 cuerpos han sido exhumados en Iguala.
Estas atrocidades provocaron que miles de personas marcharan en las calles de la Ciudad de México. Algunos manifestantes incendiaron las oficinas del ayuntamiento de Iguala.
Empresas internacionales siguen operando en esas áreas dominadas por los cárteles, especialmente en la minería y con mayor frecuencia en las industrias petroleras y gaseras.
Tienen que colaborar con los alcaldes para coordinar las operaciones y regulaciones, como resultado de esto, un ejecutivo estadounidense de una empresa minera en Guerrero me dijo que las empresas no tienen otra opción sino negociar con los oficiales sospechosos, aunque ellos tratan de identificarlos y evitar trabajar con los peores.
Los dirigentes de las empresas prefieren no hablar públicamente acerca del nivel de control que tienen los cárteles, ya que eso ofende a los políticos de México. Sin embargo, el año pasado, Rob McEwen, presidente y director ejecutivo de la empresa canadiense McEwen Mining, rompió el silencio después que los gangsters robaron oro con valor de más de 8 millones de dólares de una mina situada en el noroeste de México.
“Los cárteles están activos aquí. Generalmente, tenemos buenas relaciones con ellos”, le comentó McEwen a Business News Network. “Si uno desea explorar en algún lugar, les preguntamos y nos responden que “no”, pero luego, nos dicen “regresen en un par de semanas, hasta que terminemos lo que estamos haciendo”.
Después de las protestas de políticos mexicanos, McEwen se retractó de sus comentarios, argumentando que se refería a las buenas relaciones con algunos “miembros de la comunidad y dueños de propiedades de la localidad”, en lugar de con los gangsters.
Mientras los cárteles se atrincheran en la política local de México, encontrar una solución al desastre de la guerra contra las drogas ha sido cada vez más difícil. La reforma sobre la política de las drogas, significa una más amplia legalización de algunos enervantes, como la mariguana, y un mejor tratamiento a las adicciones para reducir el uso de otras, como la heroína, eso podría ayudar a sangrar las finanzas de los narcos.
Aunque ahora que los cárteles están diversificando sus fechorías a un portafolio de delitos y tomando el control de las instituciones políticas, eso no los detendrá.
La respuesta más obvia es construir un sistema de justicia efectivo para ser más severos con los sicarios. Reformar la policía, incluyendo el incorporar a oficiales de las distintas ciudades de México en fuerzas estatales unificadas, un paso que Mota había apoyado, eso podría ayudar a confrontar a los cárteles.
La policía municipal sola es demasiado débil para enfrentar el poderío del armamento de las milicias de narcos. Esa reforma podría disminuir el peligro para los alcaldes ya que si no están a cargo de sus propias fuerzas policíacas, serán de menor utilidad para los jefes del crimen organizado.
Aunque México también necesita luchar contra la corrupción del narco que infesta a la policía y los políticos a nivel estatal y federal. Trágicamente, muchos de los partidos importantes han tenido miembros con supuestos vínculos con los cárteles, incluyendo al Partido Revolucionario Institucional, PRI, que está en el poder y la oposición.
La lucha contra esta putrefacción necesita un esfuerzo nacional y podría durar una generación. Los líderes de los partidos necesitan apoyar las investigaciones de su propia gente. Grupos como Transparencia Mexicana podrían ayudar a cabildear para que los políticos den a conocer su patrimonio.
Estados Unidos debería utilizar su ayuda para la guerra contra las drogas para impulsar con más fuerza tales reformas.
México también necesita políticos locales que puedan resistir la plata de los sobornos y el plomo de las balas. Desafortunadamente, la simple brutalidad de los homicidios como el de Mota es un ejemplo aterrador para esos valientes jóvenes que pudieran tratar de seguir sus pasos.
Ioan Grillo es el autor del libro que aparecerá próximamente, titulado “Los Gangsters, señores de la guerra de las drogas; el dinero de la droga, los campos de batalla y la nueva política de Latinoamérica”.
Fuente: The New York Times vía El Diario
