El periodista mexicano Zedryk Raziel se dio cuenta de la importancia que tenía el instituto de acceso a la información de su país cuando asistió a una conferencia de periodismo de investigación en Río de Janeiro hace dos años. Raziel presentó la investigación que llevó a cabo junto a dos colegas sobre una enorme red de lavado de dinero en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, en un caso conocido como “Viuda Negra”.
Lo que más le cuestionaron colegas en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN) sobre su investigación para el medio digital Animal Político fue cómo había logrado conseguir la enorme cantidad de información pública referente a contratos, transferencias bancarias y depósitos de instituciones de gobierno a empresas fantasma que respalda el reportaje, el cual luego se convirtió en un libro.
“Me decían que no lo comprendían, que ellos dependían mucho de la buena voluntad de sus fuentes”, dijo Raziel a LatAm Journalism Review (LJR). “Ellos tenían que construir fuentes al margen de las instituciones para conseguir ciertos documentos, a los que yo, como mexicano, tengo acceso libre”.
Raziel, quien hoy forma parte de la redacción en México del diario El País, dijo que el Sistema Nacional de Transparencia mexicano ha sido fundamental para su trabajo de documentar casos de corrupción y vigilar la eficiencia del gobierno.
“En la Plataforma Nacional de Transparencia están disponibles muchas de estas cifras oficiales que las instituciones deben –porque están obligadas por ley– hacer públicas. Entonces me ha servido de muchas maneras”, dijo.
Esa posibilidad de exigir transparencia al gobierno mexicano podría extinguirse pronto. El 20 de noviembre, diputados aprobaron en lo general un proyecto de ley para desmantelar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de ese país. Esta iniciativa forma parte del paquete de reformas constitucionales que envió el expresidente Andrés Manuel López Obrador pocos meses antes de dejar el poder este año. La iniciativa todavía tiene que pasar por la revisión del Senado y, en su caso, ser promulgada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Raziel y otros periodistas ven la inminente desaparición del INAI como un retroceso a una era de opacidad gubernamental. La iniciativa no plantea a detalle qué pasará con el derecho de los ciudadanos al acceso a la información si el instituto, el cual opera de manera autónoma al gobierno, desaparece.
La iniciativa contempla derogar al INAI y trasladar sus atribuciones a instituciones dependientes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de acuerdo con el documento enviado por López Obrador. No plantea una propuesta alternativa para garantizar el derecho de acceso a la información de la ciudadanía.
“Todo se está haciendo al vapor, no se está planeando, no se vislumbra más allá de la desaparición del INAI”, dijo a LJR Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 en México y Centroamérica. “No hay una propuesta concreta sobre la mesa de reformas a las leyes secundarias, a las leyes que derivan de la propia Constitución y eso evidentemente genera una enorme incertidumbre para el acceso a la información”.
Obstáculos y opacidad convenientes
Periodistas y expertos en transparencia en México coinciden en que hasta el momento el futuro del derecho de acceso a la información en el país está plagado de incógnitas. Sin embargo, vislumbran una mayor opacidad y más obstáculos para vigilar al poder y hacerlo rendir cuentas.
Entre las principales incógnitas está qué pasará con la Plataforma Nacional de Transparencia, el sistema digital gestionado por el INAI que permite a los ciudadanos acceder fácilmente a la información pública de más de 8 mil instituciones gubernamentales.
“Hoy un periodista que desee obtener información simplemente va a la plataforma y hace su solicitud como cualquier ciudadano”, dijo a LJR Fernando Nieto, profesor especializado en gobierno y administración pública de El Colegio de México, y quien fue miembro del Consejo Consultivo del INAI. “No queda muy claro quién va a administrar esa plataforma, porque ahora va a ser un sistema descentralizado donde el Ejecutivo hace lo suyo, el Legislativo hace lo suyo, etcétera”.
La plataforma también permite ejercer recursos de impugnación, en caso de que la información solicitada haya sido negada o entregada incompleta. La iniciativa de reforma también deja en duda cómo serán los mecanismos de impugnación si el INAI desaparece. De acuerdo con Nieto, es probable que se vaya a requerir incluso un proceso legal para interponer impugnaciones.
Eso, agregó Nieto, complicaría procesos que hoy son relativamente ágiles e incluso podría implicar nuevos costos para los ciudadanos.
“Si yo no estoy de acuerdo con una decisión, voy a tener que invertir mucho más tiempo y recursos en tratar de revertir esa decisión y obtener información, particularmente en casos que sean más espinosos”, dijo Nieto. “Se van a convertir en procesos mucho más largos de investigación, mucho más inciertos en términos de sus resultados”.
El hecho de que las funciones de un órgano autónomo sean transferidas a instituciones dependientes de los poderes de gobierno también genera incertidumbre, ante posibles conflictos de interés.
Nieto explicó que, una vez entrando en vigor los cambios a la ley, si un periodista solicita información a una secretaría de Estado, por ejemplo, y ésta la niega, tendría que acudir a otra secretaría de Estado para interpelar la negativa.
“En este nuevo escenario, el Poder Ejecutivo que me negó la información es el mismo Poder Ejecutivo que tiene que ‘regañar’ al poder al Poder Ejecutivo para que dé la información”, dijo Nieto. “Es decir, será juez y parte”.
La iniciativa de López Obrador contempla que la tutela del derecho de acceso a la información en lo que respecta a asuntos del Poder Ejecutivo se trasladaría a la hoy llamada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Para Raziel, la idea de dejar la atribución de garantizar el derecho de acceso a la información en manos del propio gobierno, y no de un órgano autónomo, es absurdo.
“Que un gobierno pretenda garantizar a sus ciudadanos que el gobierno mismo va a ejercer de garante del acceso a la información es ridículo. El razonamiento detrás es patético”, dijo Raziel.
Cuando López Obrador anunció su intención de desaparecer el INAI dijo que éste era un organismo oneroso que no servía “para nada”. El expresidente se encargó de generar una narrativa en contra de organismos autónomos que le eran incómodos a su gobierno, y en pro, supuestamente, de la política de austeridad que caracterizó a su gobierno, dijo Maldonado.
“Es una narrativa repleta de mentiras y de desinformación que habla de lo caro que sale un organismo garante, que representa un porcentaje mínimo del presupuesto federal”, dijo Maldonado. “La presidenta Sheinbaum continúa en ese hilo de narrativa, diciendo que en casos como Odebrecht u otros casos de corrupción o de violaciones graves a derechos humanos, el INAI escondió información, cuando no es cierto”.
Lo que sí es cierto es que la opacidad aumentó con López Obrador. Durante su sexenio, aumentó el índice de respuestas negativas a solicitudes de acceso a la información respecto a la administración anterior, de acuerdo con datos del INAI hasta 2023. Además, López Obrador emitió decretos ejecutivos para declarar a priori como de seguridad nacional la información sobre las megaobras de su gobierno.
“Eso marca muy claramente las intenciones de opacidad”, dijo Maldonado. “Hay una multiplicidad de cosas sin aclarar al cierre del gobierno anterior, miles de millones de pesos en diversos proyectos sociales, en diversas instituciones que no se sabe dónde quedaron. Entonces por supuesto que la destrucción del INAI y la opacidad que de ello derive es algo muy conveniente”.
Un sistema perfectible, pero funcional
El reportaje “La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto”, publicado en 2014 por el medio Aristegui Noticias, representó un hito para el periodismo de investigación como herramienta para promover la rendición de cuentas. La investigación, que ganó el Premio Gabo a Cobertura 2015, expuso con amplia e irrefutable documentación los estrechos vínculos entre el entonces presidente y una empresa contratista del Estado.
Una de las pruebas contundentes del reportaje fue obtenida a través de una solicitud de acceso a la información al Estado Mayor Presidencial. La información entregada por la dependencia, que estaba a cargo de la seguridad del presidente, confirmó que la familia de Peña Nieto habitaba una mansión de 7 millones de dólares construida por la empresa contratista.
Para el periodista Rafael Cabrera, uno de los autores de la investigación, el reportaje es muestra clara de que el sistema de transparencia mexicano ha funcionado como una vía para la rendición de cuentas.
“Usamos muchísimo el sistema de transparencia y funcionó. Funcionó desde a nivel del municipio […] hasta el nivel del gobierno federal”, dijo Cabrera a LJR. “En algunos casos [las dependencias]pedían prórrogas porque era mucha información la que estábamos pidiendo, pero en realidad ninguna negó la información, ni tuvimos que pelear por ella”.
Cabrera dijo que el sistema de transparencia de México otorga a los periodistas la posibilidad de acceder a información en bruto y sin filtros de las dependencias públicas, sin necesidad de depender de fuentes o filtraciones dentro de las propias instituciones.
“Lo importante del INAI es que es autónomo, independiente de los poderes”, dijo Cabrera. “Ahora va a ser un sistema supeditado al propio poder, entonces va a ser el poder entregando información y diciendo si cumplió o incumplió, lo cual ya suena bastante amañado”.
No obstante, Cabrera reconoce que el sistema de transparencia mexicano no es perfecto y tiene muchas áreas en las que podría ser mejorado. De acuerdo con el periodista, en el INAI existe influencia de los partidos políticos y del oficialismo, además, de que, considera, es un organismo no muy cercano a la sociedad.
“Se volvió un poco de nicho, o sea, se volvió nada más para unos cuantos”, dijo Cabrera. “Por esa parte sí era perfectible. Claro que nadie puede meter las manos y decir ‘el INAI es perfecto, no lo toquen, siempre ha tenido buenas intenciones’. Buenas intenciones, tal vez. Pero la ejecución es cuestionable”.
Raziel coincidió en que el INAI podría mejorar en su capacidad de sancionar a las dependencias que se niegan en repetidas ocasiones a entregar información. El instituto no tiene capacidad de sanción más allá de la imposición de multas y la emisión de recomendaciones, lo que suele orillar a los solicitantes a escalar el asunto a instancias judiciales, donde los procesos suelen ser largos e inciertos, dijo el periodista.
“El INAI no tiene facultades más que imponer una multa al funcionario que no entrega la información, pero nada más”, dijo Raziel “No hay prosecución de estos delitos, y si tu quieres escalar el asunto, tienes que ir tú a los tribunales de justicia administrativa”.
De vuelta al pasado
Cabrera dijo que la implementación del sistema de transparencia y su evolución durante dos décadas representó una elevación del nivel del periodismo mexicano, no solo en lo referente a la rendición de cuentas, sino también en aspectos como la consolidación del periodismo de datos y de la documentación de la violencia.
El periodista dijo que aprender a usar la plataforma de transparencia implicó la construcción de un conocimiento colectivo en el que periodistas, activistas y abogados se ayudaban entre sí.
“Fue necesario que nosotros como periodistas nos pusiéramos a estudiar y aprendiéramos términos castrenses, términos judiciales, por ejemplo, cuestiones sumamente técnicas. Requirió una especialización tremenda. Y eso es lo que ahora vamos a perder”.
De concretarse la desaparición del INAI, Raziel y Maldonado temen que, para seguir haciendo su trabajo, los periodistas deban retomar estrategias de décadas atrás.
“Quizá, como han hecho mis colegas de otros países, voy a tener que volver a la antigua, a cultivar fuentes en la función pública para poder acceder mínimamente a una parte de la información en posesión de estos sujetos obligados”, dijo Raziel.
Cabrera, sin embargo, confía en que los periodistas mexicanos encontrarán nuevas formas de seguir vigilando al poder. Para él, el sistema de acceso a la información es sólo una herramienta de varias con las que cuenta el periodismo.
“¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados, diciendo ‘ya no hago periodismo porque ya no tengo acceso a la información por transparencia’? Eso sería una derrota”, dijo. “Esto implica un reto para los periodistas. Esto va a cambiar, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para ir buscando fuentes y documentos para seguir haciendo lo que queremos? Porque yo no creo que nadie quiera bajar el estándar”.
Cabrera y Raziel coinciden en que sin duda los potenciales cambios representarán una piedra más en el camino de los periodistas, en un país en el que la prensa enfrenta múltiples obstáculos, como la violencia, la estigmatización y el descrédito. No obstante, ambos periodistas parten de la idea de que el acceso a la información es un derecho humano y que como tal su violación debe tener consecuencias.
“Creo que los periodistas no nos hemos organizado lo suficiente para intentar frenar esta reforma, o en caso de que no se pueda, al menos blindarnos”, dijo Raziel. “Es un derecho que yo daba por seguro, el del acceso a la información pública, y veo con mucha sorpresa, con mucha decepción, que un gobierno se esté atreviendo a tanto”.
Esta publicación fue publicada originalmente por LatAm Journalism Review
