El Senado se alista para cerrar el periodo ordinario de sesiones sin aprobar las nuevas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.
A los legisladores les importó poco que entre esas iniciativas se encontrara la denominada Ley 3 de 3, solicitud planteada por miles de ciudadanos, a quienes ellos dicen representar.
De manera histórica, organizaciones civiles y ciudadanos lograron recabar 634 mil firmas (cinco veces más de lo establecido por ley), avaladas por el INE, con lo que pretendían obligar a que los funcionarios públicos presenten sus declaraciones patrimonial, de impuestos y de conflictos de interés.
El coordinador del PRI, Emilio Gamboa, reconoció que no hay condiciones para votar las siete leyes que exige la Oposición y que contemplan la creación de la Fiscalía Anticorrupción antes del sábado 30 de abril, cuando cierra sesiones la Cámara alta.
“Quisiéramos que salgan las siete, nada más que no hay predictámenes ni dictámenes todavía sobre dos o tres de ellas. Queremos que salga un buen producto y que no nos vayamos a arrepentir de hacer algo con prisas”, justificó el legislador.
Las bancadas del PAN y el PRD, en tanto, exigieron una reforma integral y condicionaron su voto a que el paquete incluya siete ordenamientos para castigar la corrupción con sanciones administrativas y penales.
“Son siete y no sólo una parcialidad porque dejaría incompleto el Sistema”, advirtió el coordinador albiazul, Fernando Herrera.
“El PRI quiere poco o nada. Nosotros queremos todo o nada”, soltó Miguel Barbosa, coordinador del sol azteca.
El bloque opositor anunció que los presidentes de las comisiones de Justicia, Fernando Yunes, y de Estudios Legislativos, Alejandro Encinas, no firmarán ningún documento que no incluya una visión integral de las propuestas.
Con el tiempo en contra y aún sin dictamen, un sector del PAN –incluido el presidente del Senado, Roberto Gil– se sumó a los cuestionamientos del PRI y el PVEM sobre la inconstitucionalidad de algunas propuestas de la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3.
