La Procuraduría General de la República (PGR) clasificó como reservada la información sobre los peritajes que realizó para verificar la identidad del narcotraficante Heriberto Lazcano Lazcano, abatido por elementos de la Marina, luego de que el cadáver fue robado, bajo el argumento de que la información es parte de una averiguación previa, publica El Universal.
“Esta posición de la dependencia contrasta con la difusión pública, que hizo la semana pasada, de cada uno de los estudios que sus expertos realizaron para identificar a otro capo de relevancia como Joaquín “El Chapo” Guzmán, que también forman parte de un expediente”, según el rotativo.
“En ambos casos los datos del resultado de los peritajes permiten no dejar duda de la identidad de los presuntos delincuentes, que en el caso de El Lazca persisten”, se agrega.
El 7 de octubre de 2012, durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina, Heriberto Lazcano fue abatido en Progreso, Coahuila; pero la madrugada del lunes el cuerpo fue robado por un grupo armado de una funeraria del poblado de Sabinas, habilitado como servicio médico forense.
Tuvieron que pasar 15 horas para que el gobierno federal anunciara que las huellas dactilares correspondían a las del líder criminal.
Según El Universal, se manejaron datos que llevaron a la duda, como el que el cadáver tenía 1.80 metros de estatura, cuando los archivos oficiales del exmilitar era que tenía 1.60 metros; después funcionarios de Coahuila indicaron que el cadáver robado pertenecía a un hombre que tenía una enfermedad terminal, pero después corrigieron.
Al final se concluyó con las huellas dactilares y fotografías que se trataba del narcotraficante abatido por los marinos.
No obstante, la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (hoy SEIDO), el 22 de octubre de 2012 exhumó de un panteón de Pachuca, los restos de Gregorio Lazcano, padre del capo, al que se le extrajo una muestra de tejido óseo, para realizar un estudio genético; se aseguró que se tomó la medida ya que “se deben agotar los extremos legales”, de acuerdo con El Universal.
