Los 11 jóvenes que la Procuraduría General de la República (PGR) consignó a penales federales como probables responsables de los actos de violencia del pasado 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, fueron notificados por un juez federal que no alcanzan el beneficio de la libertad bajo caución, porque uno de los delitos que se les imputa es grave.
El Consejo de la Judicatura Federal informó que los jóvenes, quienes se encuentran internados en el Centro Federal Femenil “Noroeste”, en Tepic, Nayarit, y en el Centro Federal de Readaptación Social No. 5 “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz, rindieron ayer su declaración preparatoria.
Después de rendir su declaración ante el juez 17 de Distrito con residencia en Xalapa, Veracruz, solicitaron la duplicidad del término constitucional para ofrecer pruebas de descargo que les permita obtener su liberación.
Por esa razón, la situación jurídica de los indiciados se resolverá el próximo sábado a más tardar a las 10:00 horas, ya que a esa hora vence el plazo para que se pronuncie el juez en el sentido de si dicta auto de formal prisión en contra de ellos o en su caso auto de formal en libertad.
Todos, entre ellos un joven de nacionalidad chilena, fueron acusados por el Ministerio Público Federal de los delitos de homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín.
Los sospechosos de estos delitos son Roberto César Jasso Del Ángel, Ramón Domínguez Patlán, Hugo Bautista Hernández, Atzin Andrade González, Juan Daniel López Ávila, Laurence Maxwell Ilabaca (chileno), Luis Carlos Pichardo Moreno, Francisco García Martínez, Hillary Analí González Olguín, Lilian Garduño Ortega o Liliana Garduño Ortega y Tania Damián Rojas o Tania Ivonne Damián Rojas.
Las mujeres están internadas en el penal femenil de Tepic, mientras que el resto en Veracruz.
Denuncian golpes a los jóvenes detenidos
l menos seis de los 11 detenidos por los hechos violentos en el Zócalo capitalino tras la marcha del 20 de noviembre fueron golpeados en el traslado al penal federal de Villa Aldama, Veracruz, denunciaron sus abogados.
En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, el abogado Daniel Antonio García dijo que “la mayor parte de las personas detenidas refieren haber participado de manera pacífica en la manifestación del 20 de noviembre y hasta el momento no es posible determinar su participación en los hechos violentos”.
Alejandro Jiménez, otro de los abogados, detalló que durante la marcha en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa, sus defendidos iban en contingentes distintos, y tras la detención contaron que fueron maltratados en el traslado de la Seido al penal en Veracruz.
“Tienen golpes en la cara, derrames en los ojos, cicatrices en los brazos, que son golpes que obviamente no son de hace dos días, sino que tuvieron también golpes en el traslado”, afirmó. Ante esto, solicitaron medidas cautelares a la CNDH.
En entrevista con MVS Radio, Jiménez dijo que también pidieron a la comisión “nuevo exámenes médicos para identificar posibles maltratos en el traslado al penal de Nayarit” de las tres mujeres detenidas el 20 de noviembre.
Sobre Laurence Maxwell Ilabaca, el detenido de origen chileno, comentó que éste iba llegando a la marcha del 20 de noviembre de un viaje desde Oaxaca cuando lo detuvieron mientras amarraba su bicicleta.
Los abogados del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia informaron que obtuvieron la ampliación a 72 horas para que el juez determine la situación jurídica de los seis jóvenes, la cual vence el sábado.
Daniel Antonio García y Alejandro Jiménez son abogados de: Ramón Domínguez Patlán, Hugo Bautista Hernández, Atzin Andrade González, Juan Daniel López Ávila, Luis Carlos Pichardo Moreno y el ciudadano chileno Laurence Maxwell Ilabaca.
Fuente: Milenio
