Un juez federal negó el amparo que solicitó el exgobernador César Duarte Jáquez contra actos de la Procuraduría General de la República (PGR), en relación a la denuncia por peculado y enriquecimiento ilícito presentada en su contra en 2014, reporta El Diario de Juárez.
La denuncia en cuestión fue interpuesta en su momento por al abogado chihuahuense Jaime García Chávez, por la diposición, entre otras cosas, de recursos públicos para el Banco Unión Progreso del cual el exgobernador adquirió acciones por un monto de 80 millones de pesos y el cual era utilizado para manejar fondos públicos de Chihuahua.
De acuerdo con el rotativo fronterizo, el exmandatario solicitó la protección de la justicia federal para que la dependencia le informe si existen más indagatorias en su contra, además de la iniciada por la Unidad de Análisis Financiero que lo investiga por ‘lavado de dinero’.
Sin embargo, el juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, Julio Veredín Sena, resolvió que “la Justicia de la Unión no ampara ni protege” a Duarte Jáquez, informó el Consejo de la Judicatura Federal.
En específico, el exgobernador promovió el juicio de amparo contra actos de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ambas de la PGR, concluye el cotidiano juarense.
Duarte enfrenta citatorio de la Fepade este viernes
El Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio tiene programada para hoy a las 15:00 horas la audiencia de formulación de imputaciones por delitos electorales en contra del exgobernador César Duarte Jáquez y siete exfuncionarios más.
El agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), los acusa del desvío de 14 millones de pesos del erario a las campañas electorales del PRI en 2015.
Hasta la fecha es el único delito federal imputado al exgobernador que ha trascendido, el cual no es grave y cuyo proceso puede enfrentar en libertad.
Duarte Jáquez podría recibir de 200 a 300 días de salarios mínimos de multa y prisión de dos a nueve años, según el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Bajo este contexto, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el senador Miguel Barbosa, del Partido del Trabajo, solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) que investigue el presunto financiamiento ilícito del gobierno de Duarte Jáquez al PRI y que analice la cancelación de su registro como partido político.
De acuerdo con la Fepade, a partir de una denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública estatal, se comprobó que durante la administración estatal anterior, a 700 trabajadores estatales se les retuvo del 5 al 10 por ciento de su sueldo para entregarlo al PRI.
En seis años, la suma fue de 79 millones de pesos, según los datos.
El monto era filtrado a partir de una cuenta, en la cual se expedía un cheque que era cobrado en efectivo y entregado a las oficinas de la tesorería del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional.
Junto al exmandatario, la Fepade acusó penalmente a la diputada local y expresidenta estatal del PRI, Karina Velázquez Ramírez, así como al exsecretario de Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal priista, Pedro Mauli Romero Chávez.
Ambos fueron citados para comparecer hoy en la capital del estado ante el juez federal Eduardo Javier Sáenz Torres, al igual que el exsecretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral y cuatro de sus colaboradores.
Ellos son el exjefe de Control de Pagos de la dependencia, Miguel Ángel Mezquitic Aguirre; el excoordinador administrativo, Adrián Dozal Dozal; el exdirector de Egresos, Jesús Olivas Arzate; y, el exdirector general de Administración, Gerardo Villegas Madriles, actualmente preso y sujeto a otra causa penal por el delito de peculado agravado.
Fuente: El Diario
