Por Ángel Otero Calderón
Cuando el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, defendió ante los diputados su propuesta de homologar el IVA en la frontera al 16%, bajo el argumento de que la tasa reducida no estaba beneficiando a los consumidores, no hizo sino advertir que, a escondidas, los comerciantes de la zona fronteriza desde hace tiempo estaban tomando para sí ese margen adicional como ganancia.
Explicado de manera lisa y llana, esto quiere decir que durante 10 años en los hechos han estado cobrando el IVA a 16% en los productos de consumo, pero sólo reportan el 11% a la Secretaría de Hacienda. O sea, que se han estado robando un cinco por ciento de todas las ventas, en perjuicio directo de los consumidores y aun de las arcas públicas.
“Se propone homologar el IVA, en virtud de un dato muy importante: los precios al consumidor entre las ciudades de la frontera y el resto del país son los mismos”, explicó Videgaray en su comparecencia, el 10 de septiembre anterior. “Es decir, el tratamiento especial de IVA no beneficia al consumidor de la frontera, sino a los intermediarios de las empresas que están tomando para sí esa ganancia. Y esto, no es justo”.
Estamos en presencia de una acusación muy grave. Vale preguntarse cuántos miles de millones se habrían embolsado los mercaderes de frontera en estos años. Pero, ¿cuál es la prueba de los dichos de Videgaray? No lo sabemos todavía. No es improbable, desde luego, que el secretario disponga de un montón de información directa sobre este monumental trastupije para acreditar su dicho.
Algo empieza, no obstante, a desvelarse de lo que bien pudiera constituir un eventual atraco histórico a la población fronteriza.
El senador priista Patricio Martínez García, quien guarda una animadversión nunca disimulada hacia el empresariado de Juárez, que no lo dejó tomar el control de la ciudad en sus días de gobernador, como era su propósito, ha dicho esta semana que otorgará su voto a la homologación de IVA.
El controvertido exgobernador explicó las razones de lo que acá en Juárez sin duda alguna se interpreta como un acto de lesa chihuahuaneidad. Reveló tener en su poder un estudio que demuestra a cabalidad que el IVA ya está homologado al 16% en la frontera desde hace tiempo y que su formalización no afectará al consumidor final.
Según la investigación citada por Patricio, se comprobó que las empresas fueron las que obtuvieron un margen agregado de ganancia, “al reportar sólo 11% al fisco, y el margen de 5% restante, fue para sus arcas”.
“Esto cambia totalmente la perspectiva y lo que puedo decir, es que la homologación del IVA en la frontera está dada de hecho, incluido Pemex (en las gasolinas)”, sostuvo el senador en declaraciones de La Crónica. Con la homologación, “los precios al consumidor deberán ser los mismos y quienes paguen la diferencia serán los grandes ofertadores de bienes”.
El día en que el gobernador César Duarte y los legisladores de Juárez se apersonaron ante el poder central para hacerles ver la batahola que se había armado con lo de la homologación del IVA y de las brutales repercusiones que los empresarios atisbaban en el futuro inmediato, se les explicó en corto lo de la chapuza que se hizo con el IVA reducido.
Ya se sabía en el centro y ahora se sabe acá…
Sin embargo, ¿dónde está la investigación que probaría lo dicho por Videgaray y acreditado por Patricio?
El portal Omnia ofrece pistas de ello. En su columna institucional, firmada por Antonio Payán, se complementa lo que dijo el senador Martínez a la prensa de la capital del estado.
Lo que Patricio quiso decir, según Omnia, es que el gobierno federal mandó realizar una investigación a la Profeco sobre los precios de los productos en esta frontera, comparados con Chihuahua y otras ciudades del interior. Acreditada con notarios públicos, la compulsa arrojó que los precios son similares en todos los casos.
Según el portal capitalino, lo que la investigación arrojó es que, “en los hechos, los propios empresarios, en este caso de Juárez, aplicaron el 16 por ciento del IVA en todas sus ventas, lo cual advierte que deberían regresar ese pago sobre las millones de acciones de venta de sus productos a los consumidores y dar cuenta a la Secretaría de Hacienda”.
Una bomba está por estallar, advierte el columnista.
Es necesario advertir que, evidentemente, hasta ahora la controversia se circunscribe a la arena mediática y, como se sabe, las meras declaraciones públicas no constituyen prueba plena, a menos que se acrediten en los juzgados.
¿Evasión fiscal en la frontera? ¿Saqueo sistemático a los consumidores fronterizos? ¿Todos somos Juárez?
Falta ver cuál será la respuesta de los mercaderes indiciados en esta hora crucial, a querer y no, como vulgares delincuentes.
Es lo que hay, por ahora…
