Los funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor que intentaron clausurar el restaurante Maximo Bistrot, en el DF, luego de que Andrea Benítez González, hija del titular de esa institución, se molestara porque no le asignaron la mesa que quería, ingresaron a la Profeco tras el nombramiento de Humberto Benítez Treviño como procurador.
El operativo realizado el viernes en el establecimiento localizado en Tonalá 133, colonia Roma, lo realizó la Dirección General de Verificación y Vigilancia, que encabeza Jesús Rolando Rangel Espinosa, quien asumió el cargo el 1 de enero pasado, y quien antes se desempeñaba como Fiscal Regional de Atlacomulco de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en la que también se desempeñó como jefe de la Policía Ministerial, publica Reforma.
La inspección, que realizaron tres verificadores que portaban chalecos con el nombre de la “Dirección General de Verificación y Vigilancia”, estuvo supervisado en el lugar por Policarpo Montes de Oca Álvarez, director de Procedimientos y Sanciones, quien fue nombrado en ese puesto el 1 de febrero pasado y quien depende directamente de Rangel Espinosa, según el rotativo.
Montes de Oca Álvarez, de acuerdo con el registro de servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se desempeñó de 2009 a enero de este año como abogado general de la Universidad Mexiquense del Bicentenario.
“Ambos funcionarios, coincidieron en sus anteriores encargos públicos, en la Administración de Enrique Peña Nieto como Gobernador del Estado de México, con Benítez Treviño, quien se desempeñó como Secretario General de Gobierno”, de acuerdo con Reforma.
El domingo, luego de que Grupo Reforma diera a conocer el intento de clausura y de que en las redes sociales se criticara la actitud de Benítez González, el procurador Benítez Treviño reconoció que los funcionarios bajo su mando se extralimitaron en sus funciones.
“Ella exageró la situación y las autoridades de la Profeco, que dependen de mí, sobrerreaccionaron indebidamente por tratarse de mi hija”, señaló a través de un comunicado.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, de quien depende la Profeco, informó por su parte que, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública inició una investigación administrativa para determinar si los servidores públicos que participaron en la revisión incurrieron en algún tipo de responsabilidad administrativa.
