Por Laura Castellanos/cEl Universal
La Coalición de Trabajadores de Immokalee (CIW, por sus siglas en inglés), que integra a jornaleros mexicanos, guatemaltecos y haitianos, ha liberado a mil 200 esclavos explotados en campos agrícolas del sureste de Estados Unidos desde 1997.
De ese año y hasta 2008 la organización ha participado en siete de los nueve casos mayores de esclavitud laboral juzgados en el país que han llevado a 15 victimarios tras las rejas, y actualmente colabora en la investigación federal de tres casos más.
La labor de la coalición fue determinante para que en el año 2000 se creara el Acta de Protección de Víctimas de Trata, signada por la legislatura de Florida, que penaliza el tráfico humano y la esclavitud laboral, y para la creación de una instancia federal que persigue el delito, motivo por el que recibió el Premio de las Cuatro Libertades Franklin D. Rooselvet el pasado 16 de octubre.
“Hemos trabajado en siete casos procesados en las cortes federales con el Departamento de Justicia, el Buró Federal de Investigaciones Federal (FBI) y autoridades estatales”, dice Julia Perkins, del equipo de la campaña antiesclavitud de la CIW.
Los integrantes de la organización, piscadores de jitomate y cítricos, dan talleres de capacitación a oficiales estatales y federales que se especializan en el combate de la esclavitud laboral y en ocasiones participan de forma encubierta en investigaciones.
El guatemalteco Óscar Otzoy explica: “Cuando los trabajadores están en una situación de esclavitud nadie quiere hablar, y muchas veces tenemos que ir como trabajadores a esos campos para vivir en carne propia lo que ellos enfrentan”.
Como herramienta preventiva, la CIW creó su Programa de Comida Justa, un acuerdo que promueve condiciones laborales dignas y mecanismos de denuncia, que ha sido firmado por productores agrícolas de Florida y 11 empresas de comida rápida y cadenas de supermercados.
“Lo creamos para eliminar las condiciones que en una industria facilitaban la esclavitud”, externa Perkins, porque si los agroempresarios no cumplen el acuerdo, los compradores cancelan sus contratos con ellos.
En 1997, cuatro años después de la creación de la CIW, supieron que 400 hombres y mujeres eran explotados y retenidos contra su voluntad en campos de Florida y Carolina del Sur en la pisca de vegetales y cítricos.
La mayoría eran indígenas mexicanos y guatemaltecos obligados a trabajar de 10 a 12 horas diarias seis días a la semana, bajo la vigilancia de capataces armados que los golpeaban o tiroteaban a quienes intentaran escapar.
Lucas Benítez, uno de los fundadores de la organización, recuerda que se enteraron del caso gracias a que algunos jornaleros consiguieron fugarse. Sin embargo, cuando hicieron la denuncia no les creyeron ni autoridades estatales ni federales, lo que prolongó la subyugación de la gente por cinco años más.
Detalla: “Fuimos con las autoridades a Washington a decirles que había esclavitud en los campos, que había trabajadores amenazados de muerte, golpeados, y nos dijeron: ‘Eso no pude estar pasando’.
Fuente: El Universal
