Por Darío Ramírez
¿Qué político admitiría que la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información no le interesa? Pregunta ociosa, lo sé, nadie se aventaría ese suicidio. Todo discurso político lleva en sus acordes un compromiso con la transparencia porque es lo correcto. Cualquier intento en contrariarla identifica corrupción, opacidad, todo aquello que no es lo público.
Cada día son más cínicos los ejemplos que evidencian la falta de compromiso real por parte de los gobernantes y legisladores respecto a la apertura de la información. Lo cierto es que ha sido una larga batalla de la sociedad civil que más allá de acotarse, prospera como sombra en cada nicho donde trata de incidir.
Un año ha transcurrido desde el inicio de las discusiones legislativas para una nueva reforma constitucional que daría mayor fortaleza al derecho a la información y transparencia en México. En diciembre de 2012, el Senado de la República fungió como Cámara de Origen de una propuesta de reforma constitucional progresiva y amplia que dotaría de autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Datos Personales (IFAI); incorporaría sindicatos y partidos políticos como sujetos obligados directos del régimen de transparencia; y ampliaría las facultades del IFAI para revisar las decisiones de los órganos locales, lo que permitiría homologar las garantías para el ejercicio del derecho de acceso a la información en todo el país.
Los senadores lograron lo que pocas veces se ve en la arena legislativa: un amplio consenso a favor de la minuta que luego sería enviada a la Cámara de Diputados.
Después de serios intentos de retroceso por parte de la bancada priista, al final la minuta aprobada quedó con los planteamientos y avances que hicieron los senadores con “un negrito en el arroz”: la posibilidad de atacar las resoluciones del IFAI cuando puedan afectar la seguridad nacional.
Ahora, en la Cámara de Senadores, contrario a lo que se vio el año pasado, no se logran consensos; es más, ni siquiera se pueden sentar a discutir su aprobación.
En este mes van dos intentos del Senado de aprobar la minuta, pero se ha enfrentado –según las fuentes oficiales– a “la falta de quórum”. La realidad es que hay sobrados desacuerdos que atañen a la intervención del Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, respecto al cabildeo que realizó en la Cámara de Senadores para que el Banco de México pueda atacar las resoluciones del IFAI cuando considere que estas atenten contra la estabilidad económica y financiera del país.
Por un lado, y de acuerdo a las expresiones de los propios senadores de las distintas bancadas, el PAN no está de acuerdo en otorgarle la facultad constitucional al Banco Central de impugnar las resoluciones del IFAI; ya que considera que esta podría guardarse para la ley general. El PRI y el PRD la impulsan a como dé lugar (aún cuando haya senadores perredistas que se pronuncien en contra).
Lo cierto es que el tiempo se agota y una vez más estamos a un paso de cerrar el período de sesiones sin la aprobación de esta reforma que fue la iniciativa prioritaria del Presidente Enrique Peña Nieto cuando recién ocupo el cargo.
El no aprobarla no significa un riesgo, pero impide una oportunidad extraordinaria de blindar la democracia y proyectar el rumbo de una de las herramientas más importantes para el disfrute de otros derechos humanos y principios rectores de la democracia y el Estado de derecho.
La reforma en materia de transparencia debe aprobarse en el Senado tal cual se encuentra, las modificaciones generarían el regreso a la Cámara revisora e impactarían una vez más en su redacción, garantía, anclaje jurídico e incluso en nuevos actores que impulsarían la posibilidad de crear nuevas excepciones a la inatacabilidad del IFAI. Aprobarla es prioridad, pues no hay legitimidad alguna en que el poder público sea el claustro del ejercicio democrático.
* Darío Ramírez. Director de Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión.
