Conforme se acerca la fecha límite para designar a su candidato presidencial, destacados militantes priistas –de cara a la 22 asamblea nacional de su partido– siguen confrontados por dos posturas básicas: un sector pretende que se designe un candidato que cumpla rigurosamente al menos una década de militancia, mientras que otros advierten que el descenso de su partido en las elecciones de los últimos años se debe a que no se abre a la sociedad. Frente a este dilema, los dirigentes manifiestan el optimismo imperturbable que los ha caracterizado aún en sus peores debacles… mientras sobre el tricolor se abate la amenaza del eterno “dedazo”.
Por José Gil Olmos/ Proceso
De cara a la 22 Asamblea Nacional del PRI, que será encabezada por Enrique Peña Nieto, los militantes de ese partido se enfrentan a muchas dificultades al enfilarse a la designación de su candidato presidencial para 2018.
Aunque ya atajaron dificultades al decidir que no se quitará el candado de 10 años de militancia para ser candidato a legislador, edil o presidente de la República, la amenaza del “dedazo presidencial” y el suspenso que ocasiona el destape del elegido, para mediados de septiembre, tiene confrontados a los dirigentes del partido.
Hasta una semana antes de la realización del cónclave priísta, en el que se espera la participación de 10 mil delegados, la dirigencia del partido a cargo de Enrique Ochoa Reza no tenía el control de la asamblea y estaba bajo la acusación de que se quiere imponer en la designación del candidato presidencial.
En el interior del partido corren versiones de que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari apoya las aspiraciones del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, a través de Otto Granados Roldán, subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación en la SEP, quien fue el primer jefe de prensa del salinismo.
Mientras que al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se le atribuye el respaldo del equipo de Enrique Peña Nieto, aunque también se nombra al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al ex rector de la UNAM y actual titular de la Secretaría de Salud, José Narro, como parte de una terna de aspirantes.
José Murat, presidente de la Fundación Colosio, sostiene que la asamblea nacional “no debe realizarse para definir un traje a la medida del futuro candidato priísta”, sino que debe tener carácter deliberativo y dejar claro que hay “piso parejo” para todos los aspirantes a la candidatura presidencial.
El ex gobernador oaxaqueño advierte que hay intentos de personas y grupos que buscan arrebatar la candidatura presidencial al PRI, pero asegura que “ya pasaron los tiempos de los ungidos y de la nomenclatura que todo lo decidía”.
Mientras que para el representante de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Arturo Zamora —cercano al presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa—, ya pasó el tiempo del dedazo presidencial.
Ivonne Ortega, quien fue gobernadora de Yucatán y secretaria general del PRI, señala que, más que el dedazo presidencial, lo que la militancia está cuestionando son las decisiones cupulares que han llevado a que de los candidatos seleccionados en los últimos 24 procesos internos, ocho hayan perdido.
La yucateca admitió públicamente que aspira a la candidatura presidencial del PRI para 2018.
En tanto, Francisco Labastida Ochoa, quien fue candidato presidencial del PRI en 2000, señala que sería una mentira negar que el Presidente de la República tendrá una influencia en las decisiones del partido, pero que, si se sigue la tradición de sus antecesores, Peña habrá de consultar con gente con experiencia sobre los perfiles de los precandidatos.
Los estatutos
Durante semanas la discusión sobre la asamblea se ha centrado en posibles cambios al artículo 166 de los estatutos, que establece los requisitos para la postulación de candidatos.
En la dirigencia nacional hubo un anteproyecto en el que se eliminaban los candados de 10 años de militancia, para abrir la postulación presidencial a un simpatizante.
Ante la presión de diversos grupos y personajes, la Comisión Nacional de Dictamen a cargo de la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, elaboró un documento que propone mantener los candados y los requisitos para la postulación, con la idea de prevenir los problemas que plantearía lanzar a un candidato no priista para la Presidencia.
No obstante, aún existe la posibilidad técnica de aceptar a un candidato simpatizante siempre y cuando el PRI se adhiera a una alianza con otro partido, el cual elija a un personaje que no sea priísta. Pero eso sería inédito en el PRI.
Entre las propuestas que se discutirán en la asamblea están establecer mecanismos para evitar candidatos con historias de corrupción o ligas con el narcotráfico; que los legisladores plurinominales que quieran repetir lo hagan por la vía uninominal y realicen su campaña; la desaparición del fuero desde el presidente municipal hasta el presidente de la República, y establecer la revocación de mandato para procesar a quien haya traicionado la confianza de los militantes y ciudadanos.
Asimismo, se prevé disminuir a cuatro años el período presidencial y el de las gubernaturas; una revisión de la política económica y la instauración de los gobiernos de coalición que impulsa Manlio Fabio Beltrones.
Antes de la Asamblea que el PRI realizará a partir del 12 de agosto, se efectuarán entre el 9 y 10 del mismo mes cinco mesas de trabajo: en Campeche se discutirá el tema de los estatutos; en Coahuila, la declaración de principios; en Mazatlán, la ética partidista; en Toluca, el programa de acción, y en Guadalajara, el proyecto de visión de futuro.
Sin embargo, el panorama para el PRI en 2018 no es promisorio: en los últimos cinco años han perdido casi 5 millones de votos en las elecciones de distintos estados. En el mismo lapso, de los 8 millones de militantes registrados ante el Instituto Nacional Electoral (INE) ha perdido 800 mil, 10%, los cuales se han ido principalmente a Morena; la imagen de Enrique Peña Nieto es la peor de un presidente desde 1996; gobierna seis estados menos que cuando empezó esta administración y arrastra la pesada carga de 21 ex gobernadores involucrados en escándalos de corrupción y con el crimen organizado.
La Asamblea a modo
El senador jalisciense Arturo Zamora, líder de la CNOP, señala que no hay necesidad de cambiar los estatutos porque ya existen diferentes modelos para elegir a los candidatos aprobados desde la asamblea 14, que incluyen la consulta a la base y por decisión de los consejeros políticos, que ha funcionado positivamente.
— ¿Al PRI le conviene un candidato simpatizante o militante?
—Un candidato que sea garantía de unidad al interior del partido y garantía de confianza para la sociedad en general. Esa es la clave. Creo que tenemos que pensar en un perfil de quién puede ser un buen presidente de México para los retos y desafíos que tenemos aquí en la puerta.
Sin embargo, Ivonne Ortega insiste en que se cambien los estatutos y se abra la participación a simpatizantes y ciudadanos en el proceso de selección de candidatos.
Ortega es la primera priísta que difundió su aspiración a la candidatura presidencial. Junto con otras corrientes y personajes, como José Ramón Martel, de Alianza Generacional; Ulises Ruiz, de Democracia Interna; y César Augusto Santiago, presidente de la asociación política Alternativa, entregó a Ochoa Reza un documento avalado por priístas de 18 estados para que se abran los candados a fin de que simpatizantes, militantes y ciudadanos puedan aspirar a una candidatura y se sometan a una consulta directa con las bases del partido.
Ortega también se ha reunido con el presidente Peña Nieto y le ha hablado de la necesidad de escuchar a la militancia para decidir el rumbo del PRI y elegir al mejor candidato para 2018.
Advierte del peligro que la asamblea nacional sea de “maquillaje” si no se toman en cuenta las posiciones de la base, recogidas en las mesas previas.
Además, sostiene que en realidad la participación de los 10 mil delegados se reducirá en una cúpula de 600, que verdaderamente toman las decisiones.
—Da la impresión de que se puede repetir el escenario de 1988: confrontaciones muy fuertes, un choque de trenes entre tecnócratas y políticos tradicionales.
—Como partido más nos vale que no ocurra. Creo que en los dos casos hay gente muy profesional. Aquí debe prevalecer la madurez, la estabilidad que tenemos, y debemos ser muy cuidadosos y respetuosos respecto a la postura de cada quien.
Concluye: “Es como las fiestas de los 15 años o las bodas: las grandes preocupaciones de cuidar todos los detalles son antes de la fiesta. Ese trabajo lo estamos haciendo el presidente Ochoa y todos los sectores, es un trabajo de inclusión y de escuchar.”
Reportaje especial publicado en Proceso 2127, ya en circulación
