Por John M. Ackerman
La consulta popular sobre los expresidentes de la república no le pertenece al Instituto Nacional Electoral (INE), sino a la ciudadanía. Es falso que el INE tenga un monopolio sobre la promoción de este histórico proceso de participación ciudadana. Todos y todas debemos participar no solamente ejerciendo nuestro voto este domingo 1 de agosto, sino también promoviendo activamente el involucramiento de nuestros vecinos, amigos y colegas.
Es cierto que el artículo 35 de la Constitución dice que el INE “será la única instancia a cargo de la difusión” de la consulta popular. Sin embargo, ello se refiere únicamente a las instancias oficiales y no implica afectación alguna a los derechos ciudadanos a la libertad de expresión.
Lo que se encuentra prohibida es “la contratación” de “propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares”, de acuerdo con la Carta Magna y los artículos 40, 41 y 42 de la Ley Federal de Consulta Popular. Pero es perfectamente aceptable que cualquier ciudadano, político, periodista o incluso servidor público exprese libremente su opinión por cualquier medio con respecto al tema del enjuiciamiento de los expresidentes.
La norma también ordena la “suspensión” de “la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno”. Sin embargo, esta prohibición no puede aplicarse a las opiniones expresadas a título personal por legisladores, políticos y servidores públicos, a menos que para la misma se utilizara algún recurso público o privado.
Es también perfectamente válido que los gobiernos federal, estatales y locales sigan promoviendo sus acciones y logros de gobierno en general. Lo único que se prohíbe legalmente es la utilización de recursos públicos para “difundir en los medios” estas acciones. Y cuando se trata de “campañas de información” relacionadas con los temas educativos, de salud y de protección civil, las autoridades pueden continuar sin problema alguno ya que la ley cuenta con una clara excepción en estas materias.
El INE, sin embargo, quiere expropiar de manera ilegal el derecho exclusivo a ser el único actor que pueda promover la participación en la consulta popular. En su afán permanente por confrontarse con el gobierno federal, el instituto electoral incurrió en una serie de auténticos disparates jurídicos en el acuerdo sobre la “veda” electoral publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de julio (véase: https://bit.ly/3iJOeIs).
En este acuerdo, el instituto electoral se erige como juez supremo con la facultad de ejercer una peligrosa censura previa con respecto a cualquier expresión de las autoridades, aunque no estén relacionadas con la Consulta Popular.
Por ejemplo, el Quinto Acuerdo señala que en la propaganda gubernamental “no está permitida la exaltación, promoción o justificación de algún programa o logro obtenido en los gobiernos local o federal o de alguna administración específica”. En el Octavo Acuerdo censuran a La Hora Nacional, señalando que “no podrán difundirse frases o referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno” y que “debe abstenerse de difundir logros de gobierno, obra pública e incluso, emitir información dirigida a justificar o convencer a la población de la pertinencia de una administración en particular, o bien, información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía”. Y el Noveno Acuerdo señala que “los portales de los entes públicos en Internet deberán abstenerse de difundir logros de gobierno”.
Nos encontramos frente a un error grave de interpretación de parte de la autoridad electoral, resultado de su vista obnubilada por su odio hacia Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación.
El gobierno actual no es parte ni objeto de la consulta que se celebrará el 1 de agosto, así que proporcionar información sobre sus programas o logros no afecta en absoluto la equidad del proceso electoral en curso. Estas prohibiciones tienen sentido dentro del marco de los procesos electorales normales donde el gobierno es emanado de uno de los partidos políticos que se encuentra en la boleta electoral. Sin embargo, un ejercicio estrictamente ciudadano sobre el enjuiciamiento de los gobiernos del pasado no tiene relación legal alguna con las obras o los logros el gobierno actual.
Una vez más el INE evidencia su falta de profesionalismo, independencia y objetividad. Pero ya es hora de rebelarnos en contra de sus instituciones realmente existentes y reivindicar al poder popular. Salgamos todos y todas a las redes y a las calles durante los próximos días para promover la participación masiva en la histórica consulta ciudadana que tendrá lugar este domingo. Enviemos una contundente señal a los representantes del viejo régimen de que sus abusos han llegado a su fin y que tendrán que rendir cuentas por sus delitos, saqueos y traiciones.
