Un juez federal resolvió que el ex operador del CEN del PRI Alejandro “La Coneja” Gutiérrez debe cumplir en Chihuahua el proceso por el que se le acusa del desviar 250 millones de pesos del erario estatal hacia el partido. Pero además le impuso dos años de prisión preventiva por el riesgo de fuga.
El diferendo entre el gobierno de Chihuahua y los poderes centrales queda finiquitado con la resolución del juez, luego de meses de fallidos intentos de llevarse al reo a la Ciudad de México.
En efecto, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez “La Coneja” deberá quedarse preso en Chihuahua, de acuerdo con la resolución del juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia.
La Consejería Jurídica del Estado informó que tras una audiencia realizada en la Ciudad de México (vía videoconferencia), el juez determinó además ampliar a hasta dos años la medida cautelar de prisión preventiva en contra del exsecretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Se está haciendo justicia”, dijo Jorge Espinoza Cortés, consejero jurídico.
Alejandro Gutiérrez acudió a audiencia en los juzgados federales en la Avenida Mirador en donde sus abogados discutieron la medida cautelar de prisión preventiva y trasladarlo al Reclusorio Norte de la Ciudad de México para que ahí enfrente su proceso penal, como lo ordenó el anterior juez federal que llevaba el caso, Gerardo Moreno.
La determinación del juez toma relevancia, pues resuelve parte del conflicto competencia que existía entre el Gobierno del Estado y el Poder Judicial Federal, pues incluso ordenaron trasladar a Gutiérrez a la Ciudad de México y elementos de la Fiscalía de Chihuahua lo impidieron.
Sin embargo, por el riesgo de fugarse de la acción de la justicia, además, porque el Chihuahua es quien recibió el daño por el delito, el juez federal determinó que Alejandro Gutiérrez permanezca en Chihuahua y que sea a través de video-audiencias como enfrente el proceso por el desvío de 250 millones de pesos, el cual atrajo la justicia federal.
Ante esto, Gutiérrez permanecerá en la Ciudad de Chihuahua, donde el Ministerio Público Federal tendrá 2 años para concluir la investigación y posteriormente presentar las pruebas correspondientes.
Meses atrás, familiares y abogados del exsecretario general adjunto del PRI, denunciaron que sufría de tortura sicológica, por lo que procedieron a interponer las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos y a la PGR, pero nunca se comprobó tales denuncias.
Incluso, trasladar a Gutiérrez al CEFERESO de Ciudad Juárez fue parte de los acuerdos entre Gobernación y el Gobierno del Estado de Chihuahua, el cual firmaron en febrero tras la Marcha por la Dignidad, para bajarle intensidad a las acusaciones de supuesta tortura.
(Con información de Tiempo y El Diario)
