Es por seis meses, desde el 31 de octubre de 2015 y hasta el próximo 30 de abril de 2016
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió respaldar el acuerdo alcanzado el pasado 19 de octubre entre el Gobierno mexicano y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con la renovación del mandato que ampliará las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
Tal y como se esperaba, el pleno de la CIDH decidió renovar el mandato de este grupo de expertos por seis meses desde el 31 de octubre de 2015 y hasta el próximo 30 de abril de 2016, una fecha que el grupo de expertos consideran como una parada más en la ruta de lo que ha sido una larga y compleja investigación.
“La Comisión Interamericana saluda el acuerdo alcanzado entre el GIEI y el Estado mexicano el pasado 19 de octubre de 2015”, aseguró esta organización al destacar los acuerdos alcanzados entre ambas partes para realizar “una serie de cambios en el manejo de la investigación que lleva adelante la Procuraduría General de la República (PGR) en relación con lo ocurrido en Ayotzinapa, incluyendo la incorporación del informe del GIEI a la investigación del caso”.
“La decisión adoptada por la CIDH se basa en sus facultades de monitoreo de la situación de derechos humanos conforme al artículo 106 de la Carta de la Organización de Estado Americanos (OEA), artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 18 de su Estatuto; y en el numeral 10 del Acuerdo de Asistencia Técnica firmado con el Estado mexicano y los representantes de los beneficiarios” de las medidas cautelares que protegen a los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa y al Estado mexicano.
“La Comisión Interamericana destaca la importancia del informe del GIEI y de sus acciones en los próximos meses a fin de fortalecer la capacidad institucional del Estado mexicano para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como para la investigación de otros casos de desaparición forzada”, señaló la CIDH.
El pasado 19 de octubre Gobierno de México y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acordaron dar seguimiento al trabajo que pasará por la ampliación de la investigación que sigue abierta para esclarecer la verdad sobre la suerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Una investigación que, en opinión de los expertos de la CIDH, permitirá “relanzar” las pesquisas para esclarecer el paradero de los 43 normalistas.
El acuerdo suscrito por ambas partes, luego de de intensas negociaciones, fijará las nuevas reglas para que el el GIEI pueda colaborar como coadyuvante en las labores de investigación que asumirá la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR a cargo de Eber Omar Betanzos Torres.
Precisamente, en el acuerdo de 10 puntos suscrito el 19 de octubre, ambas partes establecieron así la necesidad de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia (SEIDO) relegue de forma inmediata la investigación “proporcionando toda la información existente a un nuevo equipo de investigación” a cargo de Betanzos Torres.
Tras este proceso de entrega, la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR y el grupo de expertos de la CIDH trabajarán de forma conjunta a partir de un plan de trabajo que aún tendrá que sortear algunos aspectos que serán claves en esta nueva fase de la investigación.
Como por ejemplo, la realización de un tercer peritaje que arroje mayor certeza sobre el destino de los 43 estudiantes y la tesis del gobierno que los expertos de la CIDH han puesto en duda sobre incineración de los cuerpos en el basurero de Cocula.
Otro punto que ha sido debatido por los expertos de la CIDH es su petición para interrogar directamente a varios elementos del batallón 27 de la ciudad de Iguala. Ante esta demanda, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, dejó en claro durante la pasada audiencia sobre el caso Ayotzinapa que la decisión de permitir que los militares sean interrogados por el grupo de expertos “corresponderá al ministerio público”.
Fuente: El Informador
