Por Héctor Tajonar
La desenfrenada corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido nuevamente desenmascarada. Se ha revelado el método utilizado para el manejo ilegal de fondos del erario destinados a apoyar al PRI en procesos electorales estatales, ejecutado desde la Secretaría de Hacienda. Por comisión u omisión, los tres titulares de esa dependencia este sexenio, así como el propio mandatario, están presunta y claramente implicados en dicha tropelía.
La Fiscalía General de Chihuahua investiga el desvío de al menos 250 millones de pesos a las campañas electorales del PRI durante el gobierno de César Duarte en el estado, cuando Manlio Fabio Beltrones era presidente del PRI. De acuerdo con cientos de documentos revisados por The New York Times y declaraciones de exfuncionarios vinculados al plan, se depositaron cerca de 14 millones de dólares en las cuentas de cuatro compañías fantasma; fueron utilizados para las campañas priistas en 2016 (NYT, 20/XII/17). Alejandro Gutiérrez, exsecretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, está preso, acusado de malversación de fondos. Beltrones se amparó.
Duarte está prófugo y su proceso de extradición de Estados Unidos, solicitado desde septiembre de 2017, ha sido indefinidamente postergado por la Cancillería mexicana, debido a la cercanía del exgobernador de Chihuahua con el presidente Peña Nieto. Otro personaje clave en el teje y maneje del atraco, Luis Vega Aguilar, secretario de Finanzas y Administración del PRI, también es amigo del mandatario. Por algo lo puso ahí.
Luis Videgaray, José Antonio Meade, su tocayo González Anaya y el jefe de los tres deben estar nerviosos. Ello se tradujo en una orden presidencial temeraria: utilizar a la Secretaría de Hacienda como arma política, a fin de frenar la investigación que ha develado el uso ilegal de recursos públicos para fines electorales.
En conferencia de prensa, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, acusó al gobierno federal de haber cancelado 700 millones de pesos a dicho estado como represalia por las investigaciones judiciales sobre la defraudación perpetrada por su antecesor. La denuncia pública resulta no sólo verosímil sino confirmatoria de un modo de operar el fraude electoral y financiero, largamente practicado por el PRI.
Las respuestas confusas y falaces de González Anaya y Peña Nieto a la acusación hecha por Corral exhiben la falta de argumentos del gobierno federal.
Primero, Hacienda emitió un comunicado en el que desglosaba los fondos entregados al gobierno de Chihuahua, sin mencionar los 700 millones reclamados por Corral. Al día siguiente, González Anaya explicó en una entrevista televisada que dicho monto no había sido depositado debido a que tenían “un número de cuenta equivocado” y aseguró que esos recursos no se van a depositar, “pues son del ejercicio de 2017”.
Peña desdeñó la denuncia por tratarse de “un acto partidario” y, en un desplante de cinismo extremo, declaró: “El presidente se conducirá con su vocación democrática, con absoluta imparcialidad y apegado estrictamente al derecho”. Lo que ha mostrado el mandatario es exactamente lo contrario: vocación autoritaria, perversión de las instituciones y desdén por la legalidad. Ahora se confirma por qué se ufanó de que, si algo sabe hacer es “ganar elecciones”. Su destreza está sustentada en la corrupción electoral. Así llegó al poder y así quiere imponer a su sucesor.
Convertir a la Secretaría de Hacienda –cuya función primordial es administrar el dinero público en beneficio de todos los mexicanos– en instrumento de fraude e intimidación políticos es de extrema gravedad. Utilizar los recursos del erario para financiar ilegalmente las campañas del PRI y, una vez denunciado el saqueo, convertir a Hacienda en arma de extorsión para obstruir una investigación judicial que comprueba la corrupción del peñismo, es ominoso e intolerable.
El caso debe ser juzgado conforme a derecho hasta llegar a una sentencia judicial –y una condena pública– contra todos los implicados en el delito de corrupción, en sus diversas facetas: Peculado, desvío de recursos públicos, abuso de funciones, encubrimiento, ejercicio ilícito de la función pública y obstrucción de la justicia.
Ha quedado al descubierto la forma de operar el fraude electoral:
1. La Secretaría de Hacienda envía recursos a los gobiernos estatales del PRI.
2. Las secretarías locales de Hacienda asignan esos montos a proyectos de inversión (en el caso de Chihuahua, al ramo educativo).
3. Se crean empresas fantasma donde se depositan los recursos y se simula la realización de los proyectos asignados.
4. De forma subrepticia, el dinero del erario se entrega en efectivo a los funcionarios de los gobiernos y del PRI, federales y estatales, para utilizarlo en las campañas políticas.
5. Con ese dinero ilegal, se procede a la compra clandestina de espacios y voluntades en medios de comunicación, reparto de artículos promocionales, así como diversas formas de compra y coacción del voto: prestación de algún servicio público, programas sociales, despensas, diversos productos para el hogar y dádivas en efectivo o a través de tarjetas (caso Monex).
6. Paralelamente, los gobiernos del PRI pervierten o engañan a las instituciones electorales y de procuración de justicia, tanto federales como locales, a fin de poder cometer delitos electorales sin ser sancionados.
7. La corrupción electoral se consuma en total impunidad.
Este tipo de atentado contra la democracia, el estado de derecho y la dignidad ciudadana es lo que el gobierno y el partido de Enrique Peña Nieto pretenden que siga impune, para poder repetirlo en el proceso electoral de este año. Tal intención implica no sólo una idiosincrasia putrefacta sino una inconsciencia y una irresponsabilidad monumentales. El hartazgo social contra la burda corrupción electoral practicada por el PRI mediante el envilecimiento de instituciones e individuos ha llegado a su límite. Es imperativo acabar de una vez por todas con el pacto de impunidad.
Este análisis se publicó el 14 de enero de 2018 en la edición 2150 de la revista Proceso.
