Por Víctor M. Quintana S.
No hubiera sido más terso el cambio de poderes si Calderón se lo hubiera entregado a alguien de su propio partido. Mejor se lo entrega a alguien con quien comparte el proyecto, a Peña Nieto. Un proyecto que busca asegurar la entrega continua del país, de sus recursos, a los poderes económicos trasnacionales. Presidente saliente y presidente electo sellan su amistad planchando iniciativas de reformas legales que buscan legalizar el despojo de tierras y recursos naturales de los ejidos y comunidades al cuarto para las doce.
El entrante, presentó una iniciativa, aprobada ya en la Cámara de Diputados por el PRI, PAN, PVEM y Panal. Es una reforma a la Ley de la Administración Pública Federal que crea la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, que, asumiría tareas que hasta ahora efectuó la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y las que tenía la Sedesol en materia de desarrollo urbano, regional y de vivienda. Esta nueva secretaría pretende bajo la pantalla del “Desarrollo Agrario”, profundizar y acelerar la especulación, despojo, expropiación, privatización y cambio de uso de suelo de las tierras ejidales y comunales de alta plusvalía hacia otros usos tales como vivienda, desarrollos comerciales, turísticos, mineros, etc.
En dicha reforma está ausente una verdadera estrategia de desarrollo agrario que permita a ejidatarios y comuneros el manejo adecuado y autogestivo de las actividades productivas, económicas, sociales y ambientales. También brilla por su ausencia la tutela de la propiedad social de la tierra, tan amenazada hoy por compañías mineras como Mag Silver.
Por su parte, el presidente de los 83 mil muertos esta misma semana envió una iniciativa de reforma de la Ley Agraria para propiciar una privatización fast track de las parcelas ejidales y acelerar la contrarreforma agraria salinista de 1992 acabando con la propiedad social de la tierra y permitiendo su reconcentración en manos privadas, en manos de capitales especulativos nacionales y trasnacionales.
La iniciativa de Peña y la de Calderón son complementarias. Tienen como beneficiarios a las compañías mineras, turísticas, de energía solar, eólica e hidroeléctrica que rondan por todo el agro nacional para aprovecharse de tierras, territorios y recursos de los ejidos y de las comunidades. Tan sólo en lo que se refiere a minería, para 2010 se habían concesionado 52 millones de hectáreas, una cuarta parte del territorio nacional, a empresas, en su mayoría extranjeras. Y el apoyo a las mineras canadienses se intensificará, lo acaba de expresar Peña Nieto en su visita al primer ministro Stephen Harper.
Sin embargo, a esas concesiones se oponen las comunidades y los ejidos. Tan sólo en noviembre, las valientes luchas de dos comunidades: en Chihuahua, la del Ejido Benito Juárez, que en su asamblea del día 17 decidió por unanimidad negarle a la minera Mag Silver y a cualquiera otra la autorización para la exploración y la explotación minera en su territorio durante 100 años. O la festiva y masiva manifestación de más de cinco mil habitantes de Zautla, Puebla que el día 21 lanzaron un ultimátum de 24 horas –en náhuatl y en chino– a los representantes de la minera china JDC Minerales, S.A. de C.V. para que suspendan su proyecto de exploración y abandonen la Sierra Norte de Puebla. Sin olvidar la prolongada lucha de las y los potosinos contra la minera San Javier y de los indígenas wirárika por preservar su territorio sagrado, Wirikuta, de la devastación minera, o la tenacidad de los pueblos rarámuri ante el proyecto turístico Barrancas.
Aplastar con la ley la resistencia de las comunidades indígenas y campesinas,; asegurar para los grandes negocios el acceso a la tierra, al subsuelo y a los recursos naturales, ese es el trasfondo de las recientes iniciativas de Peña Nieto y Calderón en materia agraria, la primera de ellas ya aprobada por la Cámara de Diputados.
Uno entrega el poder, habiendo entregado al país; el otro lo seguirá entregando, recibiendo el poder. Eso sucede arriba; abajo, cunde el contagio de la resistencia de Benito Juárez, de Zautla, de Mogotabo, de los Wirárika. Arriba, cambian los colores pero no las traiciones; abajo, los sexenios pasan; queda la dignidad.
Fuente: El Diario
