En Argentina, el Estado al servicio de la familia Macri

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El más reciente caso de corrupción que se le puede imputar al presidente argentino Mauricio Macri tiene que ver con las licitaciones a modo para la construcción de varios parques eólicos para la generación de energía. Se trata de seis complejos cuya construcción se le adjudicó a una empresa española, que le vendió las concesiones al holding familiar del mandatario, que a su vez las revendió con sobreprecio, con una ganancia de poco menos de 50 millones de dólares en menos de un año.

Buenos Aires (Proceso).- En apenas 11 meses, mediante una maniobra de compra y venta de concesiones de parques eólicos, tres empresas de la familia del presidente argentino Mauricio Macri se embolsaron al menos 48 millones de dólares.

Tales empresas –sociedades anónimas con domicilio en las oficinas de un contador público vinculado al Grupo Macri– fueron creadas ex profeso en diciembre de 2015, después de que el mandatario argentino asumiera el cargo.

Sin pasar por licitación pública alguna, en octubre de 2016 el holding familiar adquirió los contratos para la construcción y explotación de cuatro parques eólicos, que habían sido adjudicados en 2009 a la multinacional española Isolux Corsán y que corrían el riesgo de ser revocados debido al incumplimiento de esa empresa.

Lejos de ser penalizada, en noviembre de 2016 la multinacional española se benefició con la adjudicación de otros dos parques eólicos. Dos meses más tarde, esos contratos también fueron transferidos a una sociedad anónima del holding de la familia Macri.

En mayo de 2017 –en un ambiente de escándalos por otros casos de conflictos de interés vinculados con el presidente– las empresas del Grupo Macri revendieron los seis proyectos eólicos, y se llevaron la ganancia de 48 millones de dólares.

El proceso de licitación y la posterior compraventa de los parques eólicos no se conocieron gracias a la acción de un juez o de algún órgano de control interno del Estado. La investigación periodística del caso fue publicada por Emilia Delfino en el Diario Perfil el pasado 7 de enero.

Cuatro días más tarde, dos diputados opositores presentaron ante la justicia federal una denuncia en la que se consigna que “funcionarios del gobierno nacional favorecieron de manera ilegal a distintas sociedades vinculadas al grupo económico de la familia del presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, en negocios vinculados a concesiones de parques eólicos por los que obtuvieron ganancias por casi 50 millones de dólares en pocos meses”.

En declaraciones a Radio 10, el pasado 11 de enero, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, uno de los impulsores de la denuncia, dijo: “Se trata de tráfico de influencias, es decir que desde adentro del Estado se garantizó el negocio. Además, están los delitos por negociaciones incompatibles con la función pública, beneficio patrimonial indebido y el uso indebido de información privilegiada”.

Transferencias

A partir de 2008 Argentina importa energía. Los enormes yacimientos de petróleo y gas en la Patagonia no han atraído las inversiones que se esperaban. El gobierno de Macri se propuso elevar la participación total de las energías renovables de 8% en 2017 a 20% en 2025. El Ministerio de Energía es el encargado de adjudicar la construcción y explotación de parques eólicos.

Pero la normativa vigente permite a las empresas que ganan una licitación pública transferir sus contratos. Los oscuros intercambios de licitaciones y favores entre empresas, con o sin el visto bueno del Estado, son la norma en Argentina desde hace décadas.

En 2009, Isolux Corsán obtuvo la concesión de los parques eólicos Loma Blanca I, II, III y IV en la provincia de Chubut. Loma Blanca IV recibió la inversión prometida y está en funciones desde 2013. Los otros tres proyectos no mostraron ningún avance.

Inmersa en una crisis financiera, jaqueada por denuncias de corrupción y lavado de dinero en España, Isolux Corsán –que tiene un largo historial de asociaciones con el Grupo Macri– negoció la transferencia de los cuatro parques eólicos a empresas satélites de Sideco Americana, la nave insignia del holding de la familia del presidente.

El 5 de septiembre de 2016, el contador público Mariano Payaslian, quien desde hace más de una década se desempeña como síndico de varias de las empresas pertenecientes al Grupo Macri, constituyó las sociedades anónimas Sideli y Sidsel.

El 19 de octubre de 2016, Isolux Corsán transfirió a Sideli y Sidsel los desarrollos eólicos de Loma Blanca I, II, III y IV por un total de 25 millones de dólares. La transacción fue aprobada por el gobierno mediante el Ministerio de Energía y el Banco de la Nación.

El 28 de octubre de ese año, apenas nueve días después de haberse desprendido de todos sus parques eólicos en Argentina, Isolux Corsán se presentó a una nueva licitación pública, convocada por el Ministerio de Energía como parte del Programa para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable (Renovar).

Y el 23 de noviembre –a pesar de su notorio incumplimiento en los parques Loma Blanca I, II y III y de su también notorio proceso de desvinculación del sector eólico– el Ministerio de Energía le adjudicó los parques Miramar, en la provincia de Buenos Aires, y Loma Blanca VI, en Chubut.

La investigación periodística de Diario Perfil refiere que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, objetó esas adjudicaciones pero las convalidó.

Ya en enero de 2017 Isolux Corsán vendió los contratos de Loma Blanca VI y Miramar.

La compradora fue otra sociedad anónima del Grupo Macri, que desde marzo de 2016 –siete meses antes de que el gobierno convocara la licitación pública del parque Miramar– había sido llamada Parques Eólicos Miramar. Esto hizo que los diputados denunciantes hablaran de “uso indebido de información privilegiada”.

En mayo de 2017 las tres empresas satélite del Grupo Macri –Sideli, Sidsel y Parques Eólicos Miramar– revendieron Loma Blanca I, II y III –aún sin construir– a la compañía china Goldwind por 33 millones de dólares; y Loma Blanca IV, el único en funcionamiento, a la argentina Genneia, por 40 millones de dólares.

El saldo favorable ascendió así a 48 millones de dólares. Se supone que el negocio global es aún más lucrativo, ya que no trascendió el precio de compra y posterior venta de los otros dos emprendimientos, Loma Blanca VI y Miramar, también adquiridos por la china Goldwind en la misma operación.

Intereses

Mauricio Macri y muchos de los funcionarios de su gobierno habían ocupado cargos jerárquicos en grandes empresas. Sus decisiones actuales tienen impacto en el devenir económico de las corporaciones de las que formaban –o aún forman– parte, muchas de las cuales tienen contratos con el Estado.

“Existe un denominador común en las causas de las (aerolíneas) low cost en las que están involucradas Mac Air-Avian, la del Correo Argentino y ésta de los parques eólicos: el presidente Mauricio Macri pone al Estado al servicio de su familia para que haga negocios multimillonarios”, dijo Tailhade en la entrevista radiofónica.

La referencia alude a dos de los escándalos más grandes en los que el presidente se ha visto involucrado. En febrero de 2017 el gobierno de Macri intentó condonar la deuda millonaria que el holding familiar tiene con el Estado argentino tras su paso por la privatización del servicio postal entre 1997 y 2003.

En julio de 2017 el presidente fue nuevamente imputado por la justicia debido a la adjudicación de rutas aéreas a empresas low cost presuntamente vinculadas a su familia.

El propio Grupo Macri admite que los parques eólicos se vendieron para apaciguar los ánimos de la opinión pública frente a estos escándalos. Mantener la concesión hubiera sido más redituable.

El programa Renovar busca fomentar la generación de energía eléctrica con parques eólicos y energía solar, entre otras fuentes ecológicas. El objetivo se sustenta mediante un negocio que el Estado garantiza mediante programas de subsidio de la actividad.

“La rentabilidad asciende a 10% anual, en promedio, durante 20 años. La inversión se recupera rápido y el resto es ganancia”, refiere la citada investigación periodística, que añade: “Un solo parque como Loma Blanca IV, por ejemplo, factura alrededor de 20 millones de dólares anuales, menos gastos y pago de las deudas, según altas fuentes del mercado”.

Macri defendió públicamente las licitaciones eólicas adquiridas y luego vendidas por su holding familiar. “Con este proceso de licitaciones que hemos hecho, que se llaman Renovar, hemos adjudicado 147 proyectos para generar energía a partir de recursos renovables. 147 proyectos producto de licitaciones competitivas y transparentes”, dijo el presidente el 9 de enero. “Esto no sólo genera energía renovable, energía buena, sana, que no contamina, genera trabajo del bueno”, sostuvo.

Desde la oposición consideran, sin embargo, que las irregularidades abarcan la cesión inicial de los contratos incumplidos a empresas “subrepticias”, con la aprobación del Ministerio de Energía y el Banco de la Nación. Y que el otorgamiento de las dos últimas concesiones fue claramente puesto para facilitar su inmediata transferencia al Grupo Macri.

Los diputados que elevaron la denuncia no se hacen ilusiones frente a una justicia que, hasta el momento, ha fallado en favor del Ejecutivo en todos los casos que lo salpican.

El resquebrajamiento que más preo­cupa al gobierno se da en el frente de apoyo interno. De hecho, la alianza oficialista Cambiemos prometió acabar con la corrupción que atribuía al anterior gobierno. Incluso la dirigente opositora Margarita Stolbizer, impulsora de buena parte de las denuncias que acorralan a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha comenzado a apuntar sus cañones contra este gobierno. Sostiene que la Oficina Anticorrupción, que depende del Poder Ejecutivo y guarda absoluto silencio, carece de independencia.

El 13 de enero, en su cuenta de Twitter, Stolbizer escribió que es una burla que la Oficina Anticorrupción investigue casos insignificantes “mientras empresas del Grupo Macri ganan 48 millones de dólares por compra y venta de parques eólicos con empresa española a la que el gobierno debió haber rescindido los contratos por incumplimiento”.­

Fuente: Proceso

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