El programa de engomados que el estado de Chihuahua pretende hacer para regular automóviles importados ilegalmente, conocidos como “chuecos” es ilegal y no tendrá validez, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La autoridad señaló que no habrá programa de emplacado, enmicado o registro vehicular a autos que no acrediten su estancia o internación legal en el país.
“Cualquier programa que realicen las entidades federativas con el propósito de empadronar o emplacar vehículos que ingresaron al país de manera ilegal contravienen los acuerdos y normas establecidas.
“La entrega de documentos que permitan la circulación de unidades sin que hayan acreditado la legal estancia o tenencia en territorio nacional en el régimen de importación definitiva no tienen validez y darían lugar a las sanciones correspondientes”, informó la entidad en un comunicado.
A principios de este mes, César Duarte, gobernador de Chihuahua, señaló que haría un censo para regular a todos los automóviles que circulan de manera ilegal en esa entidad con el fin de llevar un registro de seguridad.
Luego de pagar una suma de mil 900 pesos, aquellos que tuvieran un automóvil importado sin regularizar podrían obtener una placa que les permitiría circular por la entidad sin complicaciones.
Sin embargo, el SAT ya señaló que en caso de llevarse a cabo este programa, la emisión de documentos no tendrá validez.
“En reunión sostenida entre funcionarios de la SHCP y el titular de la Secretaría de Hacienda del Estado, el pasado 23 de marzo, se aclaró que no habrá programa de emplacado, enmicado o registro vehicular a autos que no acrediten su estancia o internación legal en el país”, precisa el comunicado.
Para importar legalmente un auto usado es necesario pagar un arancel del 10 por ciento del valor del vehículo y el IVA correspondiente, comprobar que no tienen problemas legales y presentar los certificados ambientales correspondientes.
Guillermo Rosales, director general de la Asociación Mexicana de Distribuidoras Automotrices, manifestó que esta acción es claramente ilegal e indicó que esto es un daño a la industria fabricante y a los vendedores, además que es un riesgo ambiental y de seguridad.
“No podemos avalar, con todo el trabajo logrado, una pretendida legalización, regularización desde un estado de la federación, mediante mecanismos a todas luces ilegales”, dijo en conferencia.
Fuente: Reforma
