En Quintana Roo, “no son los narcotraficantes los que los hostigan, sino servidores públicos que se dedican a difamar a periodistas y medios de comunicación que hacen crítica”, según el informe “El ejército borgista contra la libertad de prensa” de la organización Artículo 19. El gobernador Roberto Borge usa dinero público para atacar e intimidar a medios y periodistas críticos, afirma.
Al gobernador Roberto Borge no le gusta la crítica. El periodismo independiente le incomoda y está decidido a hacer todo lo que esté a su alcance para molestar, hostigar, amenazar, inclusive golpear a periodistas que en su cobertura sean críticos contra los actos públicos de la administración actual en Quintana Roo.
Después de recoger información, corroborarla y analizarla, Article 19 ha elevado el nivel de alerta por la situación que se vive en el estado de Quintana Roo en relación con el ejercicio de la libertad de expresión. Los hechos relatados en el presente informe son prueba contundente de que muchos periodistas realizan su labor con temor por la violencia que ejerce el estado contra ellos. No son los narcotraficantes los que los hostigan, sino servidores públicos que se dedican a difamar a periodistas y medios de comunicación que hacen crítica.
El desarrollo de las plataformas digitales ha multiplicado la oferta informativa. A pesar de los graves problemas que se han documentado en relación con la discrecionalidad en el gasto de publicidad oficial —la cual conlleva a que voces críticas no accedan a los fondos públicos repartidos entre los medios de comunicación—, existen en Quintana Roo, y en muchas partes del país, medios independientes y críticos que hacen periodismo a pesar de la censura sutil que buscan imponer los gobiernos.
El ámbito digital es uno de los nuevos campos de batalla para atacar a la prensa. Twitter y Facebook se han convertido en el espacio donde los enemigos gubernamentales depositan sus ataques difamatorios e incitadores de violencia contra la prensa que no está dentro de la nómina de la publicidad oficial. Este informe da cuenta de cómo las redes sociales son usadas por cuentas “anónimas” para publicar información que no está protegida por la libertad de expresión.
ARTICLE 19 ha defendido el hecho de que muchas opiniones, aunque ofendan o sean groseras, son válidas de acuerdo con el derecho a la libertad de expresión. No buscamos regular con buen lenguaje y pensamientos las redes. Sin embargo, el presente informe expone cómo ejércitos de bots y trolls difaman e incitan a la violencia contra comunicadores independientes. El fenómeno de los bots resulta interesante, ya que se utilizan como parte de una estrategia gubernamental para imponer una visión e información que convenga al gobierno. Asimismo, dichos ejércitos que retuitean por millares información falsa, difamatoria y mentirosa son pagados, presuntamente, por dinero público.
Lo grave es que el gobierno de Quintana Roo busca controlar el flujo de información y opiniones en redes sociales con mensajes específicos que se sobrepongan a las voces críticas. La evidencia recogida confirma que hay una estrategia de silenciamiento, por parte de Roberto Borge, a voces y medios críticos, que pasa por ataques en redes sociales.
El presente informe no es una interpretación de ARTICLE 19 sobre lo que se vive en Quintana Roo. Es un trabajo que a lo largo de meses buscó recoger testimonios y evidencia de todo y cada uno de las afirmaciones que aquí se incluyen. Como parte de nuestro mandato internacional, el presente informe ha sido entregado a la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes con preocupación han recibido la información que será analizada con detenimiento.
Lo cierto es que derivado de la intolerancia de un gobernante, Roberto Borge, quien usa dinero público para atacar periodistas y, en sentido contrario a su mandato constitucional, promueve un contexto adverso para la libertad de expresión, hoy el estado de Quintana Roo es no apto para ejercer la libertad de prensa.
– Darío Ramírez, director de ARTICLE 19 oficina para México y Centroamérica
El informe completo puede consultarse aquí: El ejército borgista contra la libertad de prensa
Fuente: Artículo 19
